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EL COMERCIO. PERÚ. /GDA.

El fallo Fujimori

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El fallo que el Jurado Electoral Especial dio decidiendo no excluir la candidatura de Keiko Fujimori del proceso electoral está dentro de lo jurídicamente válido, pero deja espacio para la percepción de que ella podría haber recibido un trato diferente del que en su momento se dio a César Acuña, el otro candidato presidencial al que se le ha aplicado la norma bajo la que se juzgó a Fujimori.

Es decir, se presta para las dudas sobre si el ente electoral de primera instancia no dejó pasar una conducta que en el fondo era la misma que la realizada por Acuña. El fallo es jurídicamente válido porque los hechos en los que fue filmada la señora Fujimori, siendo semejantes, no son los mismos que en el caso de César Acuña.

No está probado fehacientemente que ella entregase dádivas “de manera directa o a través de terceros” porque no está probado que el dinero proviniese de ella o de su partido, ni que ella lo entregase o lo mandase a entregar. Es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico que no puede sancionarse al acusado cuando hay duda sobre si incurrió en todos los extremos de la conducta tipificada.

Esto no quita que el fallo dé pie para la percepción de trato diferente. Si bien la señora Fujimori puede no haber incurrido en todos los extremos que la ley exige para la sanción, sí que se paró al bordecito de ello. Pero decir que se está ejecutando un “fraude electoral” hay un mundo de irresponsabilidad. Algo de esa magnitud no se puede afirmar sin pruebas.

Fue el JNE, por su parte, el que publicó en octubre del año pasado un reglamento que permite que se pueda excluir candidatos hasta 10 días antes de la elección (de hecho, aún no sabemos lo que dirá el JNE como última instancia en el caso Fujimori). Con lo que los peruanos acabamos protagonizando esta situación sui géneris en la que a pocos días de elegir no sabemos entre qué candidatos podremos hacerl