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Aurelio Useche

La fiscal y María Corina

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Cuando se lee en las noticias los fundamentos de la acusación a María Corina Machado, formulada por la fiscal general de la república, no queda más que el asombro ante tal atrevimiento. Se imputa a María Corina por conspirar para destruir la forma política republicana que se le ha dado a la nación. Imaginamos que la fiscal acusa a María Corina por sus actuaciones públicas para destruir el funcionamiento de las instituciones básicas que forman el poder público. Es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero, además, en nuestro caso, el Poder Moral, compuesto por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Y agregaríamos en este orden de autoridades estatales, al Banco Central de Venezuela, institución a la cual se dota de un poder especial y único, en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, debido a su naturaleza de ser autoridad monetaria y no depender el Ejecutivo nacional.

Ciertamente, María Corina Machado ha reiterado muchas veces que el presidente Maduro debe renunciar a su cargo por su evidente incapacidad para gobernar a Venezuela. Pero esta posición de María Corina tiene su asiento en el malestar general que la población siente todos los días, manifestado de manera continua y persistente desde hace varios años atrás, cuando todavía, incluso, gobernaba Hugo Chávez. Y es que ese malestar está ocasionado por la escasez aguda, la inflación a niveles nunca vistos en Venezuela, la corrupción generalizada que se observa tanto en el alto gobierno (véase Jaua, Ramírez, Antonini y Carvajal, entre otros), sino también en los estratos medios y bajos de la administración pública. Son innumerables las colas de gente en los mercados para comprar bienes esenciales, cuya escasez cada vez alarma y cada vez crea incertidumbre.

Pero es que también la población sufre la inseguridad personal en todas sus fases, robos, atracos, secuestros, asesinatos, crímenes de la más alta crueldad y, consecuencialmente, por todo ello se reclama por un sistema judicial y legal que garantice la seguridad personal y los bienes de propiedad privada. La gente clama por la justicia, ante la permanente situación de agresividad e irritabilidad que se vive, por la ausencia de una política de seguridad jurídica que no existe.

Pero, ¿cuáles son las causas de la alta inflación, la escasez, el desempleo y la inseguridad? ¿Son las palabras y declaraciones que emite María Corina Machado las que han provocado el surgimiento de estos deplorables fenómenos? No, indudablemente que no. Más bien sus reclamos y sus planteamientos están destinados a denunciar  la gestión del gobierno como perversamente deficiente, demostrando que sus políticas son equivocadas. Y veamos en profundidad algunas de las denuncias. María Corina muchas veces se ha referido a la inadecuada utilización del Banco Central de Venezuela para financiar el déficit fiscal. Y es que el Ejecutivo nacional, rompiendo o, mejor dicho, destruyendo el entramado de la república, ha colocado el Banco Central al servicio de sus parciales intereses, sin tomar en cuenta que, en efecto, al Banco Central de Venezuela le está prohibido, textualmente, de acuerdo con su ley:

1.                 Acordar la convalidación o financiamiento monetario de políticas fiscales deficitarias.

2.                 Otorgar créditos directos al gobierno nacional, así como garantizar las obligaciones de la república, estados, municipios, institutos autónomos, empresas del Estado o cualquier otro ente de carácter público o mixto.

En atención al objeto fundamental del Banco Central de Venezuela, reconocido por el constituyente, para lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria, es por lo que se le confieren funciones espacialísimas, como lo son formular y ejecutar la política monetaria; participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria; regular la moneda, el crédito y las tasas de interés; administrar las reservas y contribuir en la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos de la nación.

No obstante y en contrario imperio, vemos cómo el BCV, contraviniendo sus funciones principales, le ha facilitado créditos a Pdvsa y otras empresas del Estado, para convalidar el financiamiento monetario del déficit fiscal. Eso es destrucción de la república. Y ¿por qué? Simplemente porque los efectos de estas operaciones ilegales se traducen en inflación y, como existe una equivocada acción gubernamental destinada al control de precios de los bienes de consumo, por demás inconveniente, se propugna la escasez. Y se perjudica a la población. Y, en consecuencia, a la república, a sus instituciones y, por ende, a la nación.

Observamos, con angustia, cómo estas responsabilidades indelegables del BCV,  por lo contrario, son ignoradas, son violadas. Las reservas internacionales, están agotadas. La inflación apunta hacia unos niveles superiores al 100% anual y, por todo ello, lo que existe es inestabilidad.

El 4 de febrero de 1992, cuando el golpe de Estado intentado por Hugo Chávez, se generó en el Congreso de la república un intenso debate. Y allí, Rafael Caldera, en su condición de senador vitalicio, expresé textualmente:

“Yo quisiera decirle al señor presidente de la república que de él, principalmente, aunque de todos también, depende la responsabilidad de afrontar las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia; cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo la institucionalidad... Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones”.

Por estas palabras, al presidente Caldera se le acusó, en esa oportunidad, de haber, de alguna manera, justificado el golpe de Estado de Chávez; pero, en honor a la verdad, su intención fue la de hacer una advertencia a todos, ante el malestar de la población, ante los venezolanos de entonces. Desde luego, venezolanos que vivían una situación incomparable con lo que vivimos en la actualidad.

La fiscal de la república es un funcionario de Estado, sus responsabilidades son de esa naturaleza, se debe al Estado. Sus simpatías políticas y partidistas no pueden estar por encima de su condición de fiscal y debe propiciar, con sus actuaciones, que la república no se destruya por la mala y equivocada gestión del gobierno, en perjuicio de los habitantes, de los venezolanos. Por eso se nos ocurre invitarla a que lea las palabras de Rafael Caldera en ese entonces, en la cual un venezolano de excepción mostraba su preocupación por una Venezuela con graves problemas para ese entonces. Pero ahora, esos problemas a los que se refirió el presidente Caldera son mucho más graves y profundos.

María Corina es una voz de las nuevas generaciones; una ciudadana que solicita la renuncia del presidente Nicolás Maduro, por cuanto se niega a rectificar en sus políticas todo lo que es necesario para un cambio en la orientación de la gestión pública. Y son tantos los males que, insiste María Corina, se hace necesario convocar al país para que se manifieste por una rectificación profunda.

La inflación, escasez e inseguridad no se van a resolver enjuiciando a María Corina Machado. La fiscal debe, ante su alta investidura de Estado, solicitar al presidente Maduro una rectificación. Y si no lo hace, entonces que renuncie. María Corina tiene razón.