• Caracas (Venezuela)

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Gustavo Roosen

Sin futuro

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La sociedad venezolana enfrenta la agudización de un drama social: el alto porcentaje de adolescentes embarazadas. Según Jorge González, auxiliar del Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas) para Venezuela, nuestro país ocupa el nada tranquilizante primer lugar en América Latina en el renglón de embarazo adolescente. Se apoya en el reciente informe del Unfpa según el cual en el último año cerca de 8.000 niños nacieron en Venezuela de madres que no llegan a los 15 años de edad.

El fenómeno no es nuevo, pero no ha hecho sino acentuarse. Hay al menos dos enfoques para acercarse a la comprensión de su gravedad: uno personal y otro social. En el primero alarman las informaciones relativas a porcentajes de embarazo no deseado, riesgos a la salud y a la vida de la madre, calidad de atención al recién nacido. Pensando en ellas se impone hablar de frustración, depresión, dificultad para conseguir empleo, sentimiento de culpa, en muchos casos rechazo social o familiar y debilitamiento de la autoestima. Niñas antes de los 15, futuras abuelas a los 30, cae sobre ellas el peso de una vida truncada, con pérdida de oportunidades, negación de porvenir, asunción de responsabilidades más allá de su preparación. En la gran mayoría de los casos el embarazo precoz frustra proyectos de vida y condena a las jóvenes madres y a sus hijos a situaciones de dificultad y pobreza.

Desde una perspectiva social, el fenómeno expresa una alarmante condición de pérdida de valores, debilitamiento de la institución familiar e ineficacia del sistema educativo, pero muy especialmente la perpetuación de los círculos de pobreza y exclusión. Para la sociedad representa, además, la pérdida de capacidad productiva, especialmente grave en un país como el nuestro en el que comienza a reducirse el porcentaje de población productiva.

No es ocioso preguntarse por las causas: en primer orden la debilidad del tejido social, la pobreza, la pérdida de valores, la repetición de un patrón de conducta alimentado por la necesidad o la irresponsabilidad, la negación en la práctica del acceso a la educación. En otro orden, la falta de información adecuada sobre la sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos, el rechazo o descuido de los adolescentes respecto de ellos, la falta de orientación.

El problema exige una toma de conciencia de la sociedad, especialmente de las élites, y el acuerdo en torno a una política que involucre al gobierno, a la familia, a la escuela, a la sociedad. Lo primero es, desde luego, atender los desafíos de la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación, la falta de acceso a la educación y a los servicios. Se trata de hacer efectivos los derechos de las niñas y adolescente consagrados en la Constitución (“a la educación, a la salud y a vivir sin violencia”) y en la Lopna (“prevención del embarazo adolescente y el derecho de ser informados y educados en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos”).

Y se trata, otra vez, de la educación, por lo que significa de formación para la vida y el trabajo, de crecimiento de la autoestima y apertura de horizontes y oportunidades, pero también por la relación directa entre escolaridad y maternidad adolescente. Las estadísticas demuestran que las niñas que permanecen en la escuela son menos proclives a quedar embarazadas. Mientras 80% de las adolescentes sin hijos asiste a la escuela, solo lo hace 25% de las adolescentes madres. Según un estudio de Naciones Unidas la proporción de madres entre las adolescentes con menor nivel educativo triplica a la de quienes completan el bachillerato. El compromiso, en consecuencia, debería ser: más aulas, más y mejores profesores, más presencia de la comunidad educativa. No más compasión ni más condena, sino más comprensión global del problema, y más acción. Hacerlo contribuiría a prevenir un grave daño para el futuro de tantas niñas-madre y sus hijos, y para Venezuela.