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Fermín Lares

La primera sancionada

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Maduro cuenta los pollos antes de nacer. Es mucha la alharaca desde Miraflores después que el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley que sancionaría a funcionarios venezolanos por violar derechos humanos. Las sanciones no se han producido todavía, ni tienen que ser inmediatas, una vez que Obama firme el ejecútese de la nueva ley.

No se sabe siquiera quiénes son los sancionados. La ley no menciona a nadie en particular. Describe, sí, a quién quiere sancionar y cómo.

Está dirigida a aquellos que perpetraron o son responsables de la violencia o serias violaciones a los derechos humanos de personas relacionadas con las protestas que empezaron en Venezuela el 4 de febrero de 2014; a aquellos que dirigieron u ordenaron el arresto o acusación judicial de personas, primordialmente porque éstas ejercían su legítimo derecho a la libertad de expresión o de reunión, y a aquellos que conscientemente ayudaron o dieron un apoyo significativo financiero, material o tecnológico a la comisión de tales abusos y violaciones.

El presidente de Estados Unidos debe congelar los activos que estas personas tengan en el país y además negarles la posibilidad de obtener visas para ingresar a territorio americano.

El presidente anunció que estaba dispuesto a firmar la ley, pero no ha dicho contra quién la pondrá en ejecución, si lo hace.

Candidatos no faltan. Marco Rubio, republicano de Florida que propuso la ley en el Senado, tenía por lo menos 27 individuos en su lista. Allí figuran, entre otros, el saliente ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres; la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; los gobernadores Vielma Mora (Táchira), Rangel Gómez (Bolívar), Alexis Ramírez (Mérida) y Rangel Silva (Trujillo); Antonio Benavides Torres, director de Operaciones de la Guardia Nacional; Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana; Gustavo González López y Manuel Gregorio Bernal Martínez, del Sebin; los directores de Armamentos y Explosivos, Eduardo Richany Jiménez y Julio César Morales Prieto, y los entonces jefes de los regionales 1, 2, 3, 4 y 5 de la GN.

Por ahí deben ir los tiros, pero aún desconocemos quiénes serán los afectados.

Lo que sí sabemos es que en los propios Estados Unidos hubo una baja neta entre quienes se opusieron a la ley aprobada el miércoles pasado.

El proyecto para sancionar a los funcionarios bolivarianos se introdujo prontamente después que ocurrieron las protestas contra el régimen a comienzos de año. En agosto, antes que el Congreso norteamericano se fuera al receso de verano, la aprobación de la ley en el Senado estaba paralizada, porque la senadora de Luisiana Mary Landrieu no la respaldaba. Alegaba que sancionar a funcionarios del régimen de Maduro podía entrabar la importación de petróleo venezolano para la refinería que Citgo tiene en Lake Charles y que ello podía provocar una reducción de empleos en su estado. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado quería aprobar el proyecto por unanimidad.

Citgo, como cualquier empresa de Estados Unidos, tiene la posibilidad legal de contratar lobistas que le ayuden a conseguir legislaciones que le favorezcan. La empresa, propiedad de Pdvsa, contrató en mayo los servicios de dos firmas de Washington, DC, Patton Boggsy Cornerstone Government Affairs, a quienes pagó 450.000 dólares durante el segundo trimestre de 2014.

Patton Boggs tiene una vieja relación con Landrieu, especialmente a través del ex senador de Luisiana John Breaux quien sirvió con ella en la cámara y es uno de sus ejecutivos. La firma y sus empleados donaron miles de dólares a la senadora a lo largo de su carrera parlamentaria, según el Centro para Políticas Responsables, una organización que se ocupa de hacer seguimiento a estos asuntos.

El gobierno venezolano no tiene lobistas que lo representen en Estados Unidos. Lo hace por medio de Citgo. Esta actividad es muy controlada cuando se trata de gobiernos. Pero cuando lo hacen las empresas, como Citgo, los controles son más laxos.

El hecho es que el Congreso fue a receso sin aprobarse el proyecto de sanciones. Y en noviembre, Landrieu tuvo que competir para su reelección en el senado. La elección resultó cerrada para la senadora, afectada por la debacle electoral general de los demócratas. Tuvo que ir a una segunda vuelta a principios de diciembre, y perdió.

El miércoles pasado, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley enviado desde el Senado, y el viernes la ley fue presentada al presidente.

La norma contiene otras consideraciones, a ejecutarse en los primeros 30 días de su vigencia, que se refieren a apoyos a la sociedad civil y a los medios de comunicación venezolanos, en el ejercicio de sus derechos por la libertad de expresión.

Pero lo de los sancionados puede tomar más tiempo. Hasta ahora uno solo tiene nombre y apellido, el de la senadora Mary Landrieu. Los aliados de los manifestantes venezolanos fueron, sin saberlo, los electores del estado de Luisiana.