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Jorge Castañeda

Una encuesta que debiera conocer Peña

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En un inteligente y perspicaz artículo publicado en Open Democracy, la itamita Natalia Saltalamaquia demuestra cómo “después de tres décadas de socialización, los mexicanos ven los derechos humanos como propios”. Se basa en el trabajo del Proyecto Organizaciones de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y el CIDE. Conviene reproducir algunas de las principales conclusiones de la encuesta en la que se basó el estudio, y del ensayo de Saltalamaquia.

Los encuestadores preguntaron con qué frecuencia el público mexicano está expuesto al concepto “derechos humanos”. Aproximadamente 90% de las élites y casi 40% del público en México ha escuchado el término, ya sea “frecuentemente” o “todos los días”. ¿Qué tanto confían los mexicanos en las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos (entre otras instituciones)? Existe una confianza comparativamente alta: entre las élites fue de 70%, y casi 60% entre los ciudadanos de a pie. El estudio también muestra que líderes en México y el público en general no solo asocian las palabras “derechos humanos” con cuestiones positivas, sino que además poseen una comprensión apropiada del contenido sustantivo de dicho concepto. Cerca de 80% del público asocia el término “derechos humanos” a la protección de las personas frente a la tortura y el asesinato (i.e. derechos civiles); 71% con la promoción de la justicia económica y social (i.e. derechos económicos y sociales); y 65% con la promoción de elecciones libres y justas (i.e. derechos políticos). Finalmente, el documento muestra que el público concibe los derechos humanos como un concepto legítimamente “mexicano”, y no como una imposición extranjera. La encuesta preguntó si se asocian las palabras “derechos humanos” con “promover los intereses de Estados Unidos” o con “ideas y valores extranjeros” y los resultados muestran que ni las élites ni los ciudadanos de a pie aceptan este argumento. Solo 7% de las élites y 25% del público relacionaron los derechos humanos con “intereses de Estados Unidos”, mientras que 11% y 28%, respectivamente, identificó los “derechos humanos” como una idea extranjera.

La autora subraya la magnitud del cambio correspondiente en México: hace muy pocos años, los gobiernos federales, el PRI y la izquierda sostenían que la mirada o fiscalización externa en materia de derechos humanos (incluyendo la observación electoral) constituía una injerencia extranjera inadmisible en asuntos internos; lo siguen pensando a propósito de Cuba y Venezuela. Hoy, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos gozan de la confianza de la sociedad mexicana.

El gobierno de Peña Nieto haría bien en estudiar con detalle la encuesta, incluyendo los “cross-tabs”. Su idea de separar el respeto por los derechos humanos en México de la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional solo debilitó la posición de su propio régimen afuera, sin conquistarle simpatía alguna con gobiernos orgullosamente violadores de derechos fundamentales. Hubiera sido útil que Enrique Peña Nieto se reuniera con los directivos de Human Rights Watch en Washington (soy miembro de la Junta de Gobierno), o de Amnistía Internacional, cuando viaje a Londres. Más útil que ir de nuevo a Davos, quizás.