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Jesús Ollarves Irazábal

La noche de los lápices

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En América Latina la desaparición forzada de personas se extendió durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, especialmente en países con gobiernos dictatoriales, autoritarios, o que experimentaron conflictos armados internos, y una de las experiencias más graves y dolorosas en esta materia fue el Plan Cóndor diseñado y ejecutado en el Cono Sur.

La desaparición forzada de personas es un crimen internacional. Se comete cuando agentes del Estado, personas o grupos de personas que actúan con su autorización, o apoyo (como los llamados colectivos afectos al chavismo) detienen, secuestran o de cualquier otra forma privan de su libertad a una persona; niegan la privación de libertad, o el paradero de la persona desaparecida, con lo cual la sustraen de la protección de la ley.

Históricamente el objetivo fundamental de las desapariciones forzadas de personas, en contextos autoritarios, consiste en la destrucción de las organizaciones estudiantiles sindicales, políticas, y religiosas, estigmatizadas como opositoras al gobierno.

Al parecer, este crimen alcanzó al pueblo venezolano. Durante febrero de 2015 los venezolanos hemos sido testigos de cinco casos de jóvenes estudiantes víctimas de desaparición forzada de personas. Sí, han sido detenidos, reportados desparecidos, y posteriormente han aparecido sin vida con torturas significativas. Las víctimas: José Daniel Frías Pinto, Julio Alejandro García Adonis, John Barreto, Yasmi Tovar, Luis Aranyi García, Gerardo Gabriel Gómez.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades no han dado muestras claras de cumplir con la obligación de investigar, sancionar y reparar. Por el contrario, como una expresión de falta de pudor hemos observado que en el caso de Luis Fabián y Yamir Tovar, en vez de procurar justicia, el Ministerio para el Poder Popular de Interior y Justicia (MPPPIJ) ha sufragado los gastos de los sepelios, cuyas  facturas ascienden a la cantidad de 52.100 bolívares por la parcela 22B del Cementerio del Este donde fueron enterrados los jóvenes.

Si de buenas intenciones se tratara y del cabal cumplimiento de la ley, lo lógico y equitativo sería que el gobierno también sufragara los gastos de sepelios de los cientos de víctimas de violaciones de los derechos humanos y de delitos comunes durante estos 16 años, tal como lo ordena el artículo 30 de la Constitución de 1999.

De conformidad con la obligación de proteger los derechos humanos, el Estado debe prevenir, investigar, castigar y reparar el daño causado por violaciones de derechos humanos. En otras palabras, no se trata de hacer justicia con la fuerza del dinero. Lo correcto es regular y vigilar, por ejemplo, que las personas no se presten a la consumación de secuestros o detenciones ilegales con el fin de perpetrar desapariciones forzadas de personas o ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. El mismo texto constitucional en su artículo 45, prohíbe en forma expresa a toda autoridad practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. Este es el derecho aplicable.

En casos de violaciones de derechos humanos y específicamente en el de los cinco jóvenes estudiantes víctimas de desaparición forzada de personas, el Estado debe investigar seriamente las violaciones que se hayan cometido a fin de identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a las víctimas una adecuada reparación, lo cual implica también la identificación de los restos mortales de la víctima mediante el uso de técnicas y medios idóneos para establecer, con la mayor precisión posible, las causas de la muerte y si fueron sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En estos casos, la reparación debe incluir la rehabilitación lo más integral posible de los familiares de las víctimas; es decir, la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales para superar las secuelas tanto físicas como psicológicas que han dejado las desapariciones de seres queridos.

Nuestros estudiantes desaparecidos y asesinados hacen recordar las más cruentas desapariciones forzadas en Suramérica, que fueron ejecutadas en contra de integrantes de organizaciones políticas y sociales, con un propósito prioritario: reprimir brutalmente la disidencia y crear el correspondiente efecto intimidatorio.

No cabe olvido ni tolerancia en Venezuela de hechos como el conocido como “La noche de los lápices”. Se trata de una demostración de terrorismo de Estado cometida a través de una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en La Plata, Argentina. Fue uno de los más estridentes actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría menores de edad, que fueron torturados antes de ser asesinados.

El paralelismo entre nuestros estudiantes desaparecidos y muertos, con los que fueron víctimas de “La noche de los lápices” fortalece la hipótesis de que las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales son consecuencia directa de los reclamos legítimos que el sector estudiantil ha hecho y que han encontrado eco y respaldo en otros sectores de la sociedad civil.

Pareciera que el gobierno no soporta que nuestros estudiantes, con su liderazgo, irreverencia e ilusiones, emerjan como legítimos exponentes de la necesidad de un cambio político e institucional en Venezuela. En vez de proteger a los estudiantes opositores, el gobierno de Nicolás Maduro los considera adversarios políticos y está dispuesto a aniquilarlos.