• Caracas (Venezuela)

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Víctor Rodríguez Cedeño

La justicia revolucionaria

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El régimen revolucionario recurre sistemáticamente a la falsa interpretación de las normas y valores esenciales para imponer su disparatado proyecto político. La no injerencia en los asuntos internos, la independencia y la soberanía, la  solidaridad, también los derechos políticos y las libertades son algunos de los tantos vulnerados por la “interpretación” revolucionaria, siendo quizás la expresión más clara de esa práctica perversa el valor de la justicia y su administración que definen y aplican a su manera para justificar sus tropelías y saciar sus ansias de perennidad en el poder.

No es la justicia definida por los romanos la que se aplica en el país. Lejos de traducirse en la “constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”, hoy contrariamente sufrimos en Venezuela la “justicia revolucionaria”, es decir, la justicia construida por unos improvisados y aventureros, fundada en el odio y en la revancha y que, por órdenes ejecutivas superiores, coloca en la silla de los acusados a estudiantes, alcaldes, líderes políticos, ciudadanos comunes, simplemente, en general, a quienes piensan distinto y piden una salida a la crisis que ha puesto en serio peligro la paz y la tranquilidad de los venezolanos, la libertad y más aun, la existencia del Estado y de la nación.

El régimen desvirtúa de la manera más canalla el valor de la justicia y la aplica como instrumento político para amedrentar, acorralar y aniquilar a quienes resisten. Instrumenta para ello, entre otros, la “violencia provocada”, una modalidad cruel  para justificar la represión que  busca derivar en hechos violentos las  expresiones pacíficas que legítimamente ejercen quienes sienten cercenados sus derechos en base a burdos e inaceptables montajes procesales. Las “autoridades” señalan, acusan, persiguen y tratan de destruir o eliminar al opositor en el ejercicio de una auténtica política sistemática y generalizada en contra de una parte de la población, que se traduce en el odioso terrorismo de Estado, condenado por todos.

Enfrentamos hoy sin duda un poder judicial no autónomo ni independiente que actúa conforme a los dictámenes políticos del régimen, aunque se cubra con un maquillaje que busca más bien efectos externos. No existe justicia en Venezuela y eso lo sabemos todos. Así lo muestran las expresiones de preocupación de reconocidas ONG, de ex presidentes y de Parlamentos de la región y del mundo; también de mecanismos de derechos humanos, como la relatora especial de las Naciones Unidas, Gabriela Knaul, quien hace unos días expresara también su preocupación por la “falta de independencia de magistrados  y miembros del poder judicial en Venezuela” y “por la interferencia del poder político en el poder judicial”.

La justicia es una sola y las interpretaciones sesgadas del régimen no cambiaran su esencia ni su sentido. Hoy se juzga en el país a la resistencia, a los Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria, Simonovis, en procesos injustos, en tribunales sin duda alguna sometidos a órdenes políticas.

La persecución y el amedrentamiento con el fin de aniquilar un grupo político y la administración politizada de la justicia, es decir, la aplicación de la “justicia revolucionaria”,  tienen consecuencias muy importantes que deben destacarse. En primer lugar,  los hechos ocurridos en el país los últimos tiempos muestran la realización de crímenes internacionales; y, en segundo lugar, que la evidente confiscación del poder judicial  y la politización de la justicia abren el espacio a las jurisdicciones externas que, como la Corte Penal Internacional y los tribunales nacionales de otros Estados facultados a ejercer la jurisdicción penal universal,  podrían admitir una denuncia e iniciar  una investigación sobre los hechos, procesar a los autores y determinar su responsabilidad penal individual internacional.