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Jesús Ollarves Irazábal

La inmunidad sobrevenida de Carvajal

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En los últimos días ha llamado la atención de los venezolanos la detención del ex Director de Inteligencia militar, mayor general  del Ejército en situación de retiro Hugo Carvajal, efectuada el 23 de julio de 2014 en Aruba, a petición de Estados Unidos, y revocada el 27 de julio de 2014.

Carvajal fue designado cónsul general de Venezuela en Aruba, y estaba en la isla, un territorio autónomo insular del Reino de Holanda, a la espera de recibir el exequatur del gobierno holandés. En otras palabras, la autorización para que pudiera ejercer sus funciones en dicho territorio.

Pero, ¿por qué Estados Unidos pide la aprehensión de Carvajal? Es un hecho comunicacional público y notorio que en 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó, junto con el general Henry Rangel Silva y el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, gobernadores de Trujillo y Guárico, en la lista de funcionarios que habrían colaborado con las actividades del narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ordenó congelar sus cuentas y propiedades en Estados Unidos y señaló que los militares “armaron, asistieron y financiaron a las FARC, incluso cuando estas atemorizaban y secuestraban a inocentes”.

A pesar del reproche estadounidense, Hugo Carvajal fue designado cónsul general el 15 de enero de 2014. Dicho nombramiento fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.335, del 16 de enero de 2014. Posteriormente, el 28  de enero de 2014, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores remitió un fax a la Embajada de Venezuela ante el Reino de Los Países Bajos, solicitando la tramitación del exequátur para el ciudadano Hugo Armando Carvajal como Cónsul General, Jefe Titular de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba. El 10 de febrero de 2014 el Consulado General de Venezuela en Aruba notificó al Departamento de Relaciones Exteriores de Aruba que el cónsul general, jefe titular de la misión, Hugo Armando Carvajal Barrios, de acuerdo a los trámites efectuados por la Cancillería venezolana, debería iniciar sus funciones a partir del 7 de febrero de 2014. Todo ello subordinado a la autorización que debiera otorgarle las autoridades de Aruba.

El nombramiento y admisión de los jefes de oficina consular está sujeto a las formalidades previstas en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, y el procedimiento está previsto en su artículo 12: “1. El jefe de oficina consular será admitido al ejercicio de sus funciones por una autorización del Estado receptor llamada exequátur, cualquiera que sea la forma de esa autorización. 2. El Estado que se niegue a otorgar el exequátur no estará obligado a comunicar al Estado que envía los motivos de esa negativa. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y 15, el jefe de oficina consular no podrá iniciar sus funciones antes de haber recibido el exequátur”.

Más claro imposible. Para ejercer las funciones  de cónsul general de Venezuela en Aruba, Carvajal debía contar con la autorización (exequátur) del Reino de Los Países Bajos, y no podía iniciar sus funciones sin antes haber recibido tal consentimiento.

Si alguien tuvo tiempo suficiente para aprender algo de de Derecho Diplomático y Consular, fue el presidente Nicolás Maduro, quien se desempeñó como Canciller durante siete años (desde el 7 de agosto de 2006 hasta el 16 de enero de 2013). Cabe preguntarse, entonces, por qué el gobierno subestimó la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el congelamiento de las cuentas y propiedades de Carvajal en Estados Unidos. O es que un sector del gobierno propició, -no se sabe sobre la base de qué tipo de interés- la entrega de Carvajal a la DEA, y  éste no le hizo caso al viejo refrán guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. O acaso es que, al verse perdido en la maraña de conflictos asociados a la repartición del poder real dentro del chavismo luego de la muerte de Hugo Chávez, el mayor general retirado decidió negociar con la DEA (Drugs Enforcement Administration, por sus siglas en inglés)  y entregarles información privilegiada, como lo hizo el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia  Eladio Aponte Aponte. Seguramente Hugo Carvajal sabe mucho.

En una expresión política que no tiene nada que ver con la presunción de inocencia, el Presidente de la República dijo que “se la jugaba por el Pollo”. Diosdado Cabello, por su parte, en su programa Con el mazo dando, reafirmó su entrañable amistad con el mayor general en desgracia y le expresó su solidaridad también  automáticamente. Más difícil de comprender, por desproporcionada y disparatada, ha sido la reacción del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional, a través de una sentencia dictada en pocas horas (la solicitud se le formuló el mismo día) declaró procedente una acción de amparo constitucional contra la detención “ilegal y arbitraria”, se afirma en el fallo,  y también se asegura erróneamente que Carvajal ingresó a Aruba “como funcionario diplomático del Estado Venezolano”.

