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María Amparo Grau

La nueva injusticia constitucional penal

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC), en una decisión sin precedentes, no sólo en nuestro país sino en el mundo del derecho, ha establecido que el desacato en materia de amparo es un ilícito constitucional, y no penal, a pesar de que la ley prevé pena de prisión. Sobre esta base concluye que el mismo puede ser declarado y sancionado por el juez de Amparo, sin procedimiento, y en su caso, sin que aplique el principio de la doble instancia.

La SC se apartó así de toda la jurisprudencia producida por más de 25 años, desde la vigencia de la Ley de Amparo,  (1988), incluida su propia interpretación en casos precedentes, en los cuales, en base a los principios del Derecho Constitucional y Penal, habría concluido que la pena de prisión prevista en el artículo 31 de la ley indica que el desacato en materia de amparo es un delito y no una mera falta.

La sentencia trata de justificar esta nueva posición mediante la cita de numerosas normas legales que prevén el poder del juez para aplicar sanciones administrativas, incluida la de arresto. Afirma la SC que el arresto no es exclusivo del derecho penal, lo cual es verdad, pero omite señalar que la pena de prisión sí es exclusiva del derecho penal. El arresto, como sanción administrativa es por principio un máximo de 30 días, según lo que disponga la ley, y se cumple en la sede de la policía o locales de índole administrativa, nunca en una cárcel o prisión.

De manera que un noción irrebatible es: el juez puede decretar arresto como medida administrativa en su función jurisdiccional y como ordenador del proceso, cuando la ley lo prevea, y otra igualmente irrebatible es: las penas de prisión y presidio son sanciones penales y por tanto de la exclusiva competencia del juez penal.

El artículo 31 de la Ley de Amparo en efecto establece pena de prisión (de 6 a 15 meses) para el desacato, por tanto lo tipifica como un delito y su aplicación es competencia exclusiva de juez penal, con todas las garantías del proceso penal, incluida la doble instancia. Al respeto de estas garantías constitucionales debe propender la labor del juez constitucional.

En el Estado de Derecho todos los órganos del Poder Público, sin excepción, están sometidos al límite de la competencia y de la legalidad. La SC, por más que sea un tribunal de única o última instancia, y tenga el poder de interpretar la Constitución con carácter vinculante, también está sometida a estos límites. La SC no tiene competencia penal, la SC no puede aplicar sanciones penales, el argumento de que el juez puede decretar arrestos conforme a la ley no le habilita para aplicar sanciones de prisión, la SC no era competente para aplicar la medida de prisión a los alcaldes Scarano y Ceballos ni a ninguna otra persona o autoridad.

Además, en la misma sentencia, la SC se pronuncia sobre la configuración de la falta absoluta de los alcaldes y decide su “cesación” en el cargo. Si con base a un juicio de amparo le estuviera dado al juez definir y calificar la gestión administrativa y de gobierno de las autoridades, y en base al desacato de sus órdenes (instrucciones), se admite su competencia para declarar el delito, la cárcel y la destitución, es claro que se viola la separación de los poderes, porque por esta vía se convierte al Juez de Amparo en el máximo jerarca de la organización, con poderes para destituir a cualquier funcionario, incluso aquellos elegidos por voluntad popular.

El artículo 87 de la Ley del Poder Municipal prevé como competencia del Concejo declarar la falta absoluta, pero la SC se pronunció anticipadamente sobre este aspecto invocando la referida norma, la cual cuando también define dichas faltas absolutas menciona la existencia de una “sentencia firme”. En estas palabras, “sentencia firme”, basa la SC su decisión, pero omite considerar parte de la misma frase contenida en el artículo, pues lo cierto es que el mismo establece que tal sentencia es sólo aquella que declara “la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica”.

La SC ha creado una figura sin precedentes, al dar al artículo 31, norma penal, carácter jurisdiccional constitucional,  con lo cual se produce una enorme injusticia constitucional penal.