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Colette Capriles

La nueva normalidad

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Por paradójico que pueda sonar, el cierre del ciclo de Hugo Chávez en el poder no parece traducirse en el caos que él mismo vaticinaba durante su última campaña. Si se miran los síntomas más superficiales, desde luego, pareciera que esta transición ha hecho brotar las fallas tectónicas que atraviesan al régimen y a la oposición. Las elecciones regionales cambiaron el mapa político, pero para ambos, y en direcciones quizás inesperadas. Hay mucho regocijo no sólo entre quienes ganaron diecinueve gobernaciones y arrebataron una, sino entre quienes desde las catacumbas celebran el fracaso de las opciones de la unidad democrática, pensando que ello abona sus tesis antipolíticas o alguna expectativa candidatural para las inevitablemente cercanas elecciones presidenciales. Hay, por otra parte, consternación entre quienes se esforzaron para conservar espacios democráticos en las condiciones políticas y electorales más adversas que pueden imaginarse; hay, también, para el ganador, esa aspereza que causa la ausencia del más preciado trofeo, ese que podía garantizar el acceso inmediato, por fin, a la tan deseada hegemonía, sin dejar brecha alguna por donde pudiera quebrársela.

Pero todo esto, estos efectos, tienen causas que no son tan cercanas. No son efectos únicamente de las elecciones; más bien obedecen a una lenta reestructuración que se ha venido produciendo y que ha quedado a la vista y ha sido sancionada con los procesos electorales. Ya he insistido antes en la progresiva construcción de lealtades identitarias: no es gobernar lo que persigue el régimen, sino crear una nueva identidad nacional, una venezolanidad propia e “irreversible”. Un ex ministro devenido encuestador e investigador social lo reiteraba en estos mismos términos hace pocos días, diciendo que “los resultados de las elecciones regionales, más allá de la ausencia del Presidente, indican el bautizo a la sociedad venezolana de una identidad que se ha ido construyendo en más de catorce años, como es el chavismo”. Hay que añadir a esto la gigantesca industria del voto, principal producto de las empresas del Estado, claro, que se ha ya autonomizado de la figura presidencial, elevada ahora a la estatura de objeto de culto legitimador y no ya sede del mando. Pero hay otro proceso en marcha cuya evidencia yace en aquellas regiones que, otrora bastiones democráticos, pasaron a engrosar la cosecha del régimen. Las declaraciones de los gobernadores electos en Nueva Esparta, Carabobo, Zulia, Táchira, asegurando que “gobernarán para todos”, y que propiciarán relaciones con empresarios mientras ofrecen la mejilla gerencial que cierto imaginario atribuye a los militares “de carrera”; declaraciones, digo, que, alejadas de la retórica leninista y castrista que aflige al gabinete, señalan una alianza “desarrollista” ya en curso. Alianza que probablemente haya sido la causa eficiente de su elección, por cierto, junto con la promesa de levantar la camisa de fuerza presupuestaria y hacer fluir los “recursos”.

Una oferta de “nueva normalidad”, en suma, que no necesariamente contradice el proyecto de Estado comunal –que es, esencialmente, un sistema de burocratización, de encuadramiento estatal de la vida productiva e institucional de una gran mayoría de la población, no toda– y que obliga a la coalición opositora a repensarse por completo, como lo ha comenzado a hacer desde el 7-O a pesar de las premuras de las elecciones regionales. Las derrotas fragmentan y en definitiva la gran apuesta del régimen, del nuevo régimen mejor dicho, es que, en ausencia del carismático, sea la propia oposición la que pulverice la unidad. La crítica y el examen de los errores son esenciales para perfeccionar la unidad orgánica que hace falta para trascender la coalición electoral y crecer estratégicamente, por supuesto, pero sin detrimento de lo logrado, por modesto que pueda parecer; y esto no es sino el ejercicio de la responsabilidad política que, al igual que a cada una de sus partes, le compete y le está siendo exigido.