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Joaquín Morales Solá

Un país gobernado por el capricho

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Cuando casi todo se ha ido, al kirchnerismo le quedará siempre el apriete. Jueces presionados y fiscales suspendidos. La mancha del caso Lázaro Báez podría mojar las alfombras que pisa Cristina Kirchner. Un general de Inteligencia saltó sobre todos los cuestionamientos morales y políticos para encaramarse en la jefatura del Ejército. El espionaje atemoriza a muchos, pero no a todos. Un acuerdo “voluntario” de precios fue firmado por empresarios rodeados de militantes uniformados de La Cámpora. Pareció tan voluntario como un acto hecho con el revólver en la cabeza.

Los actos de autoridad, muchas veces confundidos con simples caprichos, deben reemplazar a las dos columnas del poder kirchnerista que ya no existen: la fuerza electoral y la abundancia de dinero. En apenas un mes, la presidenta ha sufrido la caída más profunda en las encuestas de toda su historia en el gobierno. Llegó antes a niveles más bajos, pero nunca el derrumbe fue tan rápido.

Distintas mediciones indican que cayó unos diez puntos entre su reincorporación a la actividad después de la enfermedad, en los primeros días de noviembre, y la primera semana de diciembre. Casi todos los sondeos se estaban haciendo en los días de saqueos y sublevaciones. Es posible que esos escándalos de sangre y violencia no hayan estado todavía en la conciencia colectiva. No estaban, desde ya, los posteriores estragos del calor y la falta de energía, que condenó a miles de argentinos a vivir sin luz.

Nadie puede explicar el colapso argentino de ahora. Al Estado argentino ingresaron en los diez años que gobernó un Kirchner más de 900.000 millones de dólares, según un estudio del economista Carlos Melconian. ¿Qué se hizo con semejante cantidad de dinero? Suena patético que el Estado amenace a las empresas eléctricas con estatizar el servicio cuando manejó tan mal sus propios recursos. Es el mismo Estado que congeló durante una década todas las tarifas de servicios públicos. El populismo hipoteca hasta el futuro de sus propios arquitectos. Jorge Capitanich había comenzado por reconocer la crisis energética y propuso un sistema de cortes programados de energía. No era una solución ideal, pero no había otra mejor.

Cristina Kirchner levantó el teléfono y ordenó a Julio De Vido que desmintiera a Capitanich. Ni siquiera le dio la oportunidad de que se rectificara él mismo. Lo desmintió un ministro, que tiene rango inferior al de jefe de Gabinete. Se necesita carecer de estómago para tolerar la crueldad política del kirchnerismo. El gobierno, instruyó la presidenta, debía recuperar la línea histórica: la culpa de los cortes es de las empresas eléctricas y no se deben tomar medidas parecidas a los cortes programados del gobierno de Raúl Alfonsín. Capitanich hizo luego una autocrítica pública, como en el viejo sistema soviético.

El gobierno destina anualmente 210.000 millones de pesos a subsidios. De ese monumental monto, 140.000 millones son subsidios económicos. Los subsidios sociales alcanzan nada más que los 70.000 millones y la Asignación Universal por Hijo, con la que el gobierno pavonea su sensibilidad social, requiere solo de 15.000 millones de pesos. Esa famosa conquista social significa menos de 7% del total de los subsidios que financia el Estado. En 2004 no había subsidios económicos. En 2011, poco antes de Cristina Kirchner anunciara un plan de sinceramiento tarifario (que nunca se hizo), los subsidios económicos eran de 85.000 millones de pesos. Dos años después, se gastan 65.000 millones más.

¿Hay, acaso, un país mejor después de semejante derroche? No. En un largo análisis de la economía en los 30 años de democracia, el exministro Jorge Remes Lenicov señala que la pobreza ronda ahora 25% de la población (aunque podría ser mayor); que 50% de los argentinos no tiene cloacas; que 2,5 millones de personas viven hacinadas en villas miserias, y que 6 millones necesitan de programas sociales para llegar a fin de mes. Entre tanto, el país kirchnerista liquidó el stock ganadero y el energético, y vio evaporarse las reservas de dólares. La inflación se comió, como señaló hace poco el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, hasta el valor de los planes sociales.

