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Armando Durán

De poder a poder, la guerra o la paz

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“Aplicar el jacobinismo después de Termidor”, escribió Heinz Dieterich el pasado 30 de diciembre en el portal digital Aporrea al analizar el llamado de Nicolás Maduro tras la debacle electoral del 6-D a pisar el acelerador de la revolución a fondo, “es decir, a ejecutar la revolución cuando la contrarrevolución ya ha triunfado, es una ridiculez histórica”.

Es de lamentar que Maduro no le hiciera el menor caso a Dieterich. Peor aún que Diosdado Cabello pasara por alto el significado de lo ocurrido y violentara los términos y los lapsos legales previstos para armar, en los días finales de la legislatura que ya agonizaba, un Tribunal Supremo de Justicia a la medida exacta de los intereses políticos y patrimoniales del régimen. El segundo paso de esta tortuosa artimaña se produjo el mismo día en que se instaló la nueva Asamblea Nacional, cuando el PSUV solicitó la impugnación de los cuatro diputados por el estado Amazonas y el TSJ declaró a la directiva de la AN en desacato y calificó de nulas las acciones que el Poder Legislativo emprendiera a partir de ese instante crucial.

La insubordinación del Poder Ejecutivo, con el respaldo sumiso de un TSJ encargado exclusivamente de brindarle al régimen el blindaje oportuno para seguir profundizando su deriva totalitaria con absoluta impunidad, colocó a Venezuela a un paso de su peor crisis institucional desde los tiempos de Monagas. Por fortuna, el conflicto, al menos por ahora, duró muy poco. Por una parte, la oposición aceptó el jueves desincorporar a los 3 diputados opositores de la discordia; por la otra, el TSJ, en vista de que el artículo 237 de la Constitución obliga al presidente de la República a rendir cuenta de su gestión “personalmente, a la Asamblea”, de inmediato le devolvió a la AN su legitimidad.

El acuerdo, por supuesto, ya ha generado los primeros reproches en las filas de la oposición y también en las del oficialismo. En un primer momento, la oposición se había comprometido públicamente a no ceder a la exigencia del TSJ, y Maduro parecía resuelto a neutralizar, de una vez por todas, el contratiempo de una AN no subordinada a Miraflores. Ilusiones ambas políticamente imposibles. Ni la AN dispone de fuerza suficiente para legislar y controlar al Estado al margen del Ejecutivo nacional, ni Maduro, por poderosa que sea la complicidad del TSJ y del Alto Mando Militar, puede desconocer en pleno siglo XXI la existencia de la AN y gobernar de espaldas a ella y a la Constitución, como hizo Alberto Fujimori tras su golpe de mano contra el Congreso peruano el 5 de abril de 1992.

Lo cierto es que el acuerdo alcanzado era la única solución práctica posible para destrancar el peligroso juego de un duelo a muerte de poder a poder. El problema es que en esta suerte de armisticios, sus aspectos más decisivos se mantienen en secreto, de modo que mientras una de las partes lo aclare, en el aire queda una incógnita inquietante.

¿Hasta aquí ha llegado la presión de la alianza política del PSUV y el TSJ para someter a la AN, o superada el viernes la prueba de la rendición de cuentas del presidente y el próximo martes la del vicepresidente y de los ministros del gobierno, el chavismo retomará el sendero de la guerra contra la Asamblea? O sea, ¿a partir de este martes proseguirá la AN sus trabajos dentro del marco más o menos normal del debate político y parlamentario, o desde hoy la rebelión chavista, con nuevas y anunciadas impugnaciones, dará lugar a nuevos desacatos, paralizaciones y cesiones, o el acuerdo que puedan haber alcanzado Henry Ramos Allup yAristóbulo Istúriz, más que un pasajero alto el fuego, también incluye un modus vivendi que le permita a los diputados de la oposición y del oficialismo avanzar por el difícil camino del diálogo y las rectificaciones más urgentes y necesarias?

De la respuesta a estas preguntas depende que miremos el horizonte con esperanza, o que nos hundamos definitivamente en el infierno de una guerra en la que irremediablemente todos saldremos perdiendo.