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Francisco Cajiao

No hay mal que por bien no venga...

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Así reza la sabiduría popular, y el dicho viene como anillo al dedo a propósito de las pruebas Pisa. En efecto, nos fue muy mal al compararnos con otros países, incluidos algunos latinoamericanos a los que en la medición anterior superábamos ligeramente.

La parte buena es que esta noticia ha generado un interesante debate público sobre la calidad de la educación y muchos comentaristas han comenzado a manifestar sus preocupaciones al respecto desde muy diversas perspectivas. La gran diferencia con países que muestran altos desempeños radica en el interés público sobre este sector, fundamental para el desarrollo.

Aquí no se suele pasar de unas vestiduras desgarradas y el intento de identificar responsabilidades puntuales, para después olvidar el tema. La mayoría de los analistas centran sus explicaciones en la pobre preparación de los maestros y en la mediocridad de los procesos de formación que se realizan en las universidades. También se han mencionado las implicaciones de un sistema profundamente segregado que otorga grandes ventajas a los colegios privados a los que acuden los niños y adolescentes de más altos niveles socioeconómicos.

Casi nadie, en cambio, se refiere a los grandes problemas estructurales del país, que se reflejan tanto en la organización general del sistema educativo como en las funciones que desempeñan las entidades administrativas nacionales y locales. Tampoco se mencionan los problemas de las instituciones educativas, que son las que determinan en último término los procesos de socialización y aprendizaje. Y absolutamente nadie se refiere a la enorme indiferencia del conjunto de los órganos del poder público para abordar los problemas y asumirlos con seriedad.

No es posible que la gran iniciativa de un solitario congresista sea inventar un grado doce. Es como si el Congreso de la República dedicara sus sesiones a legislar sobre los uniformes escolares. No es poniendo parches como se transforma un modelo que está demostrando que hace agua por todas partes: el Ministerio de Educación dedica mucho más esfuerzo al control y a la ejecución de programas que a diseñar políticas públicas de largo plazo; asuntos misionales del sector han sido tercerizados mediante cientos de contratos; los entes territoriales tienen cada vez menor autonomía; los diferentes niveles educativos funcionan como un archipiélago completamente desconectado; el modelo de financiación está hecho para proteger los recursos del latrocinio y no para conseguir objetivos que pongan el país en el nivel que le corresponde. Y nadie parece ser responsable de nada.

Muchos de estos asuntos hacen parte de los análisis que surgen de las pruebas Pisa y están contenidos en las recomendaciones que este año formularon los expertos de la OCDE. Pero abordarlos como corresponde requiere que la educación sea una prioridad de la política de desarrollo del país, involucrando a todas las ramas del Estado, los gremios económicos y las asociaciones profesionales y sindicales en la consecución de unas metas claras.

Este momento, en el cual se abre una nueva campaña presidencial, es privilegiado para saber qué proponen los candidatos. En medio de la incertidumbre, el país guarda grandes esperanzas en la firma de unos acuerdos de paz que sellen el final de un larguísimo conflicto armado y se puedan abrir nuevos horizontes. En este contexto, no hay ningún instrumento social tan poderoso como la educación para avanzar en una nueva cultura donde el conocimiento y la razón sean más importantes que los fusiles.

Un buen propósito sería cambiar combatientes por ingenieros, científicos, artistas, empresarios... En vez de tanques y carros bomba, laboratorios; en vez de brigadas militares y campamentos en la selva, universidades.