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Elsa Cardozo

Sin ingenuidad

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Ante el doloroso saldo de casi tres meses de represión de la protesta en Venezuela, resulta humana y políticamente muy difícil rechazar, sin más, las propuestas de diálogo de diverso origen. A la vez, es poco responsable aceptarlo de plano sin precisar sus contornos y las condiciones necesarias para que no resulte en formalidad que dé respiro a la consolidación autoritaria.

El recelo se alimenta de los pésimos antecedentes del régimen venezolano en lo de dialogar, incluso cuando se han procurado garantías en terceros: porque en otros momentos de crisis políticas no ha cumplido lo acordado y porque al paso de los años ha tendido un cerco para aislarse de las consecuencias internacionales de sus incumplimientos. Eso explica que hoy día, ante la aceptación de que el tercero sea un representante del papa Francisco, desde el Vaticano se haya dejado saber su necesidad de analizar cuidadosamente las expectativas y opciones para cumplir bien con la tarea. 

A ese cuidadoso análisis contribuye el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana del 2 de abril, documento que con claridad y sin ofensas hace un diagnóstico de la crisis venezolana presente. Los obispos han colocado en el centro de la mesa el problema de fondo: el empeño por imponer un sistema que restringe libertades, genera inseguridad jurídica y ciudadana, destruye la capacidad productiva del país, reprime la disidencia y entiende la paz como sumisión.

En estos días, cuando están por volver a Caracas tres de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas en misión de “acompañar, apoyar y asesorar un diálogo político amplio y constructivo en el país”, se han sumado razones para apoyar el diagnóstico de la CEV. No han faltado excesos condenables del lado de la protesta, pero en los casos más graves han seguido añadiéndose evidencias de infiltración, toleradas por las fuerzas militares y de orden público. Los legítimos motivos para ejercer el derecho de protestar no han desaparecido sino aumentado, como lo revelan informes y encuestas sobre el impacto humano del sostenido deterioro de la situación económica e institucional del país y, por supuesto, como lo estimula el incremento de la represión, las víctimas mortales y los abusos de autoridad, los procesos sumarios contra alcaldes opositores y la má﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽e  sino aumentado, como ional de los abusos, a Comisiter al Gobierno en puntos en los que ás reciente de las arbitrarias destituciones legislativas. 

Todo lo dicho y lo visto, pese al cerco a las libertades de información y opinión, muestra al gobierno como el actor fundamental de una peligrosa escalada en cuyo desarrollo no ha escatimado leña para avivar el fuego que luego sofoca en nombre de la paz.

Es precisamente ante ese ciclo perverso que, sin traicionar las justas razones para protestar que tienen todos los venezolanos y sin abandonar la denuncia internacional de los atropellos, conviene acompañar el reclamo con un esfuerzo por detener la escalada. Esto no supone unanimidad opositora, pero sí cierta concertación de la diversidad para apoyarse en los temas críticos y los tiempos difíciles presentes y por venir, sin por ello conceder principios ni perder de vista la sana, justa y necesaria opción constitucional de alternancia.

La atención al diálogo, que no puede ser un ejercicio de ingenuidad, debería tener el inicial y esencial propósito de recuperar la garantía de derechos, incluido el de protestar. Así lo ha perfilado la CEV, en términos que deben parecerse a los que aspira el tercero y cualquier participante de buena fe: “Diálogo sincero del gobierno con todos los sectores del país, con una agenda previa y condiciones de igualdad, y con gestos concretos, evaluables en el tiempo, como señales de la necesaria rectificación”.