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Héctor Faúndez

Los niños de la Alba

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El trabajo infantil es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, hay más de 168 millones de niños, repartidos por todo el mundo, que tienen que trabajar; la mitad de ellos realizan actividades peligrosas en las minas y en las fábricas; muchos de ellos son forzados a la prostitución, o incluso a participar en el narcotráfico. Se trata de niños mal nutridos, que no saben lo que es jugar, que no han pisado una escuela, y que no tienen acceso a la asistencia médica; son seres humanos que han perdido una etapa de sus vidas y que tampoco tienen futuro; a corta edad, tienen que hacer un trabajo de adultos, mientras el progreso les pasa por un costado. En Venezuela, a algunos de ellos (¡sólo los más visibles, por estar en la calle!) Chávez los llamó “los niños de la patria”.

La suerte de los niños está asociada al destino de las sociedades en que viven y a las políticas más o menos acertadas de sus gobiernos. El subdesarrollo, la pobreza y el oportunismo de algunos empresarios inescrupulosos van de la mano del trabajo infantil; pero éste también sigue la misma ruta de la incompetencia y la corrupción de nuestros gobernantes. Si, como consecuencia de políticas desacertadas, hay destrucción de empleo y los adultos no pueden llevar el pan a sus familias, lo más probable es que los niños tengan que arrimar el hombro, haciendo un trabajo de adultos, y erosionando aún más los salarios y las fuentes de empleo de los adultos.

Hace pocos días, el diario El País, de Madrid, publicó un comentario del agregado para asuntos de cooperación de la delegación de la Unión Europea en Nicaragua sobre los niños de los semáforos de Managua y la mendicidad infantil en ese país. Un panorama que, ciertamente, no nos es ajeno, y que ya forma parte de nuestra vida cotidiana. No importa que se les llame niños de la calle o “niños de la patria”; se trata de niños abandonados.

Pero el infortunio de los niños nicaragüenses no tiene las mismas características ni la misma dimensión que el drama de los niños bolivianos, en donde, según cifras de la defensoría del Pueblo de ese país, habría 850.000 niños trabajadores. Al igual que en Venezuela y en Nicaragua, el gobierno de Evo Morales en Bolivia lleva suficiente tiempo como para haber tomado medidas que abordaran esta tragedia y que atendieran a los niños de sus respectivos países. Muy por el contrario, este es un problema que se ha agravado.

El Convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, establece que esa edad no puede ser inferior a quince años, y se insta a los Estados a subir ese límite, con miras a eliminar el trabajo infantil. No obstante, en estos días, se discute, en Bolivia, un nuevo código de protección de menores, que establece en 14 años la edad mínima para trabajar; con ese proyecto de ley se estaría violando los estándares internacionales que protegen a la infancia y que, en un país tan cercano al socialismo del siglo XXI, deberían ser de obligatorio cumplimiento.

En todo caso, según información de prensa, después de una protesta realizada por los niños (la cual fue reprimida por la policía utilizando gas pimienta), la situación de los niños bolivianos no parece que vaya a mejorar. Muy por el contrario, en vez de crear las condiciones necesarias para terminar con esa lacra, las autoridades bolivianas estarían dispuestas a ceder a presiones “de los niños” para eliminar esa referencia a la edad mínima para trabajar.

Sería irresponsable afirmar que los países de la Alba son indiferentes a las condiciones de vida y al futuro de los niños; pero, sin duda, el destino que les espera en esos países no es nada alentador. ¡Feliz año, amigo lector!