Una vez más la Sala Constitucional operó como un bufete del gobierno y no como la más alta instancia del Poder Judicial venezolano que, por mandato constitucional, debe ser independiente, autónoma e imparcial. Pero en esta oportunidad, llegó el extremo de pretender cambiar las reglas jurídicas de otro país y, más aún, de la comunidad internacional. Resulta cínico que invoque la tutela internacional en materia de derechos humanos, cuando el mismo TSJ ha rechazado el escrutinio de la comunidad internacional a partir de noción de soberanía que en materia de derechos humanos no tiene cabida. Recordemos que fue la misma Sala Constitucional la primera que formalmente le sugirió al Ejecutivo denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 2008, luego de declarar inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado venezolano por la destitución irregular de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Sin mayores argumentos (porque no los hay), la Sala Constitucional se declaró competente “para conocer amparos constitucionales incoados a favor de un alto funcionario de la República, por violación de sus derechos fundamentales, por parte de un Estado integrante de la Comunidad Internacional”. ¿Es que acaso la arrogancia de estos siete magistrados los ha enceguecido de tal modo que pretenden convertirse en una especie de Sala Constitucional supranacional? ¿Cómo se atreven a desconocer el principio de separación de poderes, ya no en Venezuela, sino en cualquier país del mundo?

A pesar de que en el fallo del TSJ se transcribió parte del preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963), en el que se precisa que los Estados firmantes son conscientes de que la finalidad de dichos privilegios e inmunidades no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados respectivos, la Salase empeña en beneficiar a Hugo Carvajal. Y es elocuente la omisión sobre el asunto principal; es decir, los señalamientos que hacen las autoridades estadounidenses sobre los presuntos nexos de un mayor general venezolano con la guerrilla de las FARC y el narcotráfico. En su afán por defenderlo, el TSJ aduce razones de soberanía, y avala la tesis de que “inició sus funciones consulares en fecha 07 de febrero de 2014, en virtud de la notificación que le efectuó el 10 de febrero de 2014, el Consulado General de Venezuela en Aruba al departamento de relaciones exteriores de Aruba”. Pero en ninguna parte de la decisión se menciona el artículo 12 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, sobre el requisito sine qua non del exequátur. El hecho de que Carvajal haya sido designado por el gobierno venezolano como Jefe de Oficina Consular, y sea considerado un hombre fuerte del régimen que resumía su poder con la frase  “el que se meta con Chávez, lo jodo”, no lo exime del cumplimiento de las formalidades que impone el Derecho Internacional.

Lo gravísimo es que el TSJ no hace el análisis jurídico correspondiente y se limita a hacerse eco de una muy débil defensa política de Carvajal. En modo alguno se justifica que no haya precisado si el militar detenido había obtenido o no el exequátur. No lo obtuvo, por lo tanto no estaba en funciones y, consecuentemente, no tenía inmunidad y podía ser juzgado como cualquier ciudadano venezolano por la presunta comisión de un delito de trascendencia internacional en un país extranjero y quedar sujeto a los tratados bilaterales y multilaterales en materia de extradición.

En los casos de delitos de trascendencia internacional rige un principio más amplio relacionado con la llamada jurisdicción universal: aut dedere aut judicare, que significa la obligación de extraditar o juzgar. El debate que esquiva el oficialismo tiene que ver con la posibilidad de que el Estado venezolano haya sido penetrado por el tráfico de drogas desde hace mucho tiempo y que altos funcionarios del Estado sean corresponsables o responsables directos. En términos de jurisdicción universal, el tráfico de drogas, y la violación de los derechos humanos son delitos perseguibles en cualquier parte del mundo, por parte de cualquier juez. Eso es lo que han debido y deben hacer los tribunales venezolanos. En vez de apresurarse a defender a Carvajal, por su simple condición de chavista, las autoridades jurisdiccionales han debido y deben responder con rigor jurídico a las acusaciones en su contra.

La diferencia entre inmunidad e impunidad es sólo una letra. La inmunidad no debe servir para amparar la impunidad. Si Hugo Carvajal cometió delitos de trascendencia internacional antes de obtener la autorización de Aruba para desempeñarse como cónsul general debe ser juzgado sin privilegios.

Causa suspicacias la actitud incoherente del gobierno de los Países Bajos. Resulta inverosímil que en el Estado sede de la Corte Internacional de Justicia, instancia judicial en la cual se dirimen las controversias entre Estados sobre la base del Derecho Internacional Público, no conozcan suficientemente los alcances y límites de la Convención de Viena, que data de 1963. Cómo es posible que un día afirmaran que Carvajal no tenía inmunidad diplomática y al día siguiente, sin referencia alguna a la expedición del exequátur que lo acreditaría como Cónsul General de Venezuela en Aruba, afirmen lo contrario.

Todo indica que esta vez Hugo Carvajal se salvó de rendir cuentas ante la justicia de Estados Unidos (la venezolana no parece dispuesta a investigarlo) en virtud de una inmunidad sobrevenida, que se fundamenta en una ligera e incorrecta interpretación de las normas del Derecho Internacional Público.