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Francisco Cajiao

De proporciones e inhabilidades

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La decisión del Procurador, que destituye al Alcalde de Bogotá y lo inhabilita por quince años para ejercer cargos públicos, ha generado un debate que ya salió del ámbito parroquial para instalarse en tribunales internacionales. El ministro de Justicia, el fiscal, el propio procurador y hasta el presidente de la República, amén de juristas y opinadores, están de acuerdo en que las atribuciones entregadas por la Constitución a la Procuraduría deben ser revisadas.

Una cosa, dicen, es la sanción disciplinaria por actuaciones administrativas y otra, la muerte política cuando no hay de por medio fallo judicial por la comisión de un delito. Quince años son un despropósito. De otro lado, aparecen paramilitares con crímenes terribles a cuestas, que, por su confesión y arrepentimiento, solo deben pagar seis años de cárcel y pueden volver a ejercer su profesión tranquilamente. Eso para no hablar de pillos de diversos calibres que pasan inadvertidos a los ojos de la justicia, o terminan con castigos irrisorios.

La justicia es un bien escaso. No solo porque no actúa con oportunidad y pocas veces llega a todos los que debe llegar, sino porque cuando se equivoca no tiene capacidad de subsanar el daño causado a la honra de las personas afectadas. Pero el problema no es exclusivo del aparato judicial. Es también una tendencia de la cultura, de instituciones privadas, de quienes manejan la opinión pública...

En esta coyuntura, quiero traer a cuento una de esas injusticias sin reparación, cometida hace casi diez años, por fuera del sistema judicial. Se trata del caso de Hernando Gómez Buendía, quien por décadas fue un columnista reconocido en los más importantes medios escritos del país. No es gratuito que haya ganado el Premio Simón Bolívar de periodismo en 2004.

A finales del año pasado, Mario Jursich, en El Malpensante, revivió el caso que sacó a Gómez de todos los medios de comunicación desde hace una década en medio de circunstancias muy irregulares. El artículo se inicia así: “En el año 2004, Hernando Gómez Buendía fue acusado de plagio. Pese a que dos jurados distintos lo absolvieron de esa acusación, y pese a que había recibido numerosas distinciones, nunca pudo volver a escribir en la gran prensa de Colombia. ¿No es hora de que reparemos una colosal injusticia?”.

El repaso de lo que ocurrió, como lo recopila Jursich, hace imposible guardar silencio sin convertirse en cómplice de un atentado contra la libertad de expresión. Decía John Holt, educador norteamericano, que no puede haber libertad de expresión cuando no hay acceso a medios de expresión. Yo puedo entender que un periodista entre en conflicto con el medio donde escribe por motivos de carácter profesional, político o ideológico. Lo que me cuesta entender es que quede censurado en todos los demás medios en los cuales podría expresarse de no mediar una sanción impuesta por un tribunal ético o judicial legítimo.

Es de conocimiento público que Hernando Gómez resultaba incómodo para el expresidente Uribe, que personalmente pidió al señor Bruno Moro que le cancelara su contrato como consultor del PNUD. A lo mejor esta tensión no le convenía en ese momento al medio donde escribía cuando comenzó el sainete. Seguro alguien también orquestó la algarabía que se armó desde una cadena radial, convirtiendo un tema menor y ajeno al ejercicio periodístico en una inhabilidad profesional recogida por todos los medios como si allí hubiera canales unánimes e invisibles de sanción social.

En medio de grandes polarizaciones políticas y en el laberinto de dilemas éticos y jurídicos actuales, contar con analistas de la preparación y seriedad de Hernando Gómez es una necesidad indudable. Tal vez sea hora de resarcir a un gran periodista de un daño tan grave a partir de un mecanismo tan irregular.