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Humberto García Larralde

La guerra de Maduro contra la economía

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En una economía sana los precios de los bienes y servicios constituyen una señal invalorable para evaluar las oportunidades de negocio y de empleo, así como para que los consumidores entiendan cómo rendir lo mejor posible su dinero. Por ende, el sistema de precios es un insuperable racionalizador de la actividad económica, que estimula la movilidad de los recursos hacia donde son requeridos y los resta de aplicaciones poco deseables. Le toca al gobierno promover la competencia –interna y externa-, y evitar que posiciones de monopolio, fraudes comerciales, daños a la salud, al ambiente y otras externalidades negativas, perjudiquen a los consumidores. En un entorno de seguridades jurídicas, de políticas sensatas y expectativas de confianza en el futuro de la economía, las señales de precio orientan la inversión y estimulan el desarrollo tecnológico. Nadie pone en duda que la iniciativa privada desatada por el libre juego de la oferta y la demanda bajo estas condiciones produce el mayor bienestar a la población. Así lo confirman las experiencias de tantos países exitosos.

Pero la economía venezolana, sobre todo ahora, es de todo menos sana. La captación de una cuantiosa renta por la venta de petróleo en los mercados mundiales hizo creer al régimen chavista que podía desembarazarse de consideraciones económicas para la toma de decisiones. Privó exclusivamente lo político, impulsado por las ansias desmedidas de poder de Hugo Chávez y su camarilla. Amparado en una retórica justiciera, se procedió a expropiar y confiscar fincas y negocios, regular el comercio y la producción privados con todo tipo de normas, y controlar de manera extendida los precios de los bienes y servicios, para implantar mecanismos de usufructo de la riqueza social divorciados de la racionalidad mercantil. El mercado, con su sistema de precios que acopla presiones de demanda con posibilidades de oferta, fue reemplazado por favoritismos políticos, prácticas clientelares y entresijos irregulares, que son aprovechados por buscadores de renta de todo pelaje. Son notorios los negociados realizados a la sombra de la actividad petrolera, de la contratación de obras, de la compra de equipos militares o de otra naturaleza.

Quebrantados los mecanismos de control y de rendición de cuentas, no hay restricción al provecho discrecional de los recursos públicos distinta de aquella que se deriva del poder. El entramado legal es violado o adulterado, dando paso a una creciente anomia, en la cual el principio ordenador del quehacer económico y civil no es el Estado de Derecho sino la correlación de fuerzas a favor en el plano político y militar, muchas veces resultado de complicidades en hechos de corrupción. Se trata de un régimen populista de expoliación de la renta petrolera, legitimado social y políticamente mediante programas de reparto clientelar cuya dinámica deriva de los mecanismos que se han venido asentando para el disfrute de la riqueza por parte de personas, agrupaciones y sectores, al margen de las instituciones y de la vigilancia contralora de la sociedad. Bajo la prédica “socialista” y de la primacía de lo colectivo sobre lo individual fueron privatizados los bienes públicos mediante su provecho sectario, excluyente y discrecional por parte de quienes detentan hoy el poder.

La expresión más extrema de las distorsiones económicas generadas por estas prácticas está en el control de cambio implantado desde el 5 de febrero de 2003. Lejos de contener la fuga de divisas, se potenció [1]; en vez de fortalecer las reservas internacionales, se desplomaron y dejaron sin respaldo a la moneda nacional; a pesar del severo atraso en el ajuste del precio del dólar, la inflación venezolana es la más alta del mundo. El bolívar se sobrevaluó como nunca –más de 50%- y, junto al acoso y destrucción del aparato productivo doméstico, hizo que las importaciones de 2012 cuadruplicaran las de 1998. De forma insólita, porque los precios del barril petrolero están en torno a los $100, hoy escasean notoriamente las divisas para cubrir los requerimientos de la economía y los compromisos externos asumidos por el gobierno [2]. Maduro, en lugar de reconocer lo avieso del control de cambio, acentuó el racionamiento de la divisa, provocando un descomunal diferencial entre el precio oficial (Bs 6,3/$) y el del mercado negro, 10 veces superior. Generó así el incentivo más grande y perverso que los venezolanos hayan conocido para ganarse unos reales de la noche a la mañana sin esfuerzo alguno: ponerse como sea en los dólares subsidiados para venderlos el día siguiente a 10 veces lo pagado. Además de la clásica sobrefacturación de importaciones y la no menos trillada subfacturación de exportaciones, proliferaron viajes y todo tipo de argucias para acceder a los dólares de Cadivi. Pero lo de mayor calibre está en los chanchullos que, por múltiples medios, ingenian los funcionarios de Pdvsa, la FANB y otros estamentos del sector público, para inventarse negocios con el extranjero con base en los dineros públicos.  

