• Caracas (Venezuela)

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La libertad de expresión en la Argentina está bien sólo si se la compara con lo que sucede en Venezuela y Ecuador. Esta deducción es perfectamente posible después del último período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco está mucho mejor que en Venezuela y Ecuador.

El gobierno argentino se ubica siempre un paso atrás, pero cerca, de los atropellos que cometen el chavismo venezolano y la administración ecuatoriana de Rafael Correa. De hecho, esos tres países (y Estados Unidos por el masivo espionaje cibernético) son los únicos mencionados en el documento final de la CIDH sobre el estado de la libertad de expresión en el continente.

La CIDH es la institución más importante de la OEA y tiene en Argentina jerarquía constitucional. Es uno de los dos tribunales (el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos) a los que la Constitución les otorga la facultad de supervisar que se cumplan aquí los pactos internacionales sobre los derechos de las personas.

También en su relación con la CIDH el actual gobierno argentino se colocó sólo un poco atrás de Venezuela y Ecuador. El gobierno venezolano directamente abandonó la CIDH. Correa, en cambio, ordenó que su gobierno no enviara representantes a una reciente audiencia convocada por la CIDH para revisar casos de supuestas violaciones de la libertad de expresión.

El gobierno argentino, a su vez, decidió enviar representantes a una audiencia pedida por siete periodistas que denunciaron diferentes formas de agresión a su libertad.

Sin embargo, la gestión cristinista descalificó previamente a los que representaban a los denunciantes, Magdalena Ruiz Guiñazú y quien esto escribe, y luego increpó a la propia Comisión, durante la audiencia, porque consideraba que un tema general (“La situación de la libertad de expresión en Argentina”) no justificaba esa audiencia. Es la vieja costumbre del kirchnerismo: insulta al juez, por las dudas.

Desde mucho antes de que se realizara la audiencia, el 1° de noviembre, se sabía en Buenos Aires que el gobierno había recibido con enorme desagrado la decisión de la Comisión de convocar a periodistas y funcionarios.

La audiencia se realizó, pero los representantes oficiales cuestionaron la decisión de la Comisión en sus propias narices. La Comisión recibió con inocultable malestar esas objeciones, como quedó claro en el documento final del período de audiencias, conocido anteayer.

La Comisión, de todos modos, podrá seguir en adelante el caso argentino con una percepción más real de la situación de la libertad de expresión en el país.

El problema del Gobierno consiste en que no respondió a ninguna de las denuncias concretas que hicimos los periodistas. No hizo ninguna referencia, por ejemplo, al uso de los medios supuestamente públicos como herramientas de venganza, a través de la difamación y la descalificación, con el periodismo independiente.

Las denuncias de los periodistas argentinos fueron en este caso muy parecidas a las de periodistas venezolanos. La representación gubernamental argentina se limitó a leer una serie de enunciados de leyes y resoluciones que teóricamente garantizan la libertad de expresión.

El gobierno, como es su costumbre, dio luego por inexistente todo lo que lo incomodaba y se detuvo en que los periodistas no habíamos respondido sobre por qué no llevábamos las denuncias a la justicia argentina.

El tiempo de respuesta era de sólo cinco minutos. La Comisión aclaró que podía recibir las respuestas luego mediante documentos. Es lo que se está elaborando ahora.

No obstante, cabe agregar que hay denuncias hechas sobre varios de los temas planteados por el periodismo.

¿Cómo denunciar, además, a los fanáticos kirchneristas, adoctrinados para insultar a periodistas en la vía pública? ¿Cómo, si huyen envueltos en el anonimato después de hacerlo?