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Plinio Apuleyo Mendoza

Y empezaron las travesuras

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Atroz, desde luego, es nuestra justicia. No hay vuelta que darle. Es atroz. Hombres dignos e inocentes terminan tras las rejas por obra de torcidos procesos y de falsos testigos, mientras que ladrones de celulares, cuchillo en mano, no duran más de veinticuatro horas detenidos. Al parecer, los menores tienen patente de corso para cometer toda clase de delitos.

Pero, además de atroz, nuestra justicia es la más enrevesada del mundo. Códigos, parágrafos e incisos se prestan para toda clase de interpretaciones. Al final, todo termina en un galimatías.

Recordemos el caso de los seis jóvenes cubanos que, huyendo de la dictadura castrista, intentaron llegar al Ecuador como turistas. Ante la sospecha de que iban a pedir asilo, fueron rechazados por las autoridades ecuatorianas, sin duda obedeciendo órdenes del presidente Rafael Correa, buen amigo de Castro. Enviados a Colombia, esperaban recibir en este país asilo o refugio, pero se encontraron con que tal recurso no podía aplicarse a su favor por encontrarse en una zona de tránsito. Jurídicamente les hicieron saber nuestras autoridades migratorias que no habían ingresado al territorio nacional y que, por lo tanto, debían regresar al país de embarque. En Cuba podían ser detenidos como enemigos de la revolución, porque huir de la penuria es allí un delito.

Desde luego, existe en Colombia una vieja y respetada tradición de dar asilo a quienes lo requieren. Esperemos que esa tradición obre ahora. El que conozca la realidad cubana sabe de sobra que quien obtiene un pasaporte sueña siempre con abandonar la isla. Eduardo Roldán, uno de los seis cubanos recluidos durante más de ocho días en el aeropuerto El Dorado, confesó a un reportero de El Tiempo que huía de una situación muy estrecha, pues solo ganaba once dólares al mes para vivir con dos hijas.

Para salvarlos de una deportación, tuvo que intervenir a favor de los desesperados cubanos la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur). Gracias a esta mediación, el grupo pudo obtener salvoconductos, un refugio más humano que la fría sala de El Dorado y la posibilidad de tramitar su solicitud de asilo.

Pero las artimañas no cesan. Nos salpican todos los días. Ahora corren por cuenta del Consejo Electoral, que ha resuelto, una vez más, vetar el logotipo del Uribismo Centro Democrático. Según ella, no debe tener huella alguna de Uribe. ¿Cuál es la razón? Una realmente clandestina: impedir a toda costa que prosperen la lista al Senado encabezada por el propio Uribe y las listas a la Cámara que sean de su movimiento. Se trata de no afectar a los partidarios de la coalición de gobierno conocida como Mesa de Unidad Nacional. Son ellos los que tienen en su mano al Consejo Nacional Electoral. Las trabas se han convertido, pues, en una peligrosa arma política.

A tiempo que esto ocurre con Uribe y sus amigos, muchos de los cuales son objeto de constantes acosos judiciales para ser señalados sin fundamento alguno como cercanos a los “paras”, toda traba legal desaparece al instante cuando se trata de permitir que un camarada de las FARC, con guitarra y crímenes al hombro, pueda viajar tranquilamente a La Habana para sentarse al lado de “Iván Márquez”.

Tal como vemos, nuestra justicia se mueve en función de sus caprichos y preferencias políticas. Ahora, el magistrado José María Armenta se permite una última travesura: la de considerar que, contrariamente a lo que dice la Constitución, ningún alcalde elegido popularmente puede ser sancionado por el procurador. ¿Acaso es la primera vez que sucede? ¿O es que lo ocurrido con muchos otros alcaldes y gobernadores por decisión de la Procuraduría no puede aplicarse a Petro? ¿Cuándo, entonces, para alivio de Bogotá, lo veremos sacando sus maletas del Palacio Liévano?