• Caracas (Venezuela)

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Ramón Escovar León

Más garrote y menos libertad

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En países con instituciones sólidas el Poder Judicial es un medio de control institucional y un mecanismo para dirimir controversias. Este poder sirve de balance para controlar la corrupción y la ineficacia. Esto sucede en las democracias avanzadas en Europa, Estados Unidos y Canadá. También ocurre así en algunos países de América Latina como Colombia y Costa Rica. En las dictaduras no existe Poder Judicial independiente y lejos de ser este una vía para resolver los conflictos sociales, los aumenta. Esto es lo que ha venido profundizándose en Venezuela de manera progresiva hasta llegar al punto en que en el pasado diciembre se rebasó el umbral de las apariencias, al hacerse ostentosa la falta de independencia y separación entre los poderes.

En efecto, ha sido demostrado por especialistas en asuntos de interpretación constitucional que la designación de los magistrados del TSJ, CNE y miembros del Poder Ciudadano fue hecha de manera inconstitucional, lo que implica un golpe de Estado. En este sentido han opinado venezolanos con auctoritas en la materia, tales como Román Duque Corredor, José Ignacio Hernández, María Amparo Grau y Allan Brewer Carías, quienes enumeran con claridad las violaciones constitucionales que fueron materializadas por el poder político que hoy controla las instituciones del país. Entonces podemos llegar a la primera conclusión: las designaciones de los altos funcionarios fueron hechas por vías de hecho, y esto los coloca en el nivel de poderes ilegítimos.

Es, además, importante agregar que los rectores del CNE no podían ser designados por la Sala Constitucional, y esta, con ese proceder, ha invadido la competencia de la Asamblea Nacional, lo que revela la anarquía y promiscuidad que caracteriza el poder político de hoy. Y es que ¡no se detienen en apariencias ni en formalidades! Se ha pretendido sostener que esa decisión de la Sala Constitucional tiene un antecedente en la sentencia número 2341 de fecha 25/08/03, pero está muy claro que esa sentencia también fue, en su momento, dictada en violación de la Constitución para complacer al fallecido presidente Hugo Chávez. Se trata de una sentencia sumisa e inconstitucional como tantas otras que han caracterizado al régimen judicial de los últimos años. No se puede fundar una decisión de ahora en otra que fue inconstitucional en su momento: se suman así dos inconstitucionalidades retroalimentándose. Y por si fuera poco, se repiten los nombres de quienes han generado esta burocracia eterna que impide la alternancia, aun entre los propios miembros del proyecto revolucionario.

Gracias a vericuetos hermenéuticos, la Sala Constitucional llega a privilegiar lo que dice un reglamento (hecho a la medida) sobre lo que postula la Constitución, pero también se elimina la analogía como método de interpretación jurídica. En efecto, para llegar a sostener que la elección de los rectores puede hacerse por mayoría simple, como dice la Sala Constitucional, y no por las dos terceras partes, como lo pauta la Constitución, dividen el artículo 279 de la Constitución en dos supuestos. En el primero, admiten que cuando el Consejo Moral Republicano convoque al Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la mayoría requerida son las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea, pero “en caso de no haber sido convocado” el mencionado Comité, la mayoría requerida es la simple, porque la norma constitucional no indica expresamente que sea la mayoría de las dos terceras partes. Es decir, la Sala Constitucional entiende, en su modalidad interpretativa, que si el Poder Moral convoca al Comité de Postulaciones la mayoría es de las dos terceras partes, pero si no lo convoca, la mayoría requerida será inferior, esto es la mitad más uno de los presentes en la Asamblea. De acuerdo con este criterio, basta, como ocurrió, que el Poder Moral no convoque al Comité de Evaluación de Postulaciones para disminuir la mayoría requerida y así facilitar el control arbitrario de las instituciones.

Asimismo, los magistrados designados para integrar el TSJ son producto de una imposición autoritaria contra la sociedad. A favor de la mayoría de las dos terceras partes militan sólidas razones que han sido expuestas en los trabajos citados al comienzo de este artículo. En las sociedades democráticas, ingresar al máximo tribunal requiere de un proceso amplio de discusión pública que permita conocer al candidato. De esa manera se discute abiertamente la obra jurídica y profesional de cualquier aspirante e incluso se discute su vida personal. Recuérdese lo que ocurrió en el año 1991 en Estados Unidos con el juez Clarence Thomas (egresado de la Universidad de Yale) y sus líos con Anita Hill, cuando esta lo acusó por acoso sexual. Luego de una amplia discusión, en la cual Thomas tuvo oportunidad de defenderse, se decide si el candidato será o no designado, sobre la base del resultado de la investigación y el peso de la acusación de Hill. También ocurrió una discusión con el candidato nominado por Ronald Reagan, Robert Bork (profesor de la Universidad de Yale), quien disfrutaba de un enorme prestigio como pensador y como jurista de alto vuelo. Sin embargo, el Partido Demócrata no lo respaldó debido a sus posiciones radicalmente conservadoras en materia jurídica y política. En el caso de Bork, la descalificación de uno de los partidos se fundamentó en las posiciones ideológicas del mismo Bork. Pero así funcionan las cosas en las democracias. En nuestro caso no hubo ninguna discusión pública. Ni siquiera quedó demostrado si quienes ahora son magistrados llenan o no los requisitos constitucionales: tener más de quince años de experiencia en el ejercicio profesional, en la magistratura o en la cátedra universitaria, poseer título de posgrado en Derecho, ostentar el título de profesor titular y “gozar de buena reputación” (artículo 263, ordinal 3°, de la Constitución) a lo cual se puede añadir: “Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad” (ordinal 2°). Tampoco se sabe cómo se ponderaron los méritos de algunos para que los parlamentarios del gobierno hayan podido excluir a juristas reconocidos que se habían postulado y que habrían sido aportes valiosos para el Tribunal Supremo. Nada de eso se sabe porque lo que hubo fue una imposición autoritaria, sin que el país pudiera conocer el nombre de quienes finalmente resultaron  designados. Estos nombramientos fueron el regalo de Navidad que nos dio el proyecto revolucionario a los venezolanos que no compartimos sus ideas ni métodos. Bajo el manto institucional anterior, el presidente pudo proponerle al presidente de Estados Unidos el canje de Leopoldo López (preso político), quien no ha sido procesado ni tiene sentencia en su contra, por un preso en Estados Unidos sentenciado por terrorismo. Esto es posible por la falta de independencia del Poder Judicial, lo que quedó evidenciado, una vez más, con las designaciones de los altos funcionarios del Estado. Ahora tenemos más garrote y menos libertad.

@rescovar