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Antonio Pasquali

La impunidad (I)

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Dos hechos recientes y disímiles transparentan la abyección jurídico-moral y la desfiguración de valores del castro-chavismo. Son ellos el asesinato por robo de la actriz Mónica Spear (Maduro hizo un intento ruin de degradarlo a episodio de sicariato), y la feroz campaña contra los medios opositores acusados de fomentar la violencia.

El caso Spear, que le procuró al gobierno una mala imagen internacional, trascendía el localismo y sus autores eran una pandilla de jóvenes chavistas. Fue resuelto por la policía en 72 horas. Los homicidas están presos, el orden reina. Caso de aplaudir, si no fuéramos el segundo o tercer país más mortífero del mundo, con más de 24.700 asesinatos en 2013 flotando en la nube de un monstruoso 92% de impunidad. ¿Dónde están los 22.800 homicidas que faltan para ese año? Una justicia intoxicada y sumisa a una orden de Miraflores de “no reprimir” pondera taimadamente la conveniencia de intervenir o dejar correr. Y las miles de madres del cerro clamando justicia en la puerta de una morgue sobre el cadáver del hijo ¿no tuvieron acaso derecho a una misma eficiencia policial?

Tras un largo inmovilismo judicial, el caso Spear fue el detonador que obligó al régimen a asumir el tema de la inseguridad ciudadana, otrora oficialmente degradado a “sensación de inseguridad”. Lo hizo con bribonería, invitando a la oposición a un falso diálogo, improvisando planes fantasmagóricos, enviando a los malandros patéticos llamados a desarmarse y portarse bien, y acusando a los medios disidentes de inducir violencia: el caso Spear convertido en pretexto para otra estocada a la libertad de comunicar que nos queda. La violencia social tiene causas proteicas, pero los sabios del régimen determinaron que había que atacar a fondo su representación mediática. Desde que E. Poulain publicara en 1917 su Cinéma, école du vice et du crime, el tema es objeto de debates, hoy con base en dos hipótesis principales: la de la mímesis (personas predispuestas pueden cometer crimen imitando la ficción) y la de la catarsis (ante la violencia ficticia descargamos y nos liberamos más bien de las pulsiones criminales), sin que ninguna haya prevalecido sobre la otra. La experiencia nacional en la materia respalda la tesis “antichavista”… de la catarsis: más expuesto estuvo el venezolano a representaciones de lo antisocial, menos actos antisociales cometió. Durante toda la Guerra Fría (1950-1990), cuando el telecine yanqui era una sangrienta escuela de violencia y representaba 52,24% de toda nuestra TV, el país se mantuvo estable en 9,08 homicidios por 100.000 habitantes. Desde 1991 la violencia en medios no ha hecho más que mermar y el índice de homicidios por 100.000 habitantes no ha hecho más que aumentar: a 14,3 en 1995, a 26,4 en 2000, a 45 en 2005 y a 79 en 2013. (Esta evidencia catártica tampoco es apodíctica, debido a otras causas concurrentes). Sea como fuere, si el presidente Maduro insiste en levantarle un expediente a los supérstites medios disidentes, le convendrá zapatear para otro lado.

De entre todos los convergentes estímulos al crimen, la violencia en medios tiene altas probabilidades de figurar de última. Muy ciertos podemos estar, en cambio, del papel capital que juega en Venezuela otra causa mil veces más concreta, potente y seductora: la impunidad, el hecho de que el criminal se vuelva invisible ante la justicia y se convenza de que no hay razones para no seguir matando. “Impunidad”: un concepto que lleva mucha reflexión filosófico-jurídica a cuestas. Retengamos por ahora el doble criterio de que ella configura un grave delito jurídico-político (por no aplicación de la ley y no asistencia a la sociedad amenazada) inductor de más delitos, y de que ella es enteramente imputable al administrador único de la justicia, el Estado.
Un Estado que asiste impertérrito a una orgía de asesinatos, y enjuicia a quien publica la foto de una morgue en lugar de perseguir a sus decenas de miles de homicidas impunes, es por definición un Estado inmoral y delincuente.