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Beatriz de Majo

Hasta al mejor cazador…

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Al Gobierno colombiano la creencia de que las normas, las leyes y los compromisos internacionales están allí para ser respetados sólo cuando su aplicación es favorable a las necesidades o prioridades de un Estado los deja muy mal parados en la escena global.

Las argumentaciones que se escucharon de la oficialidad en los días en que el Gobierno cavilaba sobre cuál posición asumir en torno a la desfavorable decisión de la Corte Internacional de Justicia en la diatriba territorial que Colombia y Nicaragua disputaban establecen una fórmula de apego a legalidad que, si fuera abrazada por el conjunto de los Estados de la comunidad de naciones, viviríamos en la más desastrosa de las anarquías.

Por supuesto que desconocer el fallo o pretender su ilegalidad es algo impracticable y falto de seriedad, y los colombianos son serios. Por ello es que en la Cancillería se buscaron una fórmula original –la de la denuncia del Pacto de Bogotá– para que el Presidente pudiera justificar ante la ciudadanía lo injustificable, que es el craso descuido y la falta de habilidad diplomática para manejar eficientemente un asunto de tanta envergadura como la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La realidad es que nunca en el Ministerio de Relaciones Exteriores les pasó por la cabeza la idea de que Nicaragua pudiera desplegar una mayor vigilancia sobre el proceso legal de la disputa ni una mejor estrategia argumentativa ante el ente decisor que la propia Colombia.

A Colombia, sin duda, le asiste la razón en esta diatriba infelizmente resuelta en su contra. Pero una buena dosis de arrogancia, o de indolencia o de impericia impidió a las altas esferas de la diplomacia bogotana percatarse de que cuando se tienen tantas bolas en el aire como las que tiene Colombia en la esfera internacional no se le puede quitar el ojo a ninguna.

Al final, y frente al “fait accompli” de una decisión que los perjudica, tocaba enderezar los entuertos y encontrar una posición principista que le lavara políticamente la cara al santismo frente a la colectividad colombiana –ingenua y poco informada– sobre la naturaleza obligante y sin escapatoria de las decisiones del máximo tribunal.

Esto de denunciar el Pacto de Bogotá –la elegante solución encontrada– no es más que un subterfugio pueril que pretende vender la idea de que es posible renunciar a la jurisdicción obligatoria de la corte sin denunciar al mismo tiempo la Carta de las Naciones Unidas, que resulta tener también disposiciones mandatorias e inescapables sobre la obligatoria observancia de la jurisdicción del máximo tribunal internacional.

Ligereza o ignorancia, este episodio deja entrever que temas vitales están en manos de gentes poco diestras en el manejo del Derecho internacional. Y demuestra que esta vez se les fue la liebre en el Palacio de San Carlos…