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Marta Colomina

La gangrena del régimen de Maduro

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Habían dado la vuelta al mundo las fotografías de la brutal agresión de  paramilitares chavistas (autodenominados “colectivos”) contra los ciudadanos que pacíficamente estaban en las afueras del Palacio de Justicia en apoyo al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, cuando la jueza Barreiros pasó a la historia de la ignominia judicial con el castigo de casi 14 años de prisión contra quien, durante el largo juicio de 72 sesiones iniciado en julio de 2014 contra Leopoldo, ni ella ni la Fiscalía pudieron probar culpabilidad alguna.

Con patadas, palos, botellas y piedras unos 300 chavistas, a los gritos de “Leopoldo fascista debes ser condenado”, lanzaron objetos contundentes contra los asistentes, entre ellos la esposa, Lilian Tintori, y los periodistas de la cadena internacional Telemundo, a quienes les robaron su cámara de video. El activista de VP, Horacio Blanco, de 72 años, murió de un infarto “por los golpes que le propinaron los militantes del PSUV”, tal como afirmase el dirigente Freddy Guevara. Otra líder, Gaby Arellano, denunció que los funcionarios de seguridad del Estado no impidieron la agresión: “Nos emboscaron cuando iba entrando Lilian Tintori. La GN y los colectivos del régimen nos atacaron con piedras, armas y hay varios heridos”. Otros declarantes ofrecieron idéntica versión.

Durante esas 72 sesiones del juicio contra López, a cuyo abogado defensor le fueron rechazados todos los testigos, la Fiscalía no pudo presentar pruebas contra su acusado, porque muchos de sus testigos declararon a favor de Leopoldo, o se abstenían de emitir opiniones condenatorias. Igual hicieron con el estudiante Marco Coello, contra quien el tribunal “decidió prescindir de las pruebas que demostraban su inocencia”, como relatase dramáticamente su madre. Y así, prácticas semejantes contra quienes disienten de las aberraciones oficiales. Las muchas pústulas del gobierno han devenido en gangrena con sentencias plagadas de vicios como las de Leopoldo, Ceballos, Ledezma, la jueza Afiuni, la inhabilitación de María Corina y otra larga lista de presos políticos e inhabilitados. La gangrena se extiende hasta los ataques a la libertad de expresión y la censura: 22 ataques, solo en agosto. El Instituto Prensa y Sociedad registró en los primeros 7 meses de 2015, una violación diaria de la libertad de expresión. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al gobierno devolverle la señal a RCTV y las exhortaciones de la SIP y del CNP a acatar esa sentencia, fueron respondidas por el amanuense tsj (con minúscula) sentenciando que el fallo de la Corte-IDH es “inejecutable” y que el Estado no está obligado a cumplirla. El presidente de la AN rechazó la sentencia apelando a la escatología: “Agárrenla, la doblan bien y se la meten… en el bolsillo”.

La periodista de sucesos Jenny Oropeza informó que este jueves “fue detenido en Lara el sobrino de la magistrada Luisa Estella Morales, Esaú Alejandro Alba Morales, con 8 kilos de cocaína, quien es fiscal 10º del Ministerio Público con competencia en drogas en el estado Yaracuy (…) tenía en su poder 25.000 dólares (…) y guardaría una estrecha relación con Rafael A. Puertas, abogado del gobernador de Yaracuy”. No cabe duda de que este “sobrino” fue recomendado por su “tía”, la misma que comandó el tsj largo tiempo y cuyo sobrino pasó a engrosar el frondoso árbol de la burocracia nepótica del régimen, afectado con gangrena tal, que un fiscal con “competencia en drogas” haya sido pillado in fraganti presuntamente con 8 kilos de cocaína. O que a un alto funcionario a cargo de la División Antidrogas, la policía andorrana le encontrase cuenta millonaria en un banco de Andorra. En silencio absoluto duermen las acusaciones de Makled contra connotados generales y mudez también de Maduro respecto al contrabando masivo en una frontera “vigilada” por militares venezolanos activos.

Con el traumático cierre de la frontera colombo-venezolana, la gangrena ha crecido. Hasta el presidente Santos, tan comedido en el trato con Maduro, hizo un perfil demoledor de la situación en Venezuela con motivo del día de los derechos humanos: “La revolución bolivariana se está autodestruyendo por sus resultados. Los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela. Su modelo económico no ha funcionado. El desabastecimiento es más alto que en Siria y Afganistán (…) La inflación es la más alta del mundo (…) más de 200%. En 2015 –sigue Santos– la economía colombiana crecerá entre 3% y 3,5%, mientras que en Venezuela caerá entre 7% y 8,5%. La tasa de muertes violentas en Caracas es de 82 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Bogotá es de 27”. Reconoció los graves problemas en la frontera en seguridad, contrabando, narcotráfico y mafias organizadas, pero advirtió a Maduro que buscara “entre su entorno” a quienes controlan el contrabando de extracción desde Venezuela;  reconoció también que Colombia es el primer país productor de cocaína del mundo, pero añadió demoledor: “Vayan y averigüen de dónde están saliendo los aviones cargados de droga”, refiriéndose a que sabe que despegan del estado Apure y conoce –como indica el experto Antonio de la Cruz– que cada avión entrega un código a la torre de control que autoriza el sobrevuelo. Cita Santos el manejo fraudulento del registro electoral venezolano: “Muchos colombianos fueron cedulados para que votaran por el oficialismo”. Relata que muchos de los deportados le confesaron: “Me prometieron y me dieron una cédula y me pusieron a votar. Y ahora me dicen dónde está su cédula, se la muestro y me la rompen, váyanse para Colombia”.

Más indicadores de la gangrena: aislamiento internacional, riesgo país más alto del mundo (a nivel de Libia, Mali, Haití y Zimbabue); último lugar de la región en índice de transparencia presupuestaria, etc., ¿será por eso que la primera combatiente y la canciller exhibieron en su viaje a China carteras Chanel con costo superior a los 5.000 dólares?

Muchos juicios de Nuremberg habrá que hacer a los protagonistas de un Poder Judicial envilecido, y de un Ejecutivo corrupto y represor que legitiman el disenso político como un delito, y guardan silencio ante las constantes violaciones de los derechos humanos y protuberantes culpas oficiales. Lo dijo claramente Lilian Tintori a su salida del tribunal: “Con la condena injusta de Leopoldo queda ratificado que vivimos en dictadura”. Las reacciones críticas de la UE, la IS, Amnistía Internacional y otros muchos, así lo ratifican.