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Luis Alfonzo Herrera

1811 y la propiedad privada

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El pasado 5 de julio conmemoramos 205 años de la Declaración de Independencia de la República de Venezuela de la Corona española, y no deja de ser perturbador que hoy día continúen pronunciándose discursos estridentes que hacen ver a los venezolanos como objetivos todavía pendientes de alcanzar la independencia y la soberanía nacional, y no la construcción de una República liberal, civil, laica y democrática, en los términos descritos por pensadores políticos como Juan Germán Roscio y Luis Castro Leiva, entre tantos otros.

Es decir, se insiste, desde una perspectiva militarista, basada en el culto bolivariano y en la más grotesca manipulación de la historia de la nación, en la presunta existencia de un conflicto contra supuestos enemigos externos (el eterno mito del imperialismo) de la república, y con esa excusa, como si estuviésemos en 1814, se posterga y hasta desecha por completo la labor de crear instituciones sólidas que hagan posible el Estado de Derecho, una economía abierta y una democracia liberal en beneficio de los habitantes del país. Lo único que cuenta, como si fuésemos una tribu bajo amenaza de conquista, es luchar por la independencia, y es ésta la única “libertad” (no a la individual, que es la única real) a la que se puede legítimamente aspirar.

Pero también perturba y preocupa todavía más el que desde el inicio de este siglo XXI, valores y fines centrales para consolidar la república según la visión política de ilustres venezolanos como Francisco de Miranda, Francisco Javier Yanes y el mismo Roscio, entre otros (no necesariamente está entre ellos Bolívar, por lo que explica el historiador Niall Ferguson en Civilización. Occidente y el resto, 2012, pp. 177 y ss.), tales como la libertad individual frente al Estado, la limitación del poder mediante el Derecho, la libertad de pensamiento y expresión, la división de poderes, la independencia judicial y la garantía de la propiedad privada, estén lejos de contar con el reconocimiento y respaldo de la gran mayoría de los venezolanos. No puede esto sino considerarse como un gran fracaso nacional ante el desafío de modernizar nuestra sociedad y acercarnos a la cultura de la libertad.

Una muestra de ese fracaso se aprecia en la precariedad que siempre ha tenido en Venezuela la garantía jurídica de la propiedad privada. Está fuera de toda duda que la propiedad privada fue un valor y una institución de la máxima importancia para los fundadores de la república. Se la mencionó en el acta de independencia de 1811 (aunque de forma impropia, pues se habló de “propiedad” del país), y se la garantizó en el artículo 165 de la Constitución de ese año, en el que ya la expropiación se instituyó como garantía de este derecho inviolable. A ella, Yanes le dedicó importantes líneas en su obra Manual Político del Venezolano (Caracas: 2009, p. 189 y ss.), donde afirmó que “De los derechos del hombre social parece deber ser el primero en el orden y en importancia, por ser el más necesario, y por esto mismo es el más expuesto a las agresiones del poder…”.

No obstante, en forma mayoritaria, los venezolanos han tolerado y apoyado formas aberradas de ejercicio del poder como son el personalismo político, el militarismo, el estatismo y el socialismo autoritario, para los que la propiedad privada no es inviolable ni es un límite para la acción del Estado, sino un medio para lograr fines políticos del gobierno. ¿Simple ignorancia de las mayorías o responsabilidad de los dirigentes y promotores de ideas políticas predominantes en el país? En La independencia a palos, Elías Pino Iturrieta da luces sobre qué respuesta dar a esta pregunta, al destacar que a muchos protagonistas de la independencia, como Bolívar, no les interesaba pensar sobre el problema de la propiedad privada más allá de la situación de los blancos criollos: “La propiedad privada que está en juego pertenece a los criollos (…) Sobre la propiedad de los pardos no aparece una sola mención en los papeles de la época, porque la Independencia no fue hecha por ellos, ni para ellos…” (p. 121).

Con dolor hemos de constatar que 205 años después de 1811 siguen siendo muy pocos los políticos, académicos, intelectuales y gobernantes que se preocupan por la propiedad privada de los más vulnerables, y de cómo lograr que ellos sean propietarios sobre la base de su propio esfuerzo para que también sean ciudadanos no subordinados a partido o ideología alguna. Sin propiedad privada no hay libertad, ni república, ni democracia. Por ello, sólo convirtiendo a Venezuela en un país de propietarios podremos lograr la verdadera independencia nacional, que no es más que garantizar la libertad de cada individuo nacido en esta tierra a la que alguna vez se la llamó “de gracia”.