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Nicolás Bianco

De estudiante a preso político

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El miércoles 21, durante la sesión del Consejo Universitario de la UCV, la asesora jurídica de nuestra universidad, la abogada Mervin Ortega Díaz, detalló con precisión el tortuoso y vil proceso que bajo el protocolo delictivo de la dictadura que impera en Venezuela conduce a un estudiante universitario a la condición de preso político. El rostro de la asesora Ortega Díaz reflejaba fatiga, intenso dolor e indignación.

Enfrentaba, como lo había hecho su antecesor, el jurista y profesor Raúl Arrieta, desde el 12 de febrero, una macabra estructura policial, militar, paramilitar, judicial y de negocios ilícitos, cuyas instrucciones superiores son el doblegar y acabar con la valerosa resistencia de los estudiantes universitarios de sólidos principios democráticos, que luchan sin pausa por revertir el profundo conflicto social, económico y político que viven millones de conciudadanos.

En su espíritu y su formación, Mervin ha de ser garante de la vida, la libertad, la presunción de inocencia, el debido proceso y por supuesto de los derechos humanos y constitucionales previstos en la carta magna, el Código Penal y Código el Orgánico Procesal Penal, entre otras leyes y reglamentos así como de los derechos universales del hombre y su cumplimiento sistemático.

Violando el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la dictadura, sus fiscales y jueces han obviado el derecho de la presentación individual, y en el contexto de un Palacio de Justicia impregnado de mala fe, han sido agrupados de acuerdo con presuntos delitos, preclasificados por el Ministerio Público.

Como si fueran delincuentes comunes o de alto riesgo, han sido detenidos, lesionados física y moralmente, torturados, reseñados y sometidos en muchos casos a las deplorables condiciones de las cárceles que operan el oficialismo militar y cívico y los connotados pranes.

Son trasladados a las presentaciones ante el juez o jueza a cualquier hora. Los opresores actúan en las madrugadas y en la penumbra, mientras las familias sufren una angustia extrema. La matriz de opinión del régimen está dirigida a criminalizar la protesta pacífica y hacer ver al estudiantado universitario como conspiradores y terroristas de oficio, sin prueba alguna de la posible comisión de un delito. Los supuestos delitos (tenencia de explosivos, uso de menores para delinquir, agavillamiento) son aplicados a la mayoría, por el o la fiscal, indistintamente, y con una trágica cadencia, en ausencia del derecho a la defensa y del debido proceso.

Más recientemente se han añadido al lapso previo a la sentencia el retardo procesal intencional (casos de fianzas y de la caución económica).

Al momento de escribir estas notas y exaltar la reciedumbre de las familias, del conjunto de abogados, de las autoridades y los docentes y sobre todo de los compañeros estudiantes, el inventario, variable de hora en hora, indica que la dictadura mantiene 162 nuevos presos políticos y más de 1.000 con libertad bajo el régimen de presentación. La reseña a tan corta edad y la pérdida de la escolaridad académica son perjuicios adicionales de suma gravedad impuestas por el despotismo.

Como autoridades rectorales seguiremos respaldando la lucha conjunta de estudiantes y profesores que exigen la libertad inmediata de todo preso político, a la par de una comisión de la verdad que establezca los culpables de esta conjura. Un abrazo fraterno a nuestros estudiantes universitarios que hoy son presos políticos. Pronto serán libres.

@nbiancoucv