• Caracas (Venezuela)

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Leopoldo Martínez Nucete

2,3 millardos perdidos en dos semanas

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Una de las características económicas mas destructivas de este régimen político han sido su irrespeto sistemático por la propiedad privada, y su desprecio a la libertad e innovación individual o la cooperación y complementariedad entre los sectores público y privado. En buena medida allí radica la causa del cuello de botella por el que atraviesa Venezuela, de bajo crecimiento, alta inflación, escasez y desempleo, en medio de una bonanza petrolera.

Como si la crisis que vivimos fuese poco, en las últimas dos semanas el Ciadi, un organismo de arbitraje internacional en materia de inversiones extranjeras de rango supranacional cuya competencia el gobierno no pudo evadir en el caso de varias expropiaciones a empresas multinacionales, les ha recordado el precio adicional que tiene que pagar el país por sus atropellos a la propiedad y la libertad empresarial. Dos sentencias han condenado a Venezuela a pagar 740 millones y 1,6 millardos de dólares como indemnización a las empresas Gold Reserve y Exxon, respectivamente; ambas despojadas de sus activos por una política que no tuvo frutos en cuanto a mejorar los niveles de producción en el sector aurífero y el petrolero. Quedan muchos casos pendientes de resolución ante el Ciadi, y el resultado en todos ellos será muy probablemente el mismo.

Y es que allí radica la mayor tragedia. Las expropiaciones en los sectores cementero, cafetalero, industrial, agrícola o pecuario han resultado en un cementerio de oportunidades perdidas o de empresas otrora productivas agonizando, y con ellas, el empleo y bienestar de miles de Venezolanos. No hay una sola empresa expropiada a la que el gobierno pueda mostrar como ejemplo o modelo de algo positivo para el país; y a eso se suma el costo en dinero e imagen de estas recientes condenatorias internacionales. Hasta café hemos terminado importando los Venezolanos, un recurso que siempre habíamos exportado y del cual vivimos como nación hasta que apareció en petróleo en nuestra historia.

Un interesante estudio de la organización Un Estado de Derecho explica como más de 2.300 empresas y más de 4.000 agricultores comerciales fueron literalmente confiscadas a sus propietarios desde el año 2000 hasta la fecha. Para estos inversionistas, cuando son venezolanos, la suerte es otra, pues para ellos no hay recurso ante organismos internacionales como los que asisten a Gold Reserve o Exxon. Estos venezolanos han perdido parte de su patrimonio, o en muchos casos todo lo que habían construido tras años de esfuerzo, sin que nadie los indemnice. De la misma manera, los consumidores de sus productos hoy están pagando las consecuencias del cierre técnico de todas esas unidades productivas.

Lo dramático de todo esto es que el gobierno prácticamente raspó varias ollas para cumplir sus compromisos financieros internacionales esta semana, mientras mantiene un default comercial en el país; y con la velocidad del rayo ya se le abrieron dos nuevos boquetes en sus flujos financieros con este par de condenatorias internacionales.

¿Cuánto estaríamos produciendo sin todas estas expropiaciones? ¿Y cuántas escuelas, viviendas o centro de salud podrían construirse con 2,3 millardos de dólares?

Quizás este duro golpe le enseñe a los responsables del desgobierno que padecemos en Venezuela que la economía no se puede manejar a punta de caprichos.