• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Alexandra Palmieri Di Iuro

La ley y la basura

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

La gestión ineficiente de los residuos y desechos domésticos continúa siendo uno de los principales problemas ambientales del país. El Balance Ambiental 2013 presentado por Vitalis (organización no gubernamental venezolana y multidisciplinar dedicada al desarrollo de programas de formación, educación y comunicación en materia ambiental), manifiesta la gran preocupación de  expertos acerca de la cantidad de vertederos manejados sin criterios sanitarios y ambientales, la cantidad de desechos sin el debido tratamiento final, el bajo porcentaje de reciclaje de residuos, los altos niveles de generación de residuos y desechos domésticos, los continuos conflictos entre las administraciones públicas involucradas en la gestión del servicio de aseo urbano y domiciliario, y la poca inversión de las empresas concesionarias en los sistemas de transporte y tecnología.

Basta con salir a la calle para comprobar éstos y otros tantos problemas ambientales: los constantes y extendidos incendios de vertederos irregulares o a cielo abierto, los retrasos en la recogida de residuos domésticos, la insuficiencia de los rellenos sanitarios existentes, la falta de educación e información ambiental, el mal estado de los medios de recogida y transporte de los residuos, el ausente carácter ambiental en el mecanismo de recogida y traslado de basura, las continuas denuncias en determinados sectores del país por enfermedades respiratorias causadas por incendios de vertederos próximos a zonas residenciales, la desactualización de las tarifas de los servicios de aseo urbano y domiciliario, entre otros ejemplos que reflejan un sistema de gestión integral de la basura perjudicial para el medio ambiente y la salud pública, ambos derechos constitucionales.

Muchos pensamos que con la nueva perspectiva ambiental en la gestión de residuos y desechos contenida en la Ley de Gestión Integral de la Basura, empezarían a darse los primeros pasos para la solución del problema. Sin embargo, tres años después de su entrada en vigencia sigue siendo una más de las tantas leyes ineficaces en Venezuela.

La ley creó el Consejo Nacional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos, encargado principalmente de aprobar el Plan Nacional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos en el plazo de un año contado a partir de la publicación de dicha ley, cuyo contenido se desconoce hasta la fecha. La ausencia de la planificación centralizada, ha retrasado a su vez, la aprobación de actuales planes municipales que debe producirse con posterioridad al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos y Desechos, para tener un contenido consonante con el marco nacional.

Debido a su complejidad y extensión, la propia Ley de Gestión Integral de la Basura estableció la necesidad de reglamentar su contenido en un plazo máximo de un año contado a partir de su publicación, así como de elaborar la normativa técnica correspondiente por parte del Consejo Nacional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos. Ninguno de estos mandatos legales ha sido cumplido, evidenciando la falta de voluntad política por parte del Poder Ejecutivo, concretamente de los ministerios del poder popular con competencia en materia ambiental, salud, interior y justicia, comercio, ciencia, tecnología e industrias, defensa, poder comunal y educación, todos designados como integrantes del Consejo Nacional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos. ¿De qué sirve la promulgación de leyes aparentemente novedosas y modernas, si terminan siendo ineficaces por la absoluta falta de voluntad política?

La Ley de Gestión Integral de la Basura declara de utilidad pública e interés social el servicio público de gestión integral de los residuos y desechos sólidos. Además exige que sea prestado en forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpidamente, conforme a principios de prevención, precaución, participación ciudadana, corresponsabilidad, responsabilidad civil, tutela efectiva, información y educación. Tampoco se han implementado las políticas públicas para el cumplimiento de estos objetivos y derechos.

La corresponsabilidad entre el Estado y la comunidad organizada es uno de los principios de la gestión integral de los residuos y desechos según la ley que hemos venido comentando. Pero, ¿cómo lograr una corresponsabilidad ciudadana sin las debidas políticas públicas de educación y formación ambiental?. Y en caso de que existiesen dichas políticas, los resultados no podrían percibirse a corto plazo, considerando la poca conciencia ambiental de la sociedad venezolana.

Nos encontramos ante una ley “avanzada” compleja y extensa que requiere voluntad política para su eficacia: una reglamentación que especifique objetivos en el tiempo; normas técnicas adicionales; multidisciplinares políticas públicas responsables del medio ambiente y de la salud pública; programas de educación sobre reciclaje y separación de residuos especialmente dirigidos a grandes generadores; eficaces incentivos económicos y fiscales; políticas de aprovechamiento económico de determinados residuos reutilizables; entre otras acciones.

La simple promulgación masiva de leyes no resuelve los problemas que nos aquejan, ni garantiza derechos constitucionales. El Estado de Derecho es mucho más que leyes en papel.