• Caracas (Venezuela)

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Richard Blanco

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Decir que solucionar el problema de la inseguridad en nuestro país es fácil, sería muy irresponsable de mi parte, producto del agravamiento que ha ocurrido en estos últimos 16 años. La inseguridad en cualquier parte del mundo está presente por múltiples factores, porque la misma es un problema de gran complejidad, es un problema holístico, pero hay ejemplos en el mundo que nos indican que con políticas públicas exitosas y con voluntad política y ciudadana se pueden obtener resultados positivos a corto, mediano y largo plazo (caso Medellín Colombia).

Por eso he quedado asombrado con las recientes declaraciones del ministro del poder popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en las que expresa que “la solución para combatir el hampa no es tener más policías en la calle”. Quiero decirle a ese señor que eso depende desde la óptica que se analice, un poco más adelante le daré la respuesta a ver si le puede interesar.

Para comenzar, creo firmemente que la incapacidad de quienes nos han gobernado en los últimos años ha sido total y con un desacierto tan grande que el pueblo venezolano se encuentra permanentemente de luto por la muerte de algún familiar cercano, amigo o vecino. Desde el palacio de Misia Jacinta se han implementado 20 fracasados planes de seguridad para abordar el tema. A continuación menciono todos y cada uno de ellos:  Plan Nacional de Desarme Carcelario (1999), Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (1999), Plan Bratton (Alcaldía Metropolitana de Caracas) (2000), Plan Estratégico de Prevención de la Violencia (2001), Plan Confianza (2001), Plan Nacional de Control de Armas (2002), Plan Piloto de Seguridad (2003), Plan Integral de Seguridad Misión Caracas (2003), Plan Estratégico Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2006), Plan Caracas Segura (2008), Plan Ruta Segura (Distrito Capital) (2008),  Plan Noche Segura (2009), Plan Autopista Segura (Distrito Capital) (2009), Dispositivo Bicentenario de Seguridad (activo) (2009), Operación Cangrejo (2009), Madrugonazo al Hampa (2009), Guardia del Pueblo (activo) (2009), Misión A Toda Vida Venezuela (2012), Operativo Madriguera (Distrito Capital) (2013), Plan Patria Segura (2013).

Si estos planes hubiesen dado resultados positivos, no tuviésemos las estadísticas rojas tan exorbitantes que extraoficialmente recibimos de las diferentes morgues de Venezuela. Solo por citar algunas, me referiré a las que se producen en el área metropolitana de Caracas, señalando solamente que en el año 2013 hubo 5.780 muertes violentas y en el año 2014, hasta el día de hoy, 3.289 muertes, originándose la mayoría de ella en el municipio bolivariano Libertador donde, por desgracia (una de las causas que permite que el hampa domine a los ciudadanos es la ausencia en sus funciones del actual acalde Jorge Rodríguez, quien nunca se ha preocupado por abordar el tema). Ahora bien, revisando números rojos, Caracas ocupó para el año 2013 el segundo lugar en el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, según informe elaborado por la ONG mexicana Seguridad Justicia y Paz, y otras 4 ciudades venezolanas también se encuentran en el listado.

Hasta aquí voy a dejar la evaluación y a quien pueda interesar (especialmente a los que aplican los fracasados planes anteriormente mencionados) les daré algunas posibles soluciones, recordándoles de antemano que por la profundidad de la crisis que vivimos solo son estas algunas acciones de carácter urgente que están obligados a tomar:

Primero: debe existir confianza en nuestros funcionarios policiales; a tal efecto su preparación profesional debe ser inequívoca con instructores calificados, de los cuales me atrevo a decir que en nuestra patria existen de sobra.

Segundo: debe descentralizarse el servicio de policía. De 335 municipios que conforman la geografía nacional, solamente 93 alcaldías poseen dirección de policías, muchas de ellas trabajando a media máquina.

Tercero: se deben dotar de los mejores equipos de última generación a nuestras policías que se arriesgan en la calle y se enfrentan a los delincuentes que en muchos casos están logísticamente mejor equipados que los mismos funcionarios. Se requiere dotarlos de buenos vehículos, motos, chalecos, armamentos, equipos de comunicación, cámaras de videos para vehículos y cámaras de videos para espacios abiertos que garantice la filmación en secuencia de las acciones delictuales que cometan los antisociales, etc.

Cuarto: se debe establecer mancomunidad de esfuerzos para la persecución en caliente de las personas que comentan delitos.

Quinto: garantizar un binomio policía-comunidad, que con labores de estricta inteligencia puedan abordar los temas de microtráfico, venta de drogas, ubicación de guaridas o conchas de delincuentes, prostitución infantil, etc.

Una segunda fase, a quien pueda interesar y de manera especial para el ministro del poder popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y a la ministra del poder popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, es la reestructuración del sistema penitenciario venezolano, actuando de la siguiente manera:

Primero: construir nuevas cárceles que permitan disminuir el hacinamiento de la población penal que hoy supera más de 57.000, habiendo capacidad en las 33 cárceles que existen solamente en Venezuela para 13.500 reos, lo que propicia que se produzcan a diario enfrentamientos por la conquista del territorio, la alimentación, los calabozos, entre otros.

Segundo: que se realicen políticas educativas para que los presos se preparen en alguna carrera u oficio para que cuando culminen sus penas puedan reinsertarse en la sociedad, y que el Estado pueda proveerlo de un empleo digno. Ejemplos hay de sobras para el trabajo penitenciario. Los invito a conocer “el milagro de la República Dominicana”, el cual ha sido altamente exitoso en dicho país.

A quien pueda interesar, es menester informarles que el sistema judicial venezolano no puede ni debe ser un apéndice del Ejecutivo nacional, no puede convertirse el sistema judicial en integrantes y defensores de ideologías partidistas, tiene que ser un organismo autónomo del Estado para aplicar la justicia verdadera establecida en la Constitución y en las leyes de la república vigente. A tal efecto, es obligatorio aplicar las sanciones a quienes hayan cometido delito con la rigurosidad que sea necesaria y con el respeto debido a los derechos humanos.

A quien pueda interesar, de manera muy especial a quienes dirigen el palacio de Misia Jacinta, hay que implementar dispositivos de inteligencia que permitan abordar otros temas. Por hoy dejo hasta aquí algunas ideas y les ratifico que nunca han adelantado estos procedimientos que han traído como consecuencia el fracaso de sus políticas en materia de inseguridad. Si ustedes creen que, como venezolano interesado en salir lo más pronto posible del luto permanente en el cual nos tienen sometidos, puedo servir para ayudar a combatir este flagelo, pues, una vez más les reitero mi disposición inmediata  a ayudar desinteresadamente, y de esa forma darle mayor tranquilidad y paz a nuestros conciudadanos. Déjense ayudar, solos no pueden, ¡lo han demostrado!