Durante la década de los sesenta hubo en Venezuela una guerra. Suscintamente, una guerra contra la democracia que se reinstalaba y se reinventaba. La violencia de la izquierda insurgente dejó muertos, pero, sobre todo, dejó heridas que no cicatrizaron nunca y que explican, en parte, la violencia política de hoy y, de modo más general, las condiciones que hicieron posible el advenimiento del chavismo.

Si bien la insurgencia de los sesenta adquiere su forma y su ímpetu (y su músculo financiero y político) de la experiencia cubana, se diría que el sentimiento antidemocrático que aquella encarnó proviene de más atrás y está ligado, de una manera paradójica, a una desconfianza que podríamos llamar "gomecista" hacia la socialdemocracia y su expresión adeca.

Pero esto es una hipótesis: lo cierto es que hubo una guerra que no ha sido pensada, que no ha sido asimilada ni elaborada, a tal punto que sus consecuencias quedaron adormecidas por una política de pacificación que no cumplió su objetivo de largo plazo, a saber, la recuperación del consenso acerca de que debíamos gobernarnos democráticamente.

Sí cumplió su objetivo de corto alcance que era la erradicación del escenario militar y la incorporación de los insurgentes a la vida civil, pero no logró lo esencial que era la maduración del sistema político para convocar la fidelidad incondicional de los antes alzados hacia la democracia liberal y sus instituciones.

Una guerra en la que no hubo vencedores ni vencidos no puede pasar a la conciencia pública y no termina nunca. El chavismo, en sus expresiones autocráticas, en su corazón castrista y pendenciero, en su resentimiento histórico, es en parte el resultado de esa inconclusión.

El proceso político de pacificación a partir del gobierno del doctor Caldera fue sin duda un éxito de negociación, pero no fue un proceso de rendición de cuentas en el que tanto insurgentes como responsables de la lucha contra estos pudieran ser evaluados por la sociedad entera y pasar ante procesos jurídicos y políticos como los que merecían.

Del lado de los vencidos y del lado de los vencedores hay demasiadas cosas que quedaron sin decir. La pacificación se produjo más bien como un proceso dentro del espíritu de conciliación pactista instaurado desde 1958. No es este el lugar para evaluarlo, y de hacerlo seguramente se encontraría que fue la decisión correcta dadas las condiciones políticas de entonces, pero creo que reconocer que esa decisión tuvo consecuencias en la salud del sistema democrático es un paso necesario para comprender las fuentes de su descomposición.

Es indudable que el hecho de que las universidades públicas, y lo que luego se llamaría el "sector cultura", funcionaran como espacios de conciliación, permitió que no pocos de los protagonistas de la lucha armada se aseguraran un espacio de influencia política y social que contribuyó a mantener vivo su propio y nunca abandonado programa político.

No es el caso de la mayoría ni se trata aquí de polemizar, pero creo que el espacio encapsulado de las universidades autónomas, vivido por muchos adentro como una especie de patrimonio de una izquierda que no se modernizó, terminó siendo un laboratorio del pensamiento único en el que muchos fuimos educados bajo un marxismo vulgar e irresponsable que nos aisló dramáticamente del espíritu cotidiano de la sociedad y de los problemas de una democracia en trance de modernización. Nos separó del conocimiento de nosotros mismos. Este país necesita una larga conversación.