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Alberto Arteaga Sánchez

La judicialización de la política

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En Venezuela, los tribunales se han convertido en  escenario para resolver los asuntos políticos que se plantean entre gobierno y oposición, en confrontación absolutamente desigual, ante la realidad de un sistema de justicia que no tiene nada de sistema y menos tiene de justicia.

Hasta hace algún tiempo se cubrían algunas apariencias de legalidad en la designación de los jueces, en particular, en el Máximo Tribunal, pero ahora se ha llegado al extremo de elegir a 13 nuevos magistrados en Diciembre pasado, en los estertores de la extinta Asamblea, violando el debido proceso, sin atender a la comprobación de los requisitos para el desempeño de los cargos, sin conocer las credenciales de los candidatos y sin participación ciudadana, haciendo caso omiso a las impugnaciones presentadas, siendo el objetivo de esta maniobra la garantía de un tribunal al servicio de la “revolución”.

El dominio total del Tribunal Supremo de justicia se constituyó en la obsesión del Ejecutivo después de decisiones adversas con posterioridad a los sucesos de 2002, reformándose la ley para incrementar el número de magistrados a 32 y afinar en la Sala Constitucional un filtro y un respaldo para cualquier decisión política del Ejecutivo.

En el Supremo Tribunal solo gana el Gobierno, como lo demostró el trabajo de Canova, Herrera, Rodríguez y Graterol, “El Tribunal Supremo de Justicia al servicio de la Revolución” y oscuros “constitucionalistas” se encargan de llevar a la Sala Constitucional, en forma previa o sobrevenida, cualquier asunto que interese al Gobierno a los fines de “blindarlo” con argumentos que nada tienen que ver con el “buen derecho” que debe sustentar una decisión judicial.

Los gobernantes de otros tiempos, hábiles en el manejo político, a pesar de no haber dado el paso decisivo de sacar las manos de los tribunales, no se sirvieron de estos como de la llave maestra para conservar el poder, pero ahora, para asombro de nuestro pueblo, que cree todavía en la majestad de un tribunal, se recurre a la mise en scène de una sala de audiencia en la que solemnes togados, con cara de circunstancias, dan su veredicto, en lenguaje incomprensible, que concluye siempre dando la razón a los emisarios oficialistas, salvo el recurso al paso del tiempo para no decidir, declarando formalmente la pérdida del interés procesal, que  no hay materia sobre la cual decidir o el carácter improponible de la acción intentada, sin dejar de mencionar que toda denuncia promovida contra el Presidente u otros altos funcionarios, por principio, resulta “desestimada” y por tanto no susceptible de investigación alguna.

El pueblo no puede entender que, ante la sistemática denegación de justicia, el archivo o el diferimiento eterno de casos graves en los que nada se resuelve y ningún castigo se impone, en cuestión de horas, el Máximo Tribunal, convertido en operador político, resuelve cualquier controversia que le plantee el gobierno, por sí o por personas interpuestas, ordenando lo que más le convenga a este, llegando hasta el extremo de que la Sala Constitucional, que no tiene competencia para conocer de la comisión de un delito, debiendo remitir el caso, al Ministerio Público, destituye a dos alcaldes y los manda a prisión después de un simulacro de audiencia o que otra Sala, competente en materia electoral, con una medida cautelar, sobre la base de una prueba ilícita, desconozca sin más la inmunidad parlamentaria otorgada por la proclamación de un diputado, producto de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y ordena “desproclamar” y no permitir el ejercicio de la representación popular garantizada por la investidura adquirida.

En síntesis, por una perversa manipulación, los jueces, en general, pero, en particular, de los que son designados para el Tribunal Supremo de Justicia, están llamados a desempeñar la función de actores políticos, por lo cual, en lugar de cumplir con el sagrado cometido de impartir justicia y resolver con estricto apego a la ley los asuntos que se le plantean, deben exhibir, fundamentalmente, la “credencial” de estricta fidelidad a los lineamientos oficialistas que le son impartidos.

El pueblo, el 6-D, votó por un país en el cual, por fin, se haga justicia y esta se encarna en hombres y mujeres de “reconocida honorabilidad”, como reza la Constitución, que resuelvan los asuntos que le son planteados sin subordinación a intereses políticos o influencias del poder.

 

                                                                aas@arteagsanchez.com

                                                                         25-01-2016