• Caracas (Venezuela)

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Jesús Ollarves Irazábal

Tal cual el nazi Roland Freisler

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La Constitución venezolana garantiza el derecho a la libertad de expresión en el artículo 57: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.

Y el artículo 58 de la carta magna, que consagra el derecho a la información, establece: “La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.”

No obstante la claridad de las normas, en nuestro país cada día es más evidente la utilización del derecho penal en contra de la expresión disidente. La intolerancia del gobierno frente a la crítica ya forma parte de nuestra cotidianidad. El control sobre los medios ya no es un peligro en ciernes sino un vicio pernicioso; la amenaza de encarcelar a periodistas, articulistas y editores de medios de comunicación no alineados con el oficialismo se convirtió en una política de Estado.

A través de la sanción penal el gobierno quiere obtener lo que ambiciona: impedir las críticas que pongan en entredicho su honestidad y su eficiencia. El proceso penal en contra de la junta directiva del diario Tal Cual y del articulista Carlos Genatios, por supuesta difamación agravada al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es un ejemplo de ello.

En un Estado democrático la libertad de expresión es imprescindible para que sea posible un debate político desinhibido y vigoroso. Sin embargo, una vez más el Poder Judicial venezolano deja al descubierto su falta de autonomía, independencia e imparcialidad al criminalizar de forma abyecta y desalmada el derecho a la libertad de expresión.

Como una evidencia adicional del deterioro del sistema de administración de justicia, la jueza 29 de Control de Caracas, Bárbara Gabriela César Siero, admitió la querella interpuesta por Cabello contra Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, y le impuso prohibición de salida del país y la presentación semanalmente ante el tribunal. Las restricciones alcanzan a Carlos Genatios, en tanto autor de un artículo de opinión que el presidente de la Asamblea Nacional considera ofensivo, por la presunta comisión del delito de difamación agravada, que implica de dos a cuatro años de cárcel y una multa, y a los cuatro miembros de la junta directiva de la Compañía Editorial La Mosca Analfabeta, propietaria de este diario, integrada por Teodoro Petkoff, Manuel Puyana, Francisco Layrisse y Juan Antonio Golía.

La promoción, respeto y defensa de la libertad de expresión (que incluye las opiniones) y la democracia son directamente proporcionales. Mientras más debate libre de pensamientos, ideas y opiniones, más y mejor democracia. Se trata de un derecho constitucional que no puede ser restringido ilegítimamente, de modo que las responsabilidades por eventuales excesos en su ejercicio deben ser ulteriores y preferiblemente de naturaleza civil y/o administrativa.

Cuando de sanciones que restringen el ejercicio de derechos fundamentales se trata, un juez no puede ignorar el contenido del numeral primero del artículo 65 del Código Penal: “No es punible el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales”.

No debió ignorar la jueza César Siero que para dictar concurrentemente las medidas cautelares de presentación periódica ante el tribunal de la causa y la prohibición de salida del país, debió analizar previamente la magnitud del presunto daño causado para preservar el principio de proporcionalidad. Este tipo de medidas deben utilizarse únicamente frente a delitos graves y cuando la aplicación de una pena de cierta entidad implica el riesgo de evasión del imputado. La difamación no es un delito grave, sino relativamente leve, pues es penalizada con dos a cuatro años de cárcel.

No debió ignorar la jueza la ponderación que debía hacer frente el ejercicio de un derecho y el ejercicio de la acción punitiva del Estado, sobre todo porque la información publicada era de interés público y el debate sobre la misma era pertinente y legítimo. 

No debió ignorar que, de acuerdo con los estándares de protección más favorables, en este caso procedentes del sistema interamericano, los llamados delitos de desacato, es decir, las expresiones presumiblemente lesivas al honor de instituciones y personas investidas de autoridad, son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La razón es sencilla. La imposición de sanciones penales produce un efecto amedrentador sobre la expresión de críticas al gobierno e impide una discusión amplia, plural y transparente sobre las legítimas demandas de los ciudadanos ante sus gobernantes. Valga aclarar que la entrada en vigencia de la denuncia a este instrumento internacional por parte del Estado venezolano, a partir del 12 de septiembre de 2013, no implica su derogatoria o una excusa para su incumplimiento. La pérdida se limita a la imposibilidad de que las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela luego de la referida fecha no podrán ser juzgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No debió ignorar la jueza Bárbara Gabriela César Siero las perniciosas consecuencias de la censura. Y el hostigamiento judicial a medios y periodistas es, sin dudas, un mecanismo indirecto de censura.

¿Pero, en verdad, es ignorancia del Derecho? ¿O se tratará de vulgar e indecente sumisión al poder? Sea una, otra o cualquiera la razón del nuevo dislate judicial, el propósito inhibitorio está claro y es inadmisible en una verdadera democracia.

Diosdado Cabello, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, en vez de utilizar el proceso penal como mecanismo intimidatorio tiene la obligación política de proponer la inmediata derogación de todas las leyes de desacato (en nuestro ordenamiento jurídico, tipificados como vilipendio, difamación, injuria y calumnia), particularmente en los casos en que la parte ofendida fuere un funcionario público.

En definitiva, la decisión de la jueza 29 de Control de Caracas, Bárbara Gabriela César Siero, nos hace recordar a Roland Freisler, quien fuera presidente del Tribunal Popular o Corte del Pueblo de la Alemania nazi, y quien condenaba con extrema facilidad a la pena de muerte a quienes eran sorprendidos escuchando emisiones radiofónicas extranjeras, a quienes criticaban al führer, aun en círculos privados, o a quienes manifestaran dudas acerca de la victoria final. La jueza Bárbara César actuó tal cual el juez nazi Roland Freisler.