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La oposición criminalizada

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La difícil situación de Venezuela se sigue agudizando. La ratificación del encarcelamiento y llamado a juicio del líder opositor Leopoldo López deja dos cosas claras. La primera, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de criminalizar y acorralar toda forma de oposición y protesta. La segunda, que una vez más se demuestra que la independencia de poderes no existe y que el Ejecutivo tiene el control sobre los jueces.

A López, que podría pagar 10 años de cárcel, se lo acusa de incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir por los hechos ocurridos el 12 de febrero que fueron el comienzo de una ola de protestas que no termina, y en las que han muerto al menos 42 personas, 800 han resultado heridas y hay cientos detenidas.

No es claro cómo piensan vincular a López con lo sucedido, pues la justicia determinó que los dos muertos de ese día fueron obra de los disparos de un agente del Servicio de Inteligencia Bolivariano. La fiscalía se basa en videos de unos discursos y unos tuits en los que el dirigente, supuestamente, alentó los desmanes. López fue cuidadoso en llamar a la “protesta pacífica” –algo que defiende la Constitución–, pero acuñó el término “La Salida”, una figura retórica que al gobierno le sonó a golpe de Estado.

Según la oposición, se convocó a los ciudadanos a protestar ante la inseguridad, el alto costo de la vida, la escasez y el rosario de males que golpean a la revolución bolivariana. No a darle un golpe a Maduro, no a destruir Caracas.

Todo indica, sin embargo, un afán de mantener al líder opositor bajo llave. En la insólita audiencia preliminar, que duró tres días y cuyo resultado fue anunciado a las 3 de la mañana del jueves, la jueza no admitió ninguna de las pruebas de la defensa, y la Fiscalía hizo oír raros argumentos, como que “López posee un ethos discursivo que domina e incide sobre el ethos de sus destinatarios”, algo así como un poder especial que lleva a las masas a perder la cabeza.

Pero acá no acaba la persecución. María Corina Machado, aguerrida opositora que también llamó a “La Salida”, y el exembajador Diego Arria fueron citados por la Fiscalía para responder por un supuesto plan de magnicidio y desestabilización del gobierno en el que también salió a relucir el nombre del actual embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, algo tajantemente rechazado por Washington. Incluso, el director de El Nacional de Caracas, Miguel Henrique Otero, que anda por Bogotá en labores periodísticas, también fue citado, al igual que su hija.

Sin duda, un panorama muy inquietante que pone en entredicho la balanza de la justicia. La preocupación por la falta de independencia del Poder Judicial la reafirma la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, que dijo que “el sistema persigue a estudiantes, disidentes y magistrados independientes”. En la Venezuela de Maduro, cada vez se habla más de torturas y violaciones de los derechos humanos. Los relatos de las víctimas estremecen.

En estas mismas páginas dijimos que el sentar a negociar al gobierno con un sector de la oposición ya era una ganancia. Vana ilusión ante la negativa del palacio de Miraflores a tener un conveniente gesto reflexivo en el tema de los presos políticos. Mala cosa, porque para Maduro esto puede ser un búmeran.

Convertir a López en un mártir ha multiplicado la dimensión y el peso político del opositor. Y las detenciones arbitrarias y las posibles violaciones de derechos humanos le pueden hacer cada vez más insostenible su aventura revolucionaria.