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Reynaldo Trombetta

La izquierda europea y Venezuela

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Geraldine Moreno, 23, recibió dos disparos en el rostro por parte de la Guardia Nacional de Venezuela. Ciega y mutilada, murió tres días después. Ella fue una de los cuatro manifestantes que han muerto a manos de la Fuerza Armada venezolana desde el 12 de febrero. Otros tres manifestantes fueron asesinados por “colectivos” (grupos civiles armados abiertamente apoyados por el gobierno). Y un joven de 17 años de edad fue atropellado deliberadamente por un empleado del gobierno.

 

Más de 120 manifestantes han sufrido heridas de bala, según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Centenares más han sido agredidos. Una de ellos, Marvinia Jiménez, 35, una costurera con escasa movilidad, fue golpeada con un casco por la Guardia Nacional después de que usó su teléfono para grabar como los guardias lanzaban piedras a los manifestantes. Aunque la golpiza fue filmada y subida al Internet, irónicamente ella hoy es acusada de ocasionar lesiones a la oficial que la atacó.

Más de 1.000 manifestantes han sido detenidos, y la mayoría de ellos han sido acusados de delitos que podrían conducir a sentencias de hasta 15 años en prisión. En las primeras dos semanas, 33 manifestantes denunciaron haber sido torturados mientras se hallaban detenidos. Juan Carrasco, 21, dijo que había sufrido una agresión sexual por parte de la Guardia Nacional. Manifestantes y hasta periodistas han informado que fueron amenazados con violación.

“El gobierno de Venezuela está violando los derechos humanos de manera sistemática”, dijo Esperanza Hermida, directiva de Provea, una organización no gubernamental que difícilmente podría ser considerada aliada a la oposición venezolana (en 2002, durante el golpe a Hugo Chávez, simpatizantes del presidente solicitaron a Provea que acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que velara por el mandatario).

“Fuerzas del gobierno han disparado contra manifestantes”, agregó Hermida. “Grupos de civiles armados han sido alentados a atacar manifestantes. El gobierno ha cercenado el derecho de los ciudadanos a la protesta y ha ignorado sus legítimas demandas de tipo social. Detenidos han sido golpeados y torturados, y apresados sin consideración al debido proceso y en condiciones que violan sus derechos. Al mismo tiempo, el gobierno presiona y censura a los medios”.

La organización venezolana de liberad de expresión Espació Público reportó 119 ataques contra periodistas del 12 al 28 de febrero. En una carta al presidente Nicolás Maduro, Reporteros Sin Frontera lo acusó de escoger la censura “en reacción a la magnitud de las protestas”. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó al gobierno por impedir a los periódicos privados adquirir papel para imprimir. Y el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Libertad de Expresión, Frank La Rue, tuvo que recordarle al gobierno que informar sobre las protestas no constituye una incitación al odio.

A los relatores especiales de Naciones Unidas no se les ha permitido entrar a Venezuela para informar desde allí. Tampoco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No habrá justicia para las recientes violaciones de derechos humanos hasta que eso suceda, según Liliana Ortega, directiva de Cofavic, una organización que defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1989.

“El gobierno venezolano ha demostrado no estar dispuesto o no ser capaz de proporcionar justicia”, dijo Ortega. “Sólo 3% de las violaciones de derechos humanos conducen a una imputación, y de ellas apenas 4% acaban en una condena. El gobierno ha aprobado una ley que impide a las organizaciones de derechos humanos proporcionar asistencia a los ciudadanos. La violencia reciente debe ser investigada por terceras personas independientes. El gobierno debe solicitar la asistencia de las Naciones Unidas”.

Sin embargo, esto parece improbable. Mientras los gobiernos de Chávez y Maduro nunca han sido tímidos al momento de interferir en los asuntos de otros países, cínicamente apoyando políticos izquierdistas y grupos armados como las FARC a través de Latinoamérica, son extremadamente sensibles ante cualquier declaración desde el extranjero que pueda ser interpretada como una crítica.

Seducida por las políticas sociales populistas de Chávez, durante años la izquierda europea permaneció callada sobre el autoritarismo y la corrupción de la revolución. Ahora que el gobierno de Maduro ha pasado de una mano dura astutamente justificada al asesinato abierto y la tortura, la izquierda de Europa debe hacer a un lado las ideologías, dejar de culpar a la oposición y a los norteamericanos por todo lo que suceda en Venezuela, y alzar la voz para exigir respeto a los derechos humanos.