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Héctor Faúndez

La otra lista

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Hace pocos días, un periodista griego, Kostas Vaxevanis, sin hacer ningún juicio de valor, publicó la llamada “lista Lagarde”, en la cual figuran los nombres de más de 2.000 ciudadanos griegos con cuentas en el banco HSBC, en Suiza. Ese mismo día, bajo la acusación de revelar datos personales y de violar las leyes de privacidad, la Fiscalía de Atenas emitió una orden de detención de Kostas Vaxevanis, la cual se practicó de inmediato, con un despliegue policial desproporcionado que, sin duda, constituyó un acto de intimidación y de censura.

En un país que atraviesa por una severa crisis económica, y en el que, según un informe de la Unión Europea, el fraude fiscal alcanzaría los 60.000 millones de dólares, la divulgación de esa lista obedecía al interés público. En ella figuran conocidas personalidades griegas, altos funcionarios del Ministerio de Economía y algunos políticos griegos, incluidos 2 ex ministros conservadores y un consejero del actual primer ministro Andonis Samarás.

La lista tiene su origen en la información proporcionada a las autoridades francesas por Hervé Falcian, un ex funcionario informático del banco HSBC, que sustrajo datos de 130.000 cuentas bancarias opacas, de ciudadanos de diversos países. En 2010, en medio de las negociaciones para el rescate de la economía griega por parte de la UE, dicha lista fue entregada al Ministro de Finanzas heleno por la entonces ministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde; con ella se pretendía demostrar la evasión de impuestos, la corrupción u otras actividades que requieren blanqueo de capitales.

Durante dos años, las autoridades griegas no consideraron necesario abrir una investigación, y la lista “se extravió”, la ocultaron, negaron su existencia o afirmaron no saber “si era la lista original”; el ex ministro que recibió la lista de manos de Christine Lagarde la “encontró” hace sólo un par de semanas, y recién la hizo llegar al jefe de la unidad de crímenes financieros. Pero no ha habido interés por averiguar la verdad; hasta la fecha, nadie ha sido acusado de evasión fiscal, blanqueo de capitales o de ocultar información.

Las autoridades griegas han estado más interesadas en perseguir al mensajero que en castigar a quienes pueden haber delinquido. Con una celeridad inusitada, sólo horas después de la publicación de la “lista Lagarde”, sin que nadie hubiera presentado una denuncia por violación de la intimidad, el fiscal de Atenas ordenó la detención de Kostas Vaxevanis por informar sobre un asunto de legítimo interés público.

Es cierto que, con igual celeridad, el 1° de noviembre pasado Kostas Vaxevanis fue declarado inocente en el juicio incoado en su contra. Pero lo que realmente cuenta es la saña con que, en muchos países, se persigue a quienes han asumido la tarea de informar sobre asuntos de interés público. La censura, que tiene muchos rostros, en este caso asumió el de una orden de detención en contra de un periodista que no hizo otra cosa que cumplir con su deber de informar. Los periodistas y ciudadanos pueden darse por advertidos.

Lo que llama la atención es el culto por el secreto que profesan gobiernos supuestamente democráticos, dispuestos a silenciar a cualquier precio la difusión de información de interés público. Sin ir muy lejos, en España, en donde no es delito revelar secretos bancarios pero sí es obligatorio denunciar todo indicio de blanqueo de dinero, el Consejo de Ministros acaba de autorizar la extradición a Suiza de Hervé Falcian, quien sustrajo los datos de cuentas bancarias opacas para entregarlos al Gobierno francés, y que sirvieron de base para confeccionar la “lista Lagarde”. ¿Cuántos bolivarianos habrá en esa lista?