• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Un país sin universidades

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Si el espacio y la paciencia del lector lo permitieran, el título de este editorial podría ser: ¿Es posible vivir en un país sin bibliotecas, sin laboratorios, sin estudiantes universitarios y sin universidades que dispongan de los recursos mínimos para cumplir con la función que la sociedad demanda de ellas? La respuesta a esta larga pregunta sería la de un rotundo No, no es posible, puesto que la investigación y la transmisión del conocimiento son bienes imprescindibles para la vida de las sociedades.


El lector puede pensar, y ello sería razonable, que la respuesta es obvia: en pleno siglo XXI, un país sin universidades pertenece a la dimensión de lo impensable. El trabajo que hoy se publica en estas páginas describe justamente el avance hacia una situación imposible: un país de universidades cada vez más limitadas, con sus capacidades disminuidas para presentar los resultados que se esperan de ellas. Dicho de otra manera: se habla aquí de universidades afectadas por una política presupuestaria cuyo propósito parece ser el de volverlas impotentes, arruinarlas de forma paulatina.


Se olvidan los burócratas del régimen, muchos de ellos formados en las mismas universidades hoy sometidas a un programa de empobrecimiento, que es en la universidad donde se transmite y se renueva el conocimiento que hace posible diagnosticar y pensar en las respuestas que demandan los problemas de nuestro tiempo. La complejidad que ha alcanzado la sociedad venezolana no resiste políticas fundamentadas en la improvisación, en el voluntarismo o en el revanchismo social.


La universidad, que es el establecimiento pedagógico de mayor nivel en Venezuela y en el mundo, cumple una función social insustituible: propagar las herramientas del conocimiento necesarias para hacer posible la articulación entre el individuo y la sociedad. Si el individualismo extremo y el colectivismo también extremo son los más peligrosos paradigmas de nuestro tiempo, las más siniestras amenazas que acechan a la sociedad, los causantes principales de la conflictividad y las guerras, la universidad es el centro social que puede racionalizar los intereses en disputa y transformarlos en soluciones y políticas públicas.


Y así llegamos a una cuestión que es medular: se ha pretendido que Venezuela y las universidades son entidades distintas y hasta contrapuestas. Más todavía: se ha intentado convencer a los venezolanos de que el precepto de la autonomía universitaria es contrario al bienestar de la sociedad, cuando es justo lo contrario: es la garantía, quizás la más significativa de todas, de que las universidades, dotadas de los recursos necesarios para su funcionamiento, son la fuente más apropiada y calificada de ideas, visiones y ciudadanos calificados, para atender la trama, cada vez más dolorosa y enrevesada, que ha adquirido la crisis social venezolana.