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Jesús Ollarves Irazábal

No a los patriotas cooperantes, sí a la liberación de Rosmit Mantilla

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Un patriota cooperante es una persona que busca información para acusar a otros. Puede ser un vecino, ese que se relaciona contigo cotidianamente, te saluda con afecto y hasta te puede pedir una taza de azúcar.

Lo que tú no sabes es que si entra a tu vivienda, puede tomar fotografías y hasta llevarse algún objeto personal que considere “de interés criminalístico” que van a parar a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. El asunto no queda ahí, pues no se descarta que el trabajo del patriota cooperante conduzca a un allanamiento y, peor aún, a una acusación formal de la Fiscalía General de la República.

Lo grave es que el Ministerio Público suprime la identidad del patriota cooperante y el afectado nunca sabrá quién es, ni siquiera en el caso de que se trate de su vecino a alguien cercano.

A propósito de las protestas que comenzaron en febrero, la Fiscalía y varios tribunales penales han echado mano de los patriotas cooperantes como mecanismo para recabar pruebas de la presunta comisión de delitos tan graves como los establecidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Es alarmante que estos testimonios anónimos se conviertan, fraudulentamente a nuestro entender, en elementos de convicción y pruebas determinantes a efectos de sentencias condenatorias.

Para que una detención y un proceso penal sean legítimos, los elementos probatorios deben ser obtenidos, promovidos y evacuados con el rigor que imponen el Código Orgánico Procesal Penal y los convenios internacionales en materia de derechos humanos.

El primer párrafo del artículo 291 del Código Orgánico Procesal Penal señala: “El Ministerio Público puede exigir informaciones de cualquier particular, funcionario público o funcionaria pública, emplazándolos o emplazándolas conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios o funcionarias policiales, cualquier clase de diligencias. Los funcionarios o funcionarias policiales están obligados u obligadas a satisfacer el requerimiento del Ministerio Público.”

Sin embargo, el hecho de que el Ministerio Público utilice las informaciones proporcionadas por los patriotas cooperantes no significa que sus dichos sean legales y legítimos. Por el contrario, en la medida que relajan las disposiciones establecidas en materia de pruebas, son nulos y no deberían ser tomados en consideración, ni siquiera admitidos por el juez, salvo para establecer sanciones a quienes pretenden hacerlas valer en un juicio. Porque el mismo Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 285 que “las diligencias practicadas constarán, en lo posible, en una sola acta, con expresión del día en que se efectúan, y la identificación de las personas que proporcionan información”. Dicha acta no pude ser apócrifa; debe estar firmada por los y las participantes, testigos y por el funcionario del Ministerio Público que lleve a cabo el procedimiento.

El artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal establece: “Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código. No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos”.

La exigencia es clara. La prueba que haya sido obtenida de manera ilegal en un procedimiento contra un ciudadano, no podrá ser utilizada en su contra.

Valorar el testimonio de un patriota sin rostro que coopera para que un juez te condene, abre la posibilidad de que cualquier ciudadano acuse a otro sin pruebas y sin asumir la responsabilidad del acto. Esta artificiosa modalidad probatoria no fortalece el combate al delito, sino, por el contrario, propicia la impunidad en materia de derechos humanos y sirve para perseguir a las personas por motivaciones políticas o de otra naturaleza.

La figura del patriota cooperante no está establecida en la legislación venezolana. Su utilización por parte de los operadores judiciales es incompatible con los estándares más favorables emanados del sistema interamericano de derechos humanos, con lo cual hay que destacar que la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no implica el desconocimiento de los estándares más garantistas por parte de los jueces venezolanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo dictada el 29 de mayo de 2014 sobre el  caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile (referido a la aplicación de normas antiterroristas a los líderes de la lucha del pueblo indígena mapuche  por sus tierras) estableció que una sentencia no puede estar fundada en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, pues se podría llegar a condenar al imputado utilizando un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa.

Este es el estándar más favorable que debe ser utilizado por los jueces venezolanos. Se trata de una exigencia dirigida a los funcionarios públicos encargados de la persecución penal, que no pierde fuerza con la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que entró en vigencia a partir de septiembre de 2013.

Enjuiciar a personas con el dicho de patriotas cooperantes es equivalente a utilizar una justicia sin rostro y a la vulneración de la legalidad de la prueba; es una gravísima violación del derecho a la defensa y una bofetada a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se erigen como muro de contención en las sociedades democráticas en contra de las desviaciones del poder punitivo del Estado.

El dirigente de Voluntad Popular Rosmit Mantilla, defensor de los derechos de la comunidad LGBTI, lleva 100 días preso. Su abogada Theresly Malavé acaba de recordar que el testimonio de un patriota cooperante, cuya identidad se mantiene bajo reserva, lo incrimina: “Dijo que él –Rosmit- había recibido un dinero de unas personas para financiar las guarimbas, comprar miguelitos y explosivos y por ese motivo hicieron un allanamiento en su casa y consiguieron unos sobres, que fueron sembrados. Fue tan grotesca la siembra que el fiscal del Ministerio Público ni siquiera ha investigado”.

El joven está preso en la sede del Sebin. La jueza de la causa, Luisa Suárez, nunca lo habría escuchado, pero sí oyó a ese patriota cooperante no identificado en el expediente. Se le acusa por los delitos de determinador en incendio de entidades públicas y privadas, obstaculización de vías y asociación para delinquir.

Ningún venezolano está exento de sufrir la injusticia que le ha tocado a Rosmit.