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María Amparo Grau

El inconstitucional modelo económico socialista

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La propuesta de reforma planteada por el Presidente Hugo Chávez en el año 2007 para convertir al Estado Venezolano en un estado socialista fue rechazada por la mayoría de los ciudadanos en el referéndum realizado a los fines de su consideración por el pueblo. Reconocía el proponente que la reforma perseguía insertar “el socialismo en lo político y en lo económico”. La reforma proponía la construcción del modelo socialista.

De allí una conclusión irrebatible: rechazada la reforma, la Constitución de 1999 no permite leyes que pretendan implantar el modelo socialista, por ende, aquellas que se han venido promulgando con la motivación de imponer estructuras propias del socialismo son inconstitucionales. Así lo son, entre otras, la Ley de Precios Justos y la Ley Antimonopolio, a las que se añade la gravedad de haber sido dictadas ambas, mediante decretos leyes presidenciales. Se trata, por tanto, de textos normativos elaborados por el Poder Ejecutivo para imponer una ideología política contraria a la Constitución.

La reforma fallida proponía eliminar la iniciativa privada y la libertad económica previstas en el artículo 112 de la Constitución, conforme al cual la actividad económica privada debe ser garantizada por el Estado y sólo limitada por la ley en razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. La reforma planteaba la sustitución de este derecho mediante un artículo en el que el Presidente reconocía haber introducido la curvita del modelo socialista, previendo un modelo económico fundado en “la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales”. La economía socialista se estructuraba en la rechazada reforma, a través de las entidades descentralizadas, mediante la modificación del artículo 300 constitucional, convirtiéndolas en el mecanismo para la realización de actividades económicas, “bajo los principios de la economía socialista.”

La reforma no se aprobó, la reforma fue rechazada, el modelo constitucional económico venezolano no es socialista. El mismo sigue fundado en los principios de libre empresa, libre competencia y participación del Estado conjuntamente con la iniciativa privada a los a los solos fines del desarrollo armónico de la economía nacional con el objetivo de “generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país…”.

En el año 2001, la Sala Constitucional confirmó que el régimen socioeconómico del país es el de una economía mixta, en la cual debe respetarse el papel de la empresa privada al afirmar: “A la luz de todos los principios de ordenación económica contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se patentiza el carácter mixto de la economía venezolana, esto es, un sistema socioeconómico intermedio entre la economía de libre mercado (en el que el Estado funge como simple programador de la economía, dependiendo ésta de la oferta y la demanda de bienes y servicios) y la economía interventora (en la que el Estado interviene activamente como el “empresario mayor”)(sentencia Nº 117 del 6 de febrero de 2001).

De manera que la implantación de un modelo económico socialista es inconstitucional y leyes como la de Precios Justos y la Antimopolio son inconstitucionales. La primera, dictada por decreto ley por el presidente Chávez, fue reformada por el presidente Maduro por la misma vía para profundizar sus regulaciones que eliminan la libertad de empresa mediante el control absoluto de precios, costos y ganancias.

La segunda dictada en base a la última habilitación, aunque aparentemente inocua, viciada también de inconstitucionalidad,  pues modifica la noción constitucional de “libre competencia” (artículo 299) por la de “competencia económica justa” y contempla la regulación de tal competencia justa sustituyendo la razones justificantes de la Ley de Procompetencia, a la cual deroga,  así como la materia por ella regulada, al señalarse en la motivación del Decreto Ley,que el nuevo instrumento legal persigue: “El supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria del socialismo…”.

En consonancia con el establecimiento de un modelo socialista, esta Ley Antimonopolio define la actividad económica como aquella dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas, eliminando la mención a “la obtención de beneficios económicos”, que contenía la Ley de Procompetencia.

La eliminación de la libre competencia como concepto jurídico económico es contrario a lo previsto en el artículo 299 de la Constitución, teniendo en cuenta que esta norma no sólo la consagra, sino que como lo reconoció la Sala Constitucional, antes de esta arremetida normativa socialista, la misma impone un sistema que impide optar por un modelo económico de corte socialista.

El régimen constitucional socioeconómico vigente en la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia y libre competencia. Los individuos tienen derecho a realizar las actividades económicas de su preferencia y a obtener beneficios por éstas en base a las reglas del mercado, con las limitaciones de la Ley. Las ejecutorias de los órganos constituidos contrarias a estos principios configuran una desaplicación de la Constitución. A 15 años de su vigencia puede constatarse en este tema, entre muchos, otros su violación flagrante y continuada, por lo que es una burla la celebración oficial del cumpleaños de una Constitución cuyos valores y principios han sido totalmente vejados e irrespetados.