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Alejandro Tagliavini

La paz no debe ser solo con las FARC

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El diálogo con las Farc ha dividido a los colombianos en la primera vuelta de las elecciones. Óscar Iván Zuluaga, apoyado por el todavía popular expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), obtuvo el 29,2 por ciento de los votos, frente al 25,6 por ciento del actual presidente, Juan Manuel Santos, que ha hecho de la negociación su bandera política. De paso, no es un dato menor el que se haya registrado una abstención récord de casi el 60 por ciento, acorde con la creciente apatía en todo el globo frente a la política.

Santos planteó que “podrán escoger entre quienes queremos el fin de la guerra y los que prefieren una guerra sin fin”, y tiene un enorme apoyo internacional para terminar con una contienda que ha causado 220.000 muertos y casi seis millones de desplazados. De tener éxito, el plan supondría un enorme avance político después de cincuenta años de guerra. La paz, según el Gobierno, sumaría al actual avance de la economía, que crece a un ritmo del 4,5 por ciento –y que ya supera a la Argentina como tercera de América Latina– entre 1,5 y 2 por ciento.

Zuluaga basó su campaña en su retórica de mano dura y la promesa de que suspenderá el proceso si la guerrilla no cesa “toda acción criminal”, llamando a una “paz sin impunidad”, o sea, a una paz con “castigo”. Independientemente de la condena moral inexcusable que merece la guerrilla –como cualquiera que asesine–, no sé qué clase de paz es esa que hace tanto hincapié en el “castigo”, que, obviamente, no es pacífico sino que implica cárcel forzada, es decir, impuesta vía el monopolio estatal de la violencia.

Como investigador de temas económicos y sociales, hace años que estoy esperando una explicación científica seria de que la fuerza bruta puede ser eficiente en la “defensa propia”. Pero nadie me la ha dado nunca, sencillamente porque no existe. Por el contrario, la ciencia demuestra que la mejor defensa, la más eficiente, se basa en métodos contrarios a los violentos. Así, resulta increíble que estemos sumidos en una cultura violenta –con la enorme destrucción que conlleva– solo porque hay fanáticos que tienen fe en la violencia y desprecian a la razón y a la ciencia.

Pero la paz no debe ser solo con las Farc. Muchos inversores están más preocupados por problemas regulatorios –surgidos, precisamente, de la coacción implementada a partir de monopolio estatal de la violencia– y el rentable tráfico ilegal, también ilegalizado por la coacción estatal. “No dan oportunidades a las empresas pequeñas”, se quejan algunos porque, entre otras cosas, les cobran impuestos coactivos que, en rigor, pagan los pobres, ya que los ricos los trasladan hacia abajo vía aumentos de precios, bajas de salarios, etc.

Impuestos que sirven, entre otras cosas, para obras de infraestructura “adecuadas”, como promueve el reciente informe de la Corporación Andina de Fomento, presentado en Madrid, donde se resalta que el 54 por ciento de la cartera de sus préstamos está dedicado a este tipo de proyectos y que los países latinoamericanos deberían invertir más en ese campo, entre 5 y 6 por ciento del PIB, mientras que en la actualidad no se supera el 3 por ciento. “Sin infraestructuras no vamos a poder dar el salto” que permita que “América Latina sea un continente de clases medias” a costa de los pobres, aunque no lo diga. A lo que, por cierto, asintieron los empresarios de la construcción presentes en la reunión que se benefician directamente con estas “inversiones”.

https://twitter.com/alextagliavini (@alextagliavini)

Alejandro A. Tagliavini