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María Amparo Grau

¡Tenemos pruebas!

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El presidente de la república y otras autoridades ejecutivas, del ámbito nacional y municipal, han denunciado una conspiración, al anunciar que “tienen pruebas” de ello. “Tenemos pruebas” se ha convertido en una expresión usual de autoridades del gobierno para, por vía de los medios de comunicación, imputar a personas, empresarios, políticos y, en general, a todo al que consideren contrario a los intereses del partido de gobierno.

Se desconoce que la prueba es una categoría jurídica que se define como “la actividad procesal que tiende a alcanzar la certeza en el juzgador respecto de los datos aportados por las partes…”. La prueba es un elemento instrumental del procedimiento, trátese de un proceso judicial o de un procedimiento administrativo. Como parte instrumental del procedimiento, la prueba está sometida a una serie de reglas y garantías, porque en definitiva atañe a un derecho fundamental, como es el debido proceso y la defensa, en este caso, de los ciudadanos frente al poder sancionador del Estado.

De manera que la prueba no es en el ámbito de lo público una palabra del lenguaje común, es un término legal que no puede ser empleado por funcionarios de la administración pública para amenazar a los administrados de posibles sanciones, menos aun de carácter judicial. No es una persona hablando en el ámbito de su vida personal o familiar quien se expresa públicamente cuando esta es a la vez una autoridad estatal.

En este sentido, la autoridad administrativa no es legítimamente el órgano del Estado al que compete establecer si se tienen o no pruebas de un hecho que constituye delito. Esta es materia exclusiva del Poder Judicial.

La verdad es que no tienen pruebas estos funcionarios cuando denuncian un hecho penal, lo que se tienen son “datos”, “noticias”, “elementos” que, aportados en el marco de un proceso y de acuerdo con los medios y reglas del derecho probatorio, pueden convertirse en pruebas si, aportadas de esta manera, producen el convencimiento del juzgador de los hechos que se pretenden probar.

A la administración pública corresponde la función de “administrar”, es decir, de satisfacer el interés general, mediante actos concretos. A la administración corresponde, por ende, procurar los servicios públicos y garantizar su buen funcionamiento y prestación, tales como transporte, comunicaciones, salud, educación. Le corresponde realizar actividad de fomento, con políticas y actos encaminados a promover determinadas acciones de los particulares que en definitiva resultaran en provecho del interés general. También le corresponde la actividad de gestión económica, debiendo en este caso dedicarse a que las empresas del Estado funcionen con eficiencia, transparencia y sobre todo con éxito económico y, finalmente, la actividad de coacción, que no incluye por más que su nombre pueda dar la idea errada, la práctica de amenazar a los administrados ni de fabricar pruebas ni de realizar una actividad probatoria fuera de un procedimiento, sino la del mantenimiento del orden público y los actos que imponen cargas y obligaciones a los particulares, como la actividad tributaria, a título de ejemplo.

De manera que no es de la competencia del presidente ni de cualquier otro funcionario de la administración andar buscando pruebas de supuestos delitos, porque dedicados a esto no hay duda de que, primero, no están cumpliendo con la función que les compete, y segundo, se estaría actuando ilegalmente en la materia de probar, que insistimos no es un concepto de lenguaje común, sino una institución jurídica regida por normas, reglas y principios.

Pero no solo no les compete la búsqueda de tales pruebas, menos aun calificarlas, pues la apreciación de la prueba que pretende efectos en el ámbito judicial es exclusiva del juez. Cuando el gobierno indica que tiene pruebas de hechos que califican como delitos está invadiendo las competencias del Poder Judicial.

Además de la afrenta al Estado de Derecho que este modo de actuar produce, es desde el punto de vista ético-moral una forma inaceptable de dañar al ser humano, pues se expone a los aludidos al escarnio público, sin fórmula de juicio, sin derecho a la defensa y, finalmente, violando su honor, reputación y dignidad humana. La poca formación no solo jurídica sino también ciudadana de nuestros gobernantes se demuestra con los “tenemos pruebas” que en ningún país regido por el Estado de Derecho se atrevería a formular un miembro de la administración pública, y si lo hiciese, los mecanismos de protección del Estado de Derecho pondrían coto a este proceder abusivo.