• Caracas (Venezuela)

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Jaime Mario Trobo

La región debe comprometerse con la soberanía del pueblo venezolano

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Para financiar la solución a las crisis económicas, los Estados tienen organismos internacionales a los cuales solicitar ayuda, muchas veces de mala gana terminan recurriendo a estos mecanismos para sobrevivir. Para resolver las crisis políticas e institucionales las cosas son diferentes y en esta área los organismos internacionales, ni aun acompañando soluciones son requeridos, sobre todo cuando las crisis resultan de acciones de gobierno reñidas con las conductas democráticas.

En nuestra actualidad cuando los países sufren crisis económicas, requieren el apoyo y colaboración de organismos internacionales de crédito, el nunca bien ponderado FMI y sus satélites. Lo cierto es que, en muchos casos no de muy buena gana, los gobiernos que han hecho mal las cosas en la mayoría de los casos, o los que son víctimas de situaciones de crisis como desastres o catástrofes que no dominan, deben recorrer los pasillos de estos institutos para solventar el financiamiento que con sus recursos propios es imposible. En ocasiones para recurrir al financiamiento en el mercado de bonos soberanos, también deben recurrir a la asistencia y la opinión de aquellos organismos. Sus recomendaciones y dictámenes ayudan a orientar a las administraciones y a los inversores.  Por muchas vías es posible que aparezcan principios de soluciones que definitivamente llegan a manos de los Estados, sus administraciones y los pueblos.

Pero en el caso de las crisis institucionales, temas de una interpretación más compleja que las de la economía porque no se trata de números, de déficits públicos, de opciones para el crecimiento del empleo, la inversión y el sustento de políticas sociales, si bien la comunidad internacional y en particular la regional, la nuestra, la latinoamericana, la sudamericana, o la que la geopolítica ha diseñado tienen instrumentos, las posibilidades de su acompañamiento son más remotas. Porque juegan otros factores, los enemigos ya no son las cuentas sino los actores, seres humanos, la ideología y la compleja trama del poder político y social.

Venezuela, nuestra hermana Venezuela sufre una profunda y grave crisis económica, y una más grave y profunda crisis política. En la primera, si sus liderazgos adquieren lucidez y entienden imprescindible abrir la cabeza y acompañarse por la comunidad internacional y los organismos financieros puede iniciar el camino para sobreponerse. Tengamos en cuenta que es un país inmensamente rico en recursos naturales y especialmente humanos, y seguramente si abandona el camino de los radicalismos, la ideología cargada de nomenclatura y la sinrazón de decisiones que recorren la ruta del desastre puede encaminarse nuevamente a la prosperidad. No me imagino que haya quienes deseen una Venezuela sin futuro, ni en la región ni en el mundo.

Pero en la segunda, la institucional, Venezuela enfrenta un serio problema, y no solo ese país, su crisis puede afectar la región circundante, la que debe asumir responsabilidad en lo que está pasando y en lo que puede pasar, que Dios no lo permita. La carta Democrática de la OEA, las cláusulas democráticas de Unasur y Mercosur, son instrumentos de homologación democráticos análogos a las condiciones que en la economía deben ofrecerse para generar garantías y crear confianza en el entorno. Si no se cumplen ciertos extremos se ingresa en el terreno de la duda de la legitimidad democrática. Sin embargo, ocurre que, en este caso, ni aun contrariado el gobierno de Venezuela está dispuesto a hacerse ayudar, aun cuando su pueblo mayoritariamente lo reclama. Y lo más grave es que los gobiernos de los países miembros de estos organismos mayoritariamente se hacen los tontos, miran para el costado, y desprecian la gravedad de la situación y las graves consecuencias que para ellos mismos puede tener que el espiral se siga apretando.

Durante años, la solidaridad ideológica, el interés por los negocios, la aspiración de recibir dádivas de la renta petrolera, el temor a “meterse en líos” con un gobierno dispuesto a cualquier actitud de desplante no importa el lugar ni la situación, homologaron un panorama que fue alejando a Venezuela de los estándares democráticos. Y es notorio que de la mera lectura de las cláusulas y compromisos democráticos de la región, surgía que el camino emprendido por aquel país era el autoritarismo y la ruptura de las reglas del Estado de Derecho y la república. Y a pocos le importó, y quienes lo señalaban como constatación o como denuncia eran tratados como parias.

Ahora y como resultado de la realidad política emergida en las elecciones del 6-D, en Venezuela deben ocurrir cambios importantes. Y la comunidad internacional y regional no puede estar irresponsablemente ajena. Debe acercarse con prudencia, pero con claridad y firmeza y condicionar a aquel país y especialmente a su gobierno al cumplimiento escrupuloso de las cláusulas democráticas de los acuerdos de que es parte.

En los ámbitos de OEA, cuyo secretario general ha mantenido sin vacilaciones una actitud de demanda de garantías democráticas a la luz de la Carta, sin vacilar sobre la legitimidad de su actuación, de Unasur espacio en el que lamentablemente las actitudes de su secretario general no han sido consistentes con su proclama democrática y en Mercosur donde debe actuarse con compromiso con el pueblo de Venezuela y no con su gobierno antidemocrático, debe conformarse una actitud responsable que con la prudencia necesaria formule la presión que corresponde a la reconstrucción de un bien tan preciado, quizás el más, el del pleno ejercicio de la soberanía por el pueblo de Venezuela.

ridad ideológica, el interés por los negocios, la aspiración de recibir dádivas de la renta petrolera, el temor a “meterse en líos” con un gobierno dispuesto a cualquier actitud de desplante no importa el lugar ni la situación, homologaron un panorama que fue alejando a Venezuela de los estándares democráticos. Y es notorio que de la mera lectura de las cláusulas y compromisos democráticos de la región, surgía que el camino emprendido por aquel país era el autoritarismo y la ruptura de las reglas del Estado de Derecho y la república. Y a pocos le importó, y quienes lo señalaban como constatación o como denuncia eran tratados como parias.

Ahora y como resultado de la realidad política emergida en las elecciones del 6-D, en Venezuela deben ocurrir cambios importantes. Y la comunidad internacional y regional no puede estar irresponsablemente ajena. Debe acercarse con prudencia, pero con claridad y firmeza y condicionar a aquel país y especialmente a su gobierno al cumplimiento escrupuloso de las cláusulas democráticas de los acuerdos de que es parte.

En los ámbitos de OEA, cuyo secretario general ha mantenido sin vacilaciones una actitud de demanda de garantías democráticas a la luz de la Carta, sin vacilar sobre la legitimidad de su actuación, de Unasur espacio en el que lamentablemente las actitudes de su secretario general no han sido consistentes con su proclama democrática y en Mercosur donde debe actuarse con compromiso con el pueblo de Venezuela y no con su gobierno antidemocrático, debe conformarse una actitud responsable que con la prudencia necesaria formule la presión que corresponde a la reconstrucción de un bien tan preciado, quizás el más, el del pleno ejercicio de la soberanía por el pueblo de Venezuela.