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Tulio Hernández

Los frenos no se van

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No habíamos terminado de recuperarnos de la conmoción nacional provocada por el asesinato de la actriz Mónica Spear y su pareja, cuando otra noticia estridente activó de nuevo el pesar de pertenecer a un país donde la tragedia colectiva se ha convertido en asunto de rutina: la muerte de cinco niños y un adulto calcinados dentro de una camioneta de transporte escolar, que chocó y se incendió luego de perder los frenos.

El suceso ocurrido el pasado martes en Valencia y ocupó las primeras planas de la prensa nacional. Algunos diarios titularon: “Se le fueron los frenos”. Una frase del habla popular que libera de culpas, tiende a atribuir el suceso a la mala suerte o a la casualidad, y algunos la usan para designar a alguien que se pasó de los límites. Qué se va a hacer, se le fueron los frenos.

Pero en lo automóviles los frenos no se van. Por lo menos no así como migran los sueños o se fugan los nombres de la memoria. Los frenos se dañan. Porque, salvo por una circunstancia estadísticamente poco probable, un vehículo se queda sin frenos básicamente por razones de mantenimiento. En consecuencia, detrás de la mayoría casi absoluta de estos accidentes hay siempre una responsabilidad.

Es lo que, horas antes de sentarme a escribir, me explica con detallada precisión e interés el ingeniero Víctor Peña, profesor de la Universidad de los Andes y presidente de EVYC, una asociación civil merideña dedicada a la educación vial. Los frenos no se van y por eso, hay que decirlo, detrás del accidente que enluta a varias familias y a todo el país, hay una cadena de responsabilidades.

La responsabilidad del dueño del vehículo o de la empresa que presta el servicio en caso de que así fuera. La responsabilidad del Instituto Nacional de Transporte Terrestre que autoriza a los privados a prestar el servicio escolar, y tiene el deber de supervisar periódicamente el estado de los vehículos. La responsabilidad, incluso, de la comunidad escolar, maestros, padres y representantes, que debe estar vigilante de con quiénes y cómo se trasporta a los escolares.

Ese es el trasfondo político del suceso. El Estado, debemos recordarlo una y otra vez, tiene la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida. Toda muerte trágica que esté asociada a una omisión del cumplimiento de sus deberes es, directa o indirectamente, su responsabilidad y del gobierno que lo administra.

Por supuesto que los ciudadanos tenemos responsabilidades. El conductor que no respeta el semáforo, y pone en riesgo su vida y la de los demás, comete un delito muy grave. Pero si el Estado, ergo el gobierno, nunca le castiga ni le ofrece educación vial reiterada, entonces el hecho se torna cultura de la impunidad y la responsabilidad plena pasa a ser, por omisión, del gobierno y del Estado.

Entre los desafortunados primeros lugares que Venezuela ha ido conquistando en estos tiempos destaca el de poseer la tasa de mortalidad por accidentes viales más alta de toda América, otro récord infeliz: 28 muertes por cada 100.000 habitantes. La primera causa de mortalidad entre los 15 y los 44 años.

El accidente de Valencia no es un hecho aislado. Es parte de una epidemia. Un asunto de salud pública. Sólo entre los motorizados, el nuevo gran problema de movilidad en el país, ocurren cada día 4 muertes. La otra cara de la violencia y la inseguridad que nos asfixia. También el rostro de la pobreza y la precariedad que nos agobia. En la crónica de El Universal del día 16 de enero (p. 3-9) se subraya la “falla de frenos de la desvencijada camioneta”.

Por eso hay que politizar el problema. Convertirlo en objeto de protesta social, debate, consulta y acción nacional. No para quitarles votos a los gobernantes, sino para salvar vidas exigiéndoles que cumplan con sus responsabilidades. Los frenos no se van. Pero la vida sí. Y es irrecuperable.

Sentido pésame a estas familias que han ingresado en las estadísticas sangrientas que hace a Venezuela cada vez más horda y menos país.