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María Amparo Grau

La oposición como delito vs la detención policial como cuestión de estilo

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La reciente detención del alcalde metropolitano de Caracas, por varias decenas de funcionarios del sebin (cuerpo de policía política), provistos de chalecos antibalas, armas largas y una mandarria para destruir las puertas de vidrio de sus oficinas privadas, sacado de ellas a empujones y sin presentación de orden judicial, ha sido calificada como una cuestión de estilo por un diputado del oficialismo.

El estilo se define, entre otros, como un modo o forma de comportamiento, lo cual está dado sin duda a los particulares, quienes en sus conductas privadas pueden mantener diferentes estilos de actuación. No así, en el ejercicio de la función pública, en la cual el único estilo admisible es la sujeción a la ley.  Ninguna persona puede ser detenida sin que medie orden judicial, salvo los casos de flagrancia, y en toda detención deben observarse prácticas acordes con el respeto a los derechos humanos. La proporcionalidad en el ejercicio de la función pública es un principio general. La actuación policial en la detención del alcalde en cuestión lució ciertamente desproporcionada, incluso se habla de captura cuando lo cierto es que ello aplica únicamente a quien no se somete voluntariamente a una orden de detención, lo cual no parece ser el caso.

Pero además se señala que la referida detención estaría fundada en la existencia de un documento denominado Acuerdo Nacional para la Transición en el que se desvelaría un supuesto intento de golpe de estado. Dicho acuerdo, sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, constituye un documento con propuestas propias de aquellos a quienes corresponde hacer oposición en un sistema democrático, además con un estilo muy sereno y carente de todo insulto o irreverencia, lo cual en democracia se tolera dentro de ciertos límites.

Dicho acuerdo postula:

1) Rescatar la autonomía de los órganos del poder público y su pluralidad política. Así lo ordena nuestra Constitución y lo impone un sistema democrático.

2) Establecer una agenda económica para lograr la confianza en el país. Nada cuestionable desde el punto de vista jurídico político, a ello propenden todos los estados en los que existen derechos económicos y se fomenta la inversión privada.

3) Desmontar los controles que ahogan a la economía y restablecer el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes. Válido planteamiento desde la perspectiva de un política económica acorde con el modelo constitucional y la satisfacción de las necesidades del colectivo.

4) Insertar al país en los círculos financieros para obtener apoyos económicos. Lo mismo que trata de hacer el gobierno con países aliados y que haría cualquier gobierno para satisfacer las dificultades económicas del país.

5) Designar nuevas autoridades en los entes económicos con criterios de capacidad y méritos. Este es un principio general de la organización y como tal debe presidir la gestión del buen gobierno.

6) Llegar a acuerdos para reparar los daños causados por las expropiaciones arbitrarias. Ciertamente acorde con el texto constitucional, y el principio de responsabilidad del estado allí previsto.

7) Revisar el estado de las empresas no petroleras estatizadas y asegurar su recuperación productiva. Principio fundamental de la actividad económica del estado, que aunque excepcional, siempre ha de perseguir el logro de un beneficio que redunde en el bienestar general. La empresa pública fracasada sin duda no propende a ello.

8) Liberar a los presos políticos y solicitar al sistema judicial procesos para el castigo de  los delitos cometidos al amparo gubernamental. Clamor de todos quienes se someten al estado de derecho y comulgan con la prevalencia de los derechos humanos.

9) Enfrentar la emergencia de la seguridad ciudadana. Una crítica admisible frente a una gestión de gobierno por quienes a él hacen oposición democrática.

10) Recuperar la capacidad operativa de la industria petrolera y nombrar gerentes capaces. Igualmente una crítica admisible frente a una gestión económica del gobierno por quienes a él hacen oposición democrática.

11) Restituir la descentralización y promover una genuina participación ciudadana. Ambos principios de la organización del estado previstos en la Constitución.

12) Abrir un proceso de reconciliación nacional. Un llamado a la paz y a la armonía.

13) La celebración de elecciones presidenciales transparentes, lo cual es conforme con un estado de derecho y un régimen democrático. Si ello supusiese una propuesta de adelantar tales elecciones, implicaría la solicitud de renuncia al presidente, o la celebración de un referéndum revocatorio, mecanismos todos válidos en un régimen democrático.

La redacción del acuerdo es sin duda un estilo de hacer oposición, como de estilo distinto es la increpación del ex alcalde de Nueva York, RuddyGiuliani, al presidente legítimamente elegido y en funciones en los Estados Unidos de América al haber afirmado que “Obama no quiere a los Estados Unidos. No fue educado como ustedes y yo en el amor a este país”, o la ocurrida hace unos años en la España gobernada por el PSOE, cuando un senador de oposición calificó al presidente del gobierno como un “presidente por accidente.” Estos estilos no generaron la represión ni persecución judicial de los opositores y mucho menos la consideración de un golpe de estado en marcha.

El estilo del Acuerdo para la Transición es más adusto, más formal, menos personal, nada insultante, y, como ha  señalado el profesor José Román Duque Corredor, al suscribirlo públicamente, el acuerdo es totalmente acorde a la institucionalidad democrática, manifestación de la necesaria pluralidad y de los derechos de libertad de pensamiento y expresión, y cónsono con los principios superiores del estado constitucional de derecho que proclama nuestra constitución. 

Así, no es cuestión de estilo la actuación arbitraria y desproporcionada de los órganos policiales, pero sí lo es el ejercicio de la oposición política que permite y protege el ordenamiento jurídico. Lo primero es una actuación al margen de la ley, lo segundo elemento necesario de todo sistema democrático.

Por contener dicho acuerdo propuestas todas encaminadas a lograr una verdadera aplicación del sistema constitucional vigente y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, yo también, públicamente, me permito suscribirlo.