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Marcos Tarre

De nuevo el desarme…

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El Ministro de Relaciones Interiores planteó la posibilidad de establecer la prohibición absoluta de porte de armas para civiles. Una de las razones que adujo es que más de 5.000 armas de fuego fueron robadas o perdidas por personas que las poseían legalmente y han ido a parar a manos de los delincuentes. Las declaraciones del ministro no dejan de causar cierta sorpresa, ya que de alguna manera la situación de las armas de fuego en Venezuela había sido muy recientemente estudiada y  redefinida.  En mayo de 2011 se creó la Comisión Presidencial para el Control de armas, Municiones y Desarme. La Comisión aplicó ciertas medidas y realizó recomendaciones que fueron recogidas en un proyecto de ley. En junio de 2013, hace menos de un año, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en la que, con bondades y defectos, establecía un rumbo en ésta materia y aprobaba diferentes modalidades para el porte o tenencia de armas de fuego para civiles.

Las iniciativas y marco legal reformulado limitaron el porte y tenencia de armas de fuego para civiles, elevaron la edad para solicitarlos, establecieron el número de armas y cantidad de munición que podía poseer legalmente un ciudadano y aumentaron las penas por infringir la ley sobre ese particular. El Estado impuso mayores controles sobre las armas legales y se hizo más punitivo. Ya antes ocurrieron otras restricciones, cuando se prohibió la venta de armas en armerías privadas. Sin embargo, poco se ha hecho para controlar las armas ilegales, en poder de los delincuentes, que son las que producen realmente  los homicidios y violencia.

Casualmente, al mismo tiempo que el ministro se pronunciaba sobre la prohibición total de porte y tenencia de armas de fuego para civiles, en las páginas de sucesos de éste mismo diario se publicaba: “Dos muertos y un herido causó la explosión de una granada fragmentaria en el sector El Molino, en el barrio Macuto, localizado en el sur de Barquisimeto. El hecho ocurrió ayer en la madrugada, y las versiones indican que los responsables serían presuntos delincuentes que planificaban cometer fechorías cuando el artefacto que manipulaban detonó…”

La nota informativa aclara que ambos fallecidos pertenecían a la banda llamada “los Caraoticas”, muy conocida en el área sur de Barquisimeto y autores de numerosos delitos, entre ellos, el homicidio de funcionarios policiales.

Es importante que el señor ministro del interior se preocupe por las armas de fuego que le son robadas a civiles, pero igual o mayor interés debería mostrar hacia las armas de guerra que llegan a manos de los delincuentes. Una granada fragmentaria es de uso estrictamente militar, nunca fueron vendidas en armería alguna en Venezuela y muy dificilmente en el extranjero. Sin embargo, con cierta frecuencia son utilizadas por delincuentes en la calles y forman parte de los arsenales de los “pranes” en las cárceles.

Es fácil imaginar que las granadas, al igual que fusiles de asalto, subametralladoras y lotes de munición provienen de los parques militares y son sustraídos y vendidos por militares corruptos e inescrupulosos.  Más que controles adicionales o nuevas prohibiciones hacia los civiles que cumplen la ley y tienen sus armas permitidas, el foco de las autoridades debería centrarse en el tráfico de armas ilegales y buscar la forma de ponerle fin.

Igualmente sorprende que, con tanto hablar sobre el “desarme” nada se dice ni se haga con los colectivos que imponen su ley en ciertas zonas de la ciudad y exhiben sus armas públicamente, con total impunidad.

marcostarre@gmail.com

@marcostarre