En tal escenario deben reconocerse como verdaderos héroes a los empresarios, venezolanos o extranjeros, que se han abstenido de participar en tan lujuriosa práctica. ¿Qué estímulos hay para arriesgar el dinero en la inversión productiva y/o en la comercialización de bienes cuando, además, hay una guerra desatada desde el Ejecutivo contra la iniciativa privada? ¡No en balde la desaparición de los estantes de la leche en polvo, la harina de maíz precocida, el papel tualé, el pollo y otros productos básicos! ¿Sorprende que buhoneros y otros comerciantes los revendan a precios superiores a los regulados y que la inflación, por ende, no haga más que crecer? ¿Quién es el culpable de la tragedia representada por la desaparición de medicamentos y del deterioro de los servicios hospitalarios por no poder mantener o reponer sus equipos? 

La respuesta de Maduro a esto es harto conocida. En una muestra de desespero electoral ordenó, manu militari, a algunas cadenas comerciales vender a precios fuertemente rebajados hasta que “los estantes queden vacíos”. Los saqueos y convulsiones que desataron estas declaraciones pusieron de manifiesto el nivel a que ha caído la “cultura de piñata” que se ha cultivado como parte del régimen de expoliación referido. Ahora quiere, con la Ley Habilitante que conquistó tramposamente con la complicidad abyecta de diputados del PSUV carentes de dignidad y moral, controlar precios y márgenes de ganancia. En vez de desmantelar la funesta maquinaria de corrupción del control de cambio, impone más restricciones, creando un Centro Nacional de Comercio Exterior y una Corporación Nacional de Comercio Exterior para discriminar y dificultar todavía más el acceso a la divisa. Es decir, acentúa las distorsiones que incentivan las irregularidades. Pero las apetencias de poder y de controlar todo no conocen límites. Y no sabemos las medidas represivas que vienen después.

A estas alturas es difícil creer que Maduro y sus generales piensen que las distorsiones desatadas por sus desvaríos en materia económica pueden ser abatidas con represión y acciones militares. Ni el más caído de la mata ignora que, luego de las elecciones del 8-D, vendrá por fuerza una devaluación sustancial; probablemente en enero del próximo año. ¿A cuántos bolívares por dólar podrá reponerse la mercancía que se agotó hoy por las rebajas obligadas? ¿Con qué seguridad? ¿Cómo defender los ahorros en un ambiente que retroalimenta la inflación, si no es comprando dólares como sea? ¿Cómo cerrar la espita de una especulación estimulada por tanta incertidumbre, tanta corrupción, tanta complicidad desde el poder?

Siempre he escuchado que si uno quiere salir del hoyo en que se ha metido, no debe cavar hacia abajo. Pero Maduro porfía en que ese es el camino y, con pico y pala ahonda más el hueco. Su lema es: “muerto el perro, se acabó la rabia”. Ese es el sentido de su guerra contra la economía y, por ende, contra nosotros: socavarla para asegurarse el dominio absoluto sobre sus palancas de decisión como vía para que los venezolanos dependamos totalmente del Estado. Preparémonos el año que viene para mayores penurias: más desabastecimiento, mayor inflación, más desempleo, porque ¿dónde van a trabajar los empleados de los negocios que tendrán que cerrar con esta razzia autoritaria? La nota de prensa señala que los márgenes de ganancia se regularán por sectores. ¿Cuántas empresas pequeñas sucumbirán por no poder competir con las grandes firmas del ramo que venden grandes volúmenes y pueden reducir sus márgenes?

La prosperidad y el desempeño robusto de la economía venezolana nunca ha sido preocupación del fascismo maduro-chavista: todo es válido para intentar mantenerse en el poder, para seguir usufructuando del régimen de expoliación implantado. ¿Cómo, si no fuera así, podrían sostener su tren de vida de magnates quienes han mostrado hasta la saciedad tanta incompetencia, torpeza y estupidez? Como dijera Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

No salir a votar el 8 de diciembre por los candidatos de la democracia es avalar la demolición definitiva de la República para dejarla en manos exclusivas de estos mafiosos.


[1] Entre 2003 y el primer semestre de 2013 salieron por la cuenta financiera de la balanza de pagos ¡USA $155 millardos! De este enorme caudal, $45 millardos corresponden al sector público. Otros $26 millardos se fugaron por la cuenta de errores y omisiones. En total, ha salido por esos conceptos casi 10 veces la cantidad de dólares que salió durante los 40 años de democracia (1959-1998)

[2] El financiamiento de las compras de crudo venezolano realizadas por los países socios de PetroCaribe, el pago de la deuda china con la factura petrolera y el servicio de la deuda pública, absorben más de 30% del ingreso causado por exportaciones petroleras (cifras oficiales).