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Víctor Rodríguez Cedeño

Los intereses de la humanidad y el concepto de soberanía

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Las neodictaduras de la región lograron lamentablemente imponerse en la última reunión del Consejo Permanente de la OEA, al impedir que se considerara la situación que se vive en Venezuela hoy en día por la represión brutal y la ejecución de crímenes internacionales en contra de la población civil que simplemente ejerce su legítimo derecho a la protesta pacífica. Una decisión que vergonzosamente contraría los propósitos y los objetivos de la Carta de la Organización, aprobada en 1948, en nombre de los pueblos de la región y que descubre la naturaleza de los regímenes que se han impuesto hoy en la región.

Una superficial discusión sobre el procedimiento descubrió la mediocridad de la mayoría de los representantes de los gobiernos de turno de la región. Dejando de lado al contradictorio secretario general, sobresale la bufa interpretación de las reglas de procedimiento por la delegada argentina que, sin duda, pasará a la historia jurídica de la organización; también el descabellado discurso del representante brasileño, quien groseramente calificó de “circo” la presentación que sobre la  realidad venezolana iba a hacer  la diputado María Corina Machado, aberración  que compromete muy seriamente el liderazgo del Brasil de Lula y Rousseff en la región, pero sobre todo su aspiración a lograr un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Más lamentable aún, la arrogancia y la ignorancia mostradas por el representante de Venezuela y la torpeza y lo gracioso de su adjunta, cuyas intervenciones provocaron, además de estupor, risas dentro y fuera de la sala.

Las neodictaduras instaladas hoy en la región pretenden desconocer la evolución del derecho internacional que le otorga prioridad a las normas internacionales relativas a los derechos humanos que constituyen el orden público internacional y que tienen el carácter de normas imperativas o del jus cogens. Desconocen groseramente esos regímenes que estas materias se extraen hoy de las jurisdicciones internas de los Estados y se desplazan por su gravedad al ámbito internacional. Esta postura interesada, desde luego, les permitiría actuar dentro de sus jurisdicciones nacionales sin ningún control externo, a menos que los actos de que se trate por su generalidad y sistematicidad constituyan crímenes de derecho internacional, por lo tanto, objeto de la competencia de los órganos jurisdiccionales penales internacionales creados por los mismos Estados, como la Corte Penal Internacional, en funcionamiento desde 2002 y de la cual Venezuela es parte, desde el año 2000.

La situación política en Venezuela es ciertamente un problema interno y debe ser resuelta por los venezolanos, dentro del marco de la legalidad, aunque el régimen de Maduro haya abandonado ese espacio con sus viles actuaciones en contra del orden jurídico y de los principios que sustentan la democracia. Pero ello no obvia, retomando la afirmación anterior, que los actos cometidos en el país las últimas semanas, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, puedan ser conocidos por la Corte Penal Internacional.

En primer lugar, corresponde a los tribunales nacionales conocer estos crímenes; pero si ellos no funcionan o no tienen la voluntad de actuar, como ocurriría en Venezuela, dada la evidente no independencia del Poder Judicial en Venezuela, la Corte Penal Internacional, como órgano complementario de justicia, puede ejercer su jurisdicción y conocer las cuestiones que se planteen dentro del ámbito de su competencia temporal, material y personal y conforme a las condiciones de admisibilidad previstas en el Estatuto de Roma.

La Corte puede abrir una investigación e iniciar un procedimiento si se trata de uno de los crímenes objeto de su competencia material, entre los cuales, el de lesa humanidad, constituido por una serie de actos definidos en su Estatuto, ejecutado de manera sistemática y generalizada en perjuicio de una parte de la población civil, por razones políticas o ideológicas, entre otras, como podría ser el caso de Venezuela.

Estamos ante crímenes ejecutados por los órganos del Estado, sean ellos formales o no, me refiero a grupos policiales o militares, los primeros; o paramilitares y otros ubicados fuera de la estructura del Estado, aunque relacionados con este, los segundos. En el contexto de la situación en Venezuela, estaríamos lamentablemente ante actos perpetrados en forma sistemática y generalizada en contra de una parte de la población, como el asesinato, la tortura y otros tratos degradantes, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, persecución política y amedrentamiento, acoso indiscriminado, el caso de Chacao y sectores de Valencia y San Cristóbal, en contra de una parte de la población o de un grupo identificado políticamente como fascista, escuálido, burgués, oligarca o vendepatria; términos todos despectivos que reflejan el llamado constante y reiterado a la conflictividad y a la violencia y el objetivo de una política de Estado estructurada.

Si los hechos son evidentes, la responsabilidad penal individual internacional de autores, planificadores, promotores, cómplices podría ser establecida. Las declaraciones del jefe del Estado, de ministros, gobernadores, militares y dirigentes políticos del partido de gobierno, incluso de periodistas de medios oficiales del Estado, ordenando directa o indirectamente o incitando a la realización de los crímenes pueden indicar, en efecto, la eventual responsabilidad de algunos. No es necesario, vale precisar, que el acusado sea un funcionario del Estado, solo que actúe en su nombre.

Durante años participé como jefe de la delegación de Venezuela que condujo a la Conferencia de Roma en 1998 y nunca imaginé que ese texto, elaborado con tanto cuidado y con el fin de lograr el castigo de los responsables de tan horrendos crímenes y para erradicar la impunidad, pudiera ser aplicado a una situación en mi país. Es una realidad que no enorgullece a nadie; más bien todo lo contrario. Hoy solo deseamos que se supere la crisis, se restablezca el Estado de Derecho y se respeten plenamente los derechos humanos de todos los ciudadanos, en el marco de un diálogo franco que permita la reconciliación nacional y la reorientación del país hacia el progreso que la mayoría exige hoy en día, sin desconocer que la paz exige, necesariamente, la aplicación de la justicia.