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Sergio Ramírez

La majestad de la democracia

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Durante un encuentro de julio de este año, organizado por la presidencia del gobierno del País Vasco, "Buscando Ideas para Cambiar el Mundo", en una conversación de entretelones, el filósofo y periodista Josep Ramoneda, presidente del Instituto de Investigación y de Innovación en París, me dijo algo que dejé desde entonces anotado: "Hay que devolver su majestad a la democracia, hay que hacer funcionar de verdad la política".

Hablábamos de la crisis en los países del sur de Europa, que tiene desde hace tiempo en vilo a la Unión Europea entera, algo que él insiste en ver no solamente como una crisis financiera, sino global, porque es también una crisis política, social, y cultural; pero al escuchar su frase sobre la majestad de la democracia, no pude evitar volver los ojos hacia América Latina, como no puedo hacerlo ahora que reviso mis notas de aquella semana de exposiciones y conversaciones en Bilbao, toda una fiesta del pensamiento contemporáneo.

Vivimos de este lado en un territorio político demasiado vasto como para aspirar a señales de identidad democrática más o menos uniformes, como las que puede enseñar Europa, donde los sistemas parlamentarios tienen similitudes básicas, y hay una vigilancia común de las observancias de las reglas institucionales, de la que no escapan los países de la antigua órbita soviética, ahora miembros de la unión. No se trata nada más de fronteras abiertas y libre tráfico de mercancías, sino de que la democracia funcione de verdad en cada uno de los países miembros.

Es lo que sucede en el caso del presidente de Rumania, Traian Basescu, sobre quien pesa un grave llamado de atención de parte de las autoridades comunitarias, pues, pasando por encima de las leyes, destituyó a los presidentes de las dos cámaras legislativas, lo mismo que al defensor del pueblo, y amenazó con hacer lo mismo con los magistrados del Tribunal Constitucional.

Apenas con un respaldo popular de 17%, según las encuestas, Basescu fue destituido mediante un referéndum, anulado luego porque no votó la mitad requerida de los electores, y la crisis sigue abierta.

Estamos lejos de tener en América Latina organismos supranacionales que corrijan los desmanes en contra de la democracia, y los fraudes electorales. La Carta Democrática de la OEA sólo funciona si alguno de los gobiernos se queja de ser víctima de esos desmanes, como ocurrió en ocasión del golpe de Estado que destituyó al presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009. La OEA se movilizó en defensa de Zelaya, aunque no pudo restituirlo en el cargo; pero cuando los abusos y violaciones en contra del régimen constitucional vienen de la propia autoridad presidencial, la Carta Democrática no tiene ningún mecanismo para actuar, pues un presidente, ya se sabe, no va a denunciarse a sí mismo si comete fraude electoral, o se mete de manera abusiva con otro poder del Estado y destituye a sus titulares, como en el caso de Rumania.

Claro que hoy en día podemos decir, con un respiro de alivio, que las dictaduras militares que ensombrecieron a América Latina hasta casi los finales del siglo XX han quedado atrás. Países que pasaron por la peor de esas experiencias, como Brasil, Chile o Uruguay, y vieron su institucionalidad democrática brutalmente interrumpida, la recuperaron, y el sistema volvió a marchar, precisamente porque esa institucionalidad había sido sólida en el pasado.

En otros países, como Venezuela, la institucionalidad que empezó a funcionar después de la caía del dictador Pérez Jiménez se agotó, envejecida y minada por la corrupción, y ya no pudo recuperarse más.

Ahora ha sido sustituida por un modelo diferente, el que representa el presidente Chávez, una mixtura de autoritarismo, populismo y democracia. Democracia blanda, o dictadura blanda, aunque hasta ahora sujeta a la prueba electoral, como la de las elecciones presidenciales de este año, ya signadas, sin embargo, por el peso abrumador de la propaganda estatal, que se prodiga en donativos y regalías para enamorar votantes.

La democracia no viene a ser sólo el voto depositado en una urna, y limpiamente contado, pero eso es el principio de todo. Sin libre voto, capaz de elegir un gobierno más allá de ninguna duda sobre la legitimidad de su origen, todo lo demás se vuelve falacia. Pero aún con el libre voto de por medio, la democracia se prueba en el ejercicio de cada día, instituciones independientes y equilibradas, libertades ciudadanas, transparencia en la gestión pública, alternancia en el poder.

 

Estas son reglas a las que no puede renunciarse de ninguna manera, cualquiera que sea el estilo personal de quien gobierna. En lo personal, me gusta el estilo del presidente José Mujica de Uruguay, un viejo líder de la guerrilla de los Tupamaros, muchos años de su vida preso, que gobierna sin que los vapores embriagantes del poder se le hayan subido a la cabeza. Se rebajó el sueldo en 90%, bajo el sólido argumento de que no necesita tanto para vivir con la modestia de antes de ser presidente.

"Con ese dinero me alcanza, y me tiene que alcanzar porque hay otros uruguayos que viven con mucho menos", explica.

Maneja su propio Volkswagen de vieja generación, vive con su esposa Lucía Topolansky, que es la presidenta del Senado, en la misma finquita de antes, en Rincón del Cerro, y entra cualquiera día a almorzar a un restaurante común y corriente. Tampoco hay retratos gigantes suyos en calles y carreteras, ni gobierna en secreto, ni hay que atravesar antesalas infinitas antes de llegar a él. Y todo esto, lejos de pertenecer a los sucios anales de la demagogia, corresponde a la vieja tradición republicana con que el poder se ejerció siempre en el propio Uruguay, en Chile, en Costa Rica. Presidentes sencillos, y austeros.

¿Es ésta la majestad de la democracia de que me hablaba Josep Ramoneda, tan necesaria para la verdadera convivencia civil? Por supuesto que sí, y también es ésta la manera de que funcione la política, todo a la luz del día.