La vida no es un paraíso para los sectores sociales con mejores ingresos. Los teléfonos celulares funcionan mal; la energía, sea la electricidad o el gas, escasean cuando se la necesita y colapsó, entre la corrupción y la ineficiencia, el transporte público. El desplazamiento por la ciudad o por las autopistas cercanas a ella es una visita cotidiana al infierno para los argentinos que viven en la metrópolis argentina.

El gobierno dejó trascender, otra vez, que comenzaría un proceso de aumentos en las tarifas públicas. Fue antes de los saqueos y las rebeliones policiales. Después calló, tal vez para siempre. Cristina Kirchner no quiere hacer eso cuando ella también sabe que se desplomó en las encuestas. Para peor, le están golpeando las puertas todos los gremios, hasta los amigos, para pedirle aumentos salariales parecidos a los que recibieron las fuerzas de seguridad.

El programa para elaborar un amplio compromiso sobre precios y salarios, explicado por Capitanich cuando asumió, se redujo a un acuerdo “voluntario” de precios máximos. Capitanich viró de cierto pragmatismo ortodoxo a una mezcla intelectual (para llamarla de algún modo) entre Guillermo Moreno y La Cámpora. Los ejecutivos de los supermercados firmaron el acuerdo cercados por jóvenes de La Cámpora, que les advirtieron que harán un “control popular” de su cumplimiento. Las cosas se parecían ya más a la extravagante ferocidad de Corea del Norte que a los soviéticos. Es la única receta que hay para enfrentar la devastadora inflación de las últimas semanas. El dinero ya no es lo que era para nadie.

Cristina solo aceptó una devaluación gradual del dólar. Ese tema la saca de quicio. Cree que le están torciendo el brazo. Pero le dijeron que es la única manera que queda de licuar el déficit fiscal y de frenar la fuga de dólares. Aceptó de malas ganas. Mientras no haya un horizonte claro sobre el valor del dólar y una decidida política fiscal para reducir el gasto, y una política monetaria para limitar la emisión, cualquier precio del dólar en el mercado paralelo resultará barato.

La sociedad está tensa, expectante. “En el conurbano las cosas parecen bajo control, pero todo depende de un fósforo mal prendido y de cinco minutos. El incendio podría ser enorme”, dijo un intendente del corazón del conurbano. Ninguna sociedad puede vivir mucho tiempo con expectativas tan cortas, cuando el futuro se reduce al próximo corte de luz o a los saqueos. Esa falta de un destino más largo que los próximos días o semanas golpea todo el cuerpo social, incluidos los sectores más pobres. Estos necesitan también saber algo más del porvenir que la seguridad de la asistencia económica.

El problema de Cristina Kirchner consiste en convertir sus deseos, sus ganas o sus caprichos en una política de Estado. El caso de César Milani, un general cuestionado por su pasado durante la dictadura y durante la democracia, la despojó definitivamente de su discurso sobre los derechos humanos. Milani no tiene ningún mérito para estar donde está, salvo su hábil manejo de la información reservada sobre las personas y las cosas. Pero, ¿es esa la tarea que la democracia le pide al jefe del Ejército? La aparición de militares oficialistas y opositores es una involución de la política, que termina aterrizando cerca de la experiencia del único gobierno civil de la década de los setenta.

El caso que eyectó al fiscal José María Campagnoli (probablemente pasará lo mismo con Guillermo Marijuan) convirtió en papel quemado sus discursos sobre “justicia legítima” o “democratización de la justicia”. Ya ni siquiera la batalla es ideológica o cultural. La cruzada reside en atrincherarse en la incansable copia de la experiencia de Santa Cruz, donde hicieron de la justicia una unidad básica kirchnerista y erigieron el temor como la principal herramienta política. Esas cosas sirven para muy poco cuando los días de popularidad, victorias y dinero pertenecen al pasado.