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César Pérez Vivas

El imperativo de la unidad

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La crisis de la sociedad venezolana ha avanzado de tal forma, que la desesperación y la desesperanza se apodera de factores importantes de ciudadanos y comunidades, deseosas de un cambio profundo en la conducción de la vida nacional.

El venezolano mide diariamente el deterioro de su calidad de vida. La pérdida de la paz, como consecuencia del avance indetenible de una delincuencia sin frenos institucionales. La pérdida de la calidad de los servicios públicos,  logrados con  la construcción de una importante infraestructura. Pero sobre todo, el avance de la crisis socio económica, haciendo estragos en todos los sectores de nuestro tejido social.

Para conquistar el cambio del modelo político y económico, generador de la actual situación, se requiere de un proyecto alternativo. El mismo requiere de un programa básico consensuado respecto del modelo de sociedad a construir, y de un acuerdo político de las organizaciones diversas de la sociedad democrática, para consolidar la mayoría de ciudadanos decididos a impulsar dicho cambio, y hacerlo efectivo a través de una estrategia compartida,  con  la conquista del poder político.

Respecto del proyecto de Estado democrático y del modelo económico a impulsar, existe un consenso ya debatido a lo largo de estos años. Más allá de matices y especificidades, los diversos partidos y grupos de opinión,  comparten un conjunto de elementos fundamentales respecto de la política a desarrollar desde la conducción del estado venezolano.

Donde se ha presentado el obstáculo, ha sido en la estrategia de logar el cambio político. Es evidente que existen estrategias e iniciativas diversas presentadas a la opinión  pública para hacer efectivo el anhelo de cambio, y sobre todo,  la posibilidad real de ofrecerle una gobernabilidad democrática a la sociedad venezolana.

No se trata solo de cambiar el régimen imperante en nuestro país, cuestión que todos aceptamos es una necesidad fundamental. Se trata de lograrlo de manera eficaz, sin causar más daños de los que su estancia en el poder ha generado y está generando. Pero además, logar una plataforma que haga posible desarrollar el conjunto de políticas públicas necesarias para reconstruir la patria. Es decir garantizar gobernabilidad al país.

Ese es el papel que corresponde en toda sociedad democrática a los partidos políticos. Para eso existen los partidos políticos. Ello no quiere decir que existan organizaciones sociales, sindicales, culturales o de otra naturaleza, que movidos por el interés colectivo, participen en su construcción o desarrollo. No será un mesías el constructor de una nueva sociedad. No es un caudillo, la solución. Son instituciones las requeridas.

En la Venezuela de estos tiempos no hay un solo partido político que pueda, por sí solo, sacar adelante la tarea de la reconstrucción del país, pasando previamente por la sustitución del PSUV en la conducción de la vida pública. Mucho menos es una persona, por si sola, a quien pueda corresponder esa tarea colosal.

Es imperativa la unión de los partidos auténticamente democráticos. Constituye una responsabilidad de los dirigentes de las organizaciones estar a la altura de la responsabilidad histórica en la cual nos desenvolvemos. Es hora de buscar los puntos de acuerdo. Poner el acento en los temas y en las acciones en las cuales existe un claro consenso. Jugarle limpio a la unidad democrática es un imperativo ético para los venezolanos, con amor al país y con compromiso democrático. Es válido presentar iniciativas, estrategias, acciones y planes. Es deber de las fuerzas políticas estudiarlas, debatirlas y decidirlas. Las iniciativas asumidas debemos desarrollarlas en conjunto. Las iniciativas no aceptadas por la unidad, no pueden seguirse presentando con el ánimo de mostrar diferencias o matices, que en nada fortalecen la lucha por el cambio que adelantamos.

La acción política de la unidad debe adelantarse en el marco de unas reglas que se han venido construyendo con un gran esfuerzo colectivo. Esas reglas admiten cambios, pero una vez vigentes, estamos en el deber de acatarlas para garantizar la eficacia de las mismas. Más allá de cualquiera de nosotros, actores políticos o no, debe prevalecer la vigencia de las políticas asumidas colectivamente. Solo así, honraremos la esperanza de un pueblo que espera de sus dirigentes, desprendimiento, grandeza y compromiso.