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Fernando Laborda

Otro impuestazo en gestación

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La reclusión de Cristina Kirchner en El Calafate ha sembrado interrogantes y dudas, sobre todo entre quienes ven su prolongado descanso y su llamativo silencio como el síntoma de una Presidente en retirada o, como señaló la senadora macrista Gabriela Michetti, de alguien que ha decidido correrse del ejercicio operativo del poder.

En el kirchnerismo, se desmienten tajantemente tales versiones y se deja trascender que, desde las lejanas tierras patagónicas, la jefa del Estado no ha dejado de dar permanentemente órdenes a sus funcionarios.

En el medio, se ubican quienes entienden que el alejamiento de la presidente de la escena pública debe interpretarse como un repliegue defensivo, propio de una táctica orientada a huir de los costos políticos directos derivados de algunos de los problemas padecidos hacia fines de año. Especialmente, de los previsibles apagones, consecuencia del también previsible colapso energético ante la ola de calor.

Muchos dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y analistas esperan con cierta ansiedad la palabra presidencial, ni bien Cristina Kirchner retorne a sus habituales funciones en la Casa de Gobierno. Todos esperan sus primeros gestos. Pero muy pocos aguardan alguna sorpresa.

Se interpreta que cualquier cambio relevante, que incluya un ajuste en el nivel del gasto público y una fuerte reducción de los subsidios que impacte en los precios de los servicios públicos, debilitaría aún más a un poder presidencial que ya atraviesa por un momento de fragilidad, que denotan las encuestas de opinión pública sobre la imagen de Cristina Kirchner. Hay otra razón por la cual se descree de la alternativa de un cambio en aquel sentido: cualquier reforma de esta clase requeriría articular consensos y diálogos con distintos sectores, algo para lo que la presidente nunca ha mostrado plasticidad.

Seguiría, para la mayoría de los observadores, entonces, la continuidad de una suerte de gatopardismo, en el que los cambios de funcionarios garantizarían que prácticamente nada se modifique, más allá de las novedosas conferencias de prensa diarias del jefe de gabinete. Y seguiría la actitud de fuga hacia adelante, con la expectativa de que sea el gobierno que asuma en diciembre de 2015 el que tenga que hacer los necesarios ajustes.

Claro que mantener ese statu quo dependería mínimamente de dos condiciones. La primera será que los gobernadores no le suelten la mano a la presidente, para lo cual el gobierno nacional busca por distintos medios evitar o demorar la constitución de cualquier liga de mandatarios provinciales capaz de coartar las políticas de la Casa Rosada. El acuerdo para rebajar y refinanciar hasta en 200 cuotas las deudas de las provincias con la nación fue en ese sentido. El segundo requisito es que no se produzcan estallidos sociales.

Afrontar esos dos desafíos no es compatible con una caja que, mes tras mes, es menos holgada. De ahí el miedo de quienes olfatean que el gobierno nacional puede terminar lanzando cada vez más manotazos de ahogado y declarándole la guerra a la propia economía.

El anuncio del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, de que se prepara un proyecto de ley para reformar el impuesto a los bienes personales, de manera que las propiedades que se declaren estén sujetas al pago del tributo en función de su valor de mercado y no de su valor fiscal, encendió una señal de alarma entre operadores económicos y también entre parte de la población.