• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Daniel Samper Pizano

El lavatorio de manos del presidente Santos

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Hasta hace dos semanas éramos una nación cuyos habitantes ejercían profesiones diversísimas. Pero en pocos días Colombia se volvió un país de jurisperitos. Desde que el procurador Alejandro Ordóñez decidió destituir a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, y el presidente de la República quedó metido en medio, 44 millones de colombianos interpretan la ley según su leal saber y entender y opinan con vehemencia sobre la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, sin excluir –faltaría más– las normas internacionales y los tratados vinculantes.

Tuve un profesor de Derecho –porque yo también opino e interpreto, pero al menos cuelga en mi escritorio un diploma amarillento de abogado– según el cual en toda duda jurídica hay tres escuelas. La que dice que sí, la que dice que no y la que dice que sí pero no. Así sucede en el escándalo de Petro. Eminentes constitucionalistas afirman que el Procurador tiene suficientes atribuciones para destituir al alcalde de Bogotá.

Otros no menos notables sostienen lo contrario: que solo puede pedir al presidente que lo destituya, pues el artículo 323 de la Constitución dice: “En los casos taxativamente señalados por la ley, el presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor”, a lo que añade el Estatuto Orgánico de Bogotá que debe solicitarlo el procurador.

El máximo exponente de la escuela del sí pero no es Juan Manuel Santos. Aunque la Constitución le confiere el poder de destituir o no al Alcalde, afirma que debe agachar la cabeza ante el procurador. “Lo único que puede hacer Santos es ejecutar la decisión de la Procuraduría”, alega el ministro de Justicia.

Esta actitud huidiza resulta jurídicamente deleznable y políticamente peligrosa. Lo que ha hecho Santos es renunciar al poder de intervenir en la suerte del alcalde de Bogotá que la Constitución le otorga. Su interpretación le permite lavarse las manos en la contienda entre Ordóñez y Petro y cuanto ella encierra, pero lo reduce al papel de un mirón, un convidado de piedra, un impávido cómplice del abuso, un testigo innecesario e inútil que no puede negar, opinar ni matizar. Si el presidente considera que una sentencia del procurador contra el alcalde mayor contiene ilegalidades, ¿tendrá que avalarlas forzosamente con su firma? ¿No estaría violando él también la ley? Y en caso de estar convencido de que se trata de un atropello flagrante, ¿ha de extenderle el visto bueno, gústele o no?

Si la Constitución hubiera querido que el procurador tuviera capacidad plena de decisión, no le habría impuesto el filtro de la aprobación presidencial. Lo sensato es pensar que el documento matriz de nuestro sistema jurídico consideró peligroso que una opción tan trascendental e inapelable se tomase sin que autoridad alguna pudiera intervenir en el proceso y por eso creó una instancia extraordinaria. Al fin y al cabo, no hablamos del portero del matadero municipal sino del más importante cargo de elección popular del país después del presidente.

Pero la instancia absolutamente atípica que crea la Constitución no puede consistir apenas en la ridícula recolección de un autógrafo. No se menciona el retén presidencial en ningún otro caso. ¿Para qué inventarlo en este, si solo le reserva el indigno papel de un firmón?

Parece claro que el presidente recibió el deber, más que el derecho, de negar o aceptar la destitución. Cosa distinta es que Santos prefiera pasar de agache en uno de los más dramáticos momentos de la ciudad desde 1948. Al hacerlo, despeja el camino a un procurador cuyo máximo interés es sabotear el proceso de paz, a la vez que se desprende de un poder constitucional que le habría permitido dirimir el pleito en forma veloz y tajante. Cosa indispensable, porque el próximo mes de junio el país ya no estará habitado por juristas sino por 44 millones de entrenadores de fútbol que aconsejarán cómo debe jugar la Selección Colombia.

Feliz Navidad para todos, incluidos Santos, Petro y el procurador.