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Asdrúbal Aguiar

La militarización del poder

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Acaba de aprobar Nicolás Maduro un decreto con el que cava su tumba de gobernante. La claque militar que lo rodea y da sustento blinda el círculo de su poder e impone su inconstitucional Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Para lo sucesivo, mientras dura, son transformados en eunucos – cuando menos - los ministros del interior, de relaciones exteriores, y de defensa. Dejan de ser, en la práctica, órganos directos del Presidente de la República, como lo manda el artículo 242 constitucional.

La cuestión es muy grave. No se reduce al aspecto que de buenas a primera destaca, preocupada, la prensa, como lo es el nacimiento de un mecanismo de censura de la información en Venezuela, que atenta contra la columna vertebral de su democracia. Chile tuvo su DINA – extraña a lo institucional y protestada en soledad por el Jefe de Inteligencia de Carabineros – y por ella termina empantanado Augusto Pinochet Ugarte. Ahora se hablará, aquí, del CESPPA, cuyas siglas, consagradas como fetiche, desnudan la autoría castrense del manido decreto.

Una iniciativa similar, debo recordarlo, toma cuerpo en algunas mentes enfermas de poder a inicios del mandato del fallecido Hugo Chávez. Pretenden mudar hacia el Palacio de Miraflores y bajo dependencia inmediata del Presidente a una suerte de policía secreta sobre los escombros de la DISIP, llamada Sistema Nacional de Inteligencia. El Teniente Eliezer Otaiza, ex constituyente y cabeza de aquella, busca ser los ojos y la sombra del mismo Chávez al frente del “ente rector” propuesto, para asesorarlo sobre los peligros a su estabilidad, y mantener actualizada la “estrategia nacional de inteligencia”. Casi que lo logra.

La Comisión Legislativa aprueba en 2000 la ley en cuestión, pero en buena hora, debo decirlo, tropieza primero con el General Raúl Salazar Rodríguez y luego con los ministros Luis Alfonso Dávila y José Vicente Rangel, quienes impiden su ejecútese. Cuidan al Presidente. Y si bien es cierto que todos los gobiernos, autoritarios o no, tienen bajo su disposición aparatos de información, los gobernantes cautos optan por mantenerlos a distancia, diversificándolos, bajo cuidado de sus ministros del ramo.

Pues bien, el decreto que le da vida a la DINA venezolana, competente para ser “ente rector y articulador de las políticas de trabajo de las instituciones responsables de la Seguridad, Defensa, Inteligencia y Orden Interno, Relaciones Exteriores y otras que tengan impacto en la seguridad de la Patria” (artículo 3), dirigirá, establecerá y controlará todo lo relacionado con la obtención, fijación de prioridades, análisis y traslado o no de las informaciones que considere estratégicas (artículo 8), y le cabe hasta declararlas o no secretas (artículo 9).

En suma, tendrá el poder que no tiene Maduro, sobre todo en una sociedad global donde el poder reside en la información y no en las armas. El CESPPA es quien decide qué se le informa o no al Jefe del Estado. Nada menos. Y esto lo digo con la angustia de haber sido Ministro de  Relaciones Interiores hasta febrero de 1999.

Pero el asunto no se queda allí. Lo no previsto en el aberrante e inconstitucional decreto le compete resolverlo, a su arbitrio, al Mayor General del Ejército quien hoy ocupa el Ministerio del Despacho de la Presidencia, llamado antes Ministerio de la Secretaría y en sus orígenes históricos Secretario de la Presidencia. A pesar del poder que le da su proximidad al ocupante del Palacio, ni siquiera es discreto ni firma de último como sus antecesores, tras los ministros. El decreto del caso – ello revela mucho el fondo de la cosa – lo firma de primero, luego de Maduro.

En fin, el poder real de la República está en manos castrenses, en las del Secretario de Maduro y del otro Mayor General quien ocupará el CESPPA, en calidad de “rector y articulador” de las políticas de trabajo de los ministerios mencionados. Y ello viola el artículo 323 de la Constitución que instituye el Consejo de Defensa de la Nación; deroga de facto la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que desde 2022 confía a la Secretaría de dicho Consejo – bajo control colegiado - y a sus Centros de Evaluación Estratégica y de Políticas y Estrategia, proveer a los objetivos que dice realizar el decreto del caso pero de manera torpe; en fin, arrasa con la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia que – visto el error del 2000 – confía a la coordinación de los ministros del interior y de defensa tales asuntos y fija desde ya las normas sobre clasificación de los documentos secretos. Germán Suárez Flamerich, hombre inteligente de la Generación del 28, civil, creyó gobernar a Venezuela a la muerte de Carlos Delgado Chalbaud, sin entender que quienes mandaban eran los militares. Maduro cree lo mismo. ¡Es un mal presagio!