• Caracas (Venezuela)

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Gonzalo González

Una nueva Asamblea Nacional

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La manera como se desarrolló y los resultados del proceso de renovación parcial del TSJ, el CNE, la Contraloría y la Defensoría realizado por la Asamblea Nacional con la injerencia y aval del Tribunal Supremo de Justicia revela el grado de deterioro de la institucionalidad y la ilegal parcialización de los principales poderes del Estado, y replantea la necesaria sustitución de la actual AN por otra conformada mayoritariamente por diputados dispuestos a respetar la legalidad y a que ese órgano cumpla cabalmente con las atribuciones y competencias que le establece la Constitución vigente.

De acuerdo con la carta magna el Parlamento tiene tres principales competencias: legislar, controlar la administración pública y ser el foro en el cual se debatan libremente todos aquellos asuntos de interés nacional y por ello al igual que los demás poderes nacionales es constitucionalmente autónomo.

Pero la realidad es otra; en virtud de la concepción centralista y despótica de quienes dirigen el país, la AN está subordinada a los mandatos del Poder Ejecutivo y por tanto no es autónoma, y no lo es porque quienes conforman la mayoría en su seno han hecho dejación de sus responsabilidades y competencias. Esa pérdida de autonomía va en detrimento de las competencias de la AN.

La Asamblea Nacional ha declinado en el Ejecutivo su función de legislar y las pocas veces que lo hace responde a mandatos inapelables del gobierno. La fracción gubernamental no busca con sinceridad consensuar o negociar leyes o decisiones con otros integrantes del cuerpo solo busca imponer su voluntad, aun pagando el precio de cometer actos reñidos con la legislación vigente o  claramente perjudiciales para los intereses nacionales como los convenios con Cuba, China o Rusia o la reciente renovación parcial de los poderes.

El control de la administración pública no existe, toda propuesta realizada en esa dirección por la oposición o por sectores de la opinión pública o de la sociedad civil es denegada por la mayoría roja haciendo gala de una subordinación y obsecuencia extrema al Ejecutivo y a los intereses partidarios de la nomenclatura gobernante. En este particular la renuncia a investigar casos de presunta corrupción administrativa de funcionarios del poder central o de las administraciones estadales y municipales alineadas con el PSUV es una demostración contundente del abandono deliberado de la competencia de control y un poderoso estímulo al saqueo del erario público y a la impunidad.

En cuanto a su condición de foro nacional en el cual la pluralidad de la sociedad representada por sus diputados se exprese no ha existido realmente en este periodo parlamentario, de entrada el reglamento de funcionamiento de la AN limita seriamente el debate consustancial a todo parlamento que se precie de serlo. La concepción autoritaria, sectaria, excluyente y hegemonista del chavismo que reniega y desconoce el pluralismo ha castrado la condición de foro de la AN, para quienes la dirigen hay diputados de primera y de segunda cuando todos representan por igual a los ciudadanos con iguales deberes y derechos, y por algo están consagrados por la Constitución como la representación nacional. En virtud de lo anteriormente expresado no es posible plantear ninguna iniciativa legislativa o debate que no sea del interés partidario del chavismo. El desconocimiento de los derechos y el respeto a la dignidad y honor de la representación no gubernamental ha llegado a  niveles de agresión y hostigamiento inaceptables.

En definitiva, estamos en presencia de un Parlamento divorciado de los intereses del país y que incumple deliberadamente con  sus funciones y competencias, solo existe para guardar las formas democráticas. La AN no le sirve al ciudadano sino a los designios de la oligarquía roja; por tanto debe ser renovada cabalmente.

Los venezolanos tenemos una magnífica oportunidad de rescatar la Asamblea Nacional votando masivamente por las listas de la unidad en los comicios legislativos del año 